La Universidad de la República (Udelar) se apresta a aprobar un nuevo reglamento para denunciar e investigar casos de violencia, discriminación y acoso moral o sexual en el ámbito universitario. La ordenanza supone “un diseño institucional más sólido, potente, garantista y expeditivo”, dijo a Búsqueda el rector, Rodrigo Arim, para quien este tema fue un compromiso de campaña electoral.
Arim aseguró que existe “voluntad expresa” de aprobar la norma en la última sesión del año del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, el martes 22. Pese a que en la sesión del martes 8 los funcionarios no docentes de la Udelar pidieron postergar su votación “por no haber sido debidamente consultados”, el órgano rector universitario es favorable a aprobar el proyecto, lo que requiere de una mayoría simple de los casi 30 representantes de los servicios en el CDC.
Se trata de “cambiar la cultura institucional para atender un problema también referido al género, para decir ‘basta’ a ciertas situaciones que afectan particularmente a las mujeres en la universidad y en toda la sociedad”, explicó el consejero docente Gregory Randall en la última sesión, al fundamentar su voto favorable a la nueva ordenanza sobre acoso.
La consejera por el orden de egresados Ana Laura Mello señaló que cuando tiempo atrás surgió “el revuelo” de denuncias de acoso en redes sociales, “todavía no existían planteos claros para resolver estas situaciones” en la comunidad universitaria y consideró que esta medida “ordena mucho, le da al tema mayor importancia y dota de espacios formales para canalizar esas denuncias con más garantía para todos”. Mariana Caffa, consejera estudiantil (FEUU), respaldó estas posiciones.
Los primeros avances para regular este asunto institucionalmente datan de 2012, a impulso de la agremiación de funcionarios no docentes (Affur), y un año después se creó la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD). Esta comisión presentó en 2019 un informe ante el CDC sobre las dificultades que enfrentaba para tratar las denuncias ante la carencia de un equipo técnico, y la falta de recursos y de un espacio físico para tramitar las situaciones de forma adecuada.
La comisión para la prevención del acoso recibió 50 denuncias en 2019 y resolvió el 80% de los casos. Ese año se creó un nuevo espacio de recepción de denuncias a través de un equipo técnico central y se encomendó al rector en consulta con la CPPAD la revisión del protocolo vigente y una nueva propuesta de diseño institucional.
Su aprobación estaba prevista para el primer semestre de este año, pero se dilató debido a la pandemia de Covid-19 y al proceso de discusión interno, que, según contó el rector, llevó más de un año y medio de trabajo entre los colectivos universitarios antes de llegar al CDC.
Otro paso adicional que ya está proyectado, agregó Arim, es el de plasmar un código de ética universitario, también truncado por el Covid-19.
Cuando el año pasado un grupo de matemáticas denunció prácticas inadecuadas de parte de docentes con estudiantes y afirmó que esos comportamientos son “naturalizados” por el ambiente académico (Búsqueda Nº 2.035), Arim se refirió a la necesidad de elaborar un código de ética que oriente los vínculos entre estudiantes y docentes.
“Es claro que la universidad tiene que regular las características de los vínculos entre los diferentes actores”, dijo entonces a Búsqueda. “No tiene que ser un marco rígido sino una referencia clara entre lo que es aceptable y lo que no, que explicite qué comportamientos son esperables de parte de los diferentes actores”, añadió.
Rodrigo Arim. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
Más garantista y expeditivo
La nueva ordenanza sumará el esfuerzo de una comisión política de acoso al de una unidad central que funcionará con independencia técnica y de forma multidisciplinaria, con cargos rentados, apuntando a un sistema “más garantista” y con “plazos más expeditivos”, explicó Arim a Búsqueda.
El equipo técnico sobre violencia, acoso y discriminación operará como una dependencia del Prorrectorado de Gestión, designado por el CDC, y atenderá las consultas y la recepción, tramitación y seguimiento de denuncias, según se establece en el documento a aprobar, al que accedió Búsqueda.
Arim aseguró que la nueva ordenanza de acoso apunta a un proceso que ofrece “más garantías a todas las partes”, basado en criterios de confidencialidad y reserva, imparcialidad y buena fe, y sustentado en la valoración de pruebas. “Sobre todo busca facilitar un mecanismo más cercano con el denunciante; atender el daño y no solo mirar el castigo, evitar la revictimización, para que la persona se anime a denunciar y no tenga que repetir el relato innecesariamente en distintos ámbitos institucionales”, afirmó.
El texto establece que la persona que se crea afectada por una situación de acoso podrá consultar a la unidad central o dirigirse al equipo técnico o a un referente del servicio que agendará una entrevista dentro del plazo de cinco días hábiles.
La consulta debe tratarse con garantía de reserva y en caso de que se valore que existe un conflicto podrá resolverse por medios alternativos como la mediación. Las situaciones deberán presentarse por escrito, con firma del denunciante.
El equipo técnico del servicio dispondrá de un plazo de 72 horas para evaluar la situación y eventualmente elevar la denuncia a la unidad central, que en tal caso se comunicará con el denunciante dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la denuncia para coordinar una entrevista en un plazo máximo de cinco días.
Si en esa primera valoración se entiende que hay presunción de una falta administrativa, se deberá comunicar a las autoridades del servicio para disponer el procedimiento, sin perjuicio de continuar con el trámite de la denuncia.
Denunciante y denunciado podrán contar con asistencia letrada, y el primero también podrá ser acompañado por alguien de su confianza si lo requiere, y dispondrá de medidas de protección durante todo el proceso, así como los testigos, para prevenir represalias.
El plazo de tratamiento de la denuncia en una primera instancia no podrá superar los 30 días hábiles, desde el día siguiente a la presentación de la denuncia. Y en caso de que la investigación no haya concluido, esta podrá prorrogarse por igual lapso.
Finalizada la actuación, la unidad deberá presentar un informe fundado con sus conclusiones y recomendaciones, que podrá incluir un procedimiento disciplinario, notificando a las partes y al responsable del servicio.
Los procedimientos regulados por esta nueva ordenanza no limitan la facultad de las propias autoridades universitarias de disponer investigaciones y sumarios administrativos, entre otras medidas que estime oportunas, cualquiera sea la vía adoptada por la persona denunciante y con independencia del trámite de una denuncia procesada por esta norma.
“En Uruguay todavía falta mucha masa crítica en estos temas, no solo en la Universidad, sino en toda la sociedad. Pero esta institución tiene que ser flexible, ágil y dar respuestas en tiempo y forma, con un equipo técnico equilibrado que posea una mirada jurídica, psicológica y con formación profesional en género para que no sea aceptable este tipo de conductas”, dijo Arim.
