El 30 de julio de 2021, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, encabezó un acto para clausurar oficialmente la Unidad Nº 25 del sistema penitenciario, ubicada en la sede de la Jefatura de Policía de Flores. La decisión se tomó tras entender que la prisión no tenía requisitos mínimos para recuperar a los internos. “No podemos permitir que una persona permanezca todo el día en las instalaciones sin hacer nada. Ahí no rehabilitamos a nadie”, argumentó ese día el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.
Apenas meses después, el nombre Unidad Nº 25 se colocó a una nueva cárcel, técnicamente a un módulo dentro de una cárcel, la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez (ex-Comcar). Inhabitado por años, ese lugar se eligió como destino de reemplazo para la prisión de máxima seguridad, una promesa de campaña del gobierno para albergar a los presos más peligrosos del sistema.
Debido a limitaciones presupuestarias, la millonaria construcción de una prisión modelo quedó de lado y como opción secundaria lentamente comenzó a poblarse el módulo 12 de Santiago Vázquez, un lugar pensado para ser distinto al resto del sistema, más parecido a la vieja cárcel de Flores: sin comunicación entre presos y sin actividades educativas, laborales ni deportivas. Uno de los reclusos del sitio, Edwin Parentini, no aguantó la situación y en dos cartas responsabilizó a Heber y a Mendoza del aislamiento y la falta de derechos y les advirtió del peligro al que están expuestos en la vía pública.
Ante el fiscal letrado de Montevideo de la Fiscalía Penal de Flagrancia de 9° turno, Fernando Romano, Parentini declaró que un guardia que ingresó a su celda le requisó las cartas y que él nunca se las entregó porque su intención era mantenerlas en privado, por lo que Romano ahora investiga si efectivamente su conducta constituyó un delito de amenaza. En su declaración el martes 13, Parentini —imputado como autor intelectual de un asesinato y coautor de un delito de lesiones graves agravadas— dijo que su tiempo en la Unidad Nº 25 lo transformó “en alguien más violento, más lleno de odio y rencor”.
Luis Alberto Heber. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
Ente autónomo
Cuando asumió en marzo de 2020, la idea del gobierno de Luis Lacalle Pou era erigir desde cero una unidad de máxima seguridad para recluir a los prisioneros más conflictivos del país. Fue una de las propuestas principales del Plan de Dignidad Carcelaria presentado en el comienzo del mandato por el Ministerio del Interior; también se incluyó en la Ley de Presupuesto. Autoridades del INR incluso viajaron a Brasil para conocer dos penitenciarías de seguridad máxima ubicadas en el estado de Espirito Santo y reunirse con Visia, una empresa especializada en construcción modular con sede en Río Grande del Sur. Se preveía una inversión cercana a los US$ 20 millones.
El objetivo era controlar reclusos que tuvieran influencia en el equilibrio interno de las cárceles y especialmente en operaciones delictivas afuera. Desde el Penal de Libertad, por ejemplo, Parentini coordinó en 2016 los desmanes en el Estadio Centenario que concluyeron con un clásico suspendido, ordenó en 2020 el homicidio de un hincha de Nacional y en 2021 el ataque a balazos a un hincha del Flamengo. Desde la misma cárcel difundió este año un audio que amenazaba a hinchas de Nacional.
La falta de dinero obligó al Ministerio del Interior a cambiar de dirección respecto a su plan inicial para una nueva cárcel y la mirada se enfocó en el módulo 12 del ex-Comcar. El sector había sido abierto en 2016 para continuar un régimen de mayor aislamiento instalado el año anterior en Cárcel Central para controlar a privados de libertad relacionados con delitos de secuestro. A mediados de 2018 el módulo fue el centro de un motín que reclamaba mejores condiciones de reclusión y que quedó reflejado mediáticamente con fotos de los presos sonrientes mientras apuntaban con escopetas a tres policías tomados de rehenes. El episodio dejó el lugar destruido. Sin utilizarse desde entonces, el INR lo comenzó a remodelar para a mediados de 2021 derivar a internos pesados bajo la dirección de un capitán de Policía con dependencia directa de Mendoza y no del director de Santiago Vázquez.
“Tiene un régimen diferente al resto del complejo, un director propio y personal propio; es como una especie de ente autónomo. Ahí podemos cumplir con un compromiso de instancias electorales”, señaló Heber en noviembre en el Parlamento. “Se deben ubicar ahí a jefes de bandas, narcos de relevancia como el Ricardito, el Pablo…”, había dicho tiempo antes el ministro a Búsqueda.
Formalmente, los perfiles de internos para el módulo 12 los decide la Junta Nacional de Traslados —compuesta por un representante de la dirección del INR y personal técnico y operativo— a partir de evaluaciones psicosociales y de seguridad. La última palabra para definir qué presos son trasladados allí es de Mendoza.
En su informe anual presentado en abril, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, aseguró que “no existe una pauta explícita que guíe los perfiles o las situaciones o contextos que calificarían como posibles ingresos o egresos del módulo”.
Con capacidad para 48 personas, hoy cumplen su pena allí 13 individuos, todos hombres con un promedio de edad de entre 30 y 40 años. Casi todos son uruguayos —salvo un brasileño que aguarda ser extraditado por un asesinato—, reincidentes y su catálogo judicial acumula delitos de homicidio, rapiña, narcotráfico, contrabando de armas, hurto, estafa, instigación a delinquir y difusión de material pornográfico de menores.
Parentini no fue el primer prisionero en inaugurar la cárcel de máxima seguridad, pero sí el más conocido. Además de él, otro de los reclusos de alto perfil es Ricardo Damián Cáceres Correa, Ricardito, medio hermano de Luis Betito Suárez y procesado por actividades de narcotráfico, extorsión, violencia privada y lesiones personales. Cáceres Correa monitorea desde la prisión el control de varias bocas de venta de droga en el Cerro de Montevideo. No es la única razón para que se decidiera enviarlo a máxima seguridad: en 2019 mantuvo cuatro meses en jaque a toda la Policía Nacional luego de fugarse del Penal de Libertad.
Juan Miguel Petit en el Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Diarios, revistas, radio y televisión
El martes 13 Petit realizó una recorrida por el módulo 12 para entrevistar a todos los privados de libertad y verificar sus condiciones de reclusión. “Es un recorrido que hemos hecho antes para verificar que el sector cumpla con las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre tratamiento de reclusos. La relación de los policías con los presos es correcta, las condiciones físicas y materiales del lugar también son correctas. Pero queremos asegurarnos que no se pase de la línea amarilla y la situación derive en aislamiento en solitario”, dijo Petit a Búsqueda.
En reiteradas ocasiones el comisionado parlamentario conversó con Heber, Mendoza y Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, sobre el riesgo del aislamiento en la integridad física y psicológica de los internos. En mayo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas llamó a Uruguay a “adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en las condiciones generales en los centros penitenciarios”, por ejemplo, al permitir el ejercicio físico y otras actividades al aire libre y ofrecer actividades de rehabilitación y psicosociales.
Para evitar que una persona esté en aislamiento solitario, las reglas de Naciones Unidas —conocidas como Mandela— obligan a un contacto humano mínimo para el prisionero de dos horas al día. También prohíben expresamente que el aislamiento se prolongue por más de 15 días. De acuerdo con el informe presentado por Petit en abril, el régimen de seguridad del módulo 12 consiste en el “encierro permanente en celdas individuales” durante 23 de las 24 horas del día, con un promedio de estadía de los internos en ese régimen de 51 días.
Los presos tienen una hora en solitario en un patio sin útiles, amoblamiento ni decoración y horarios coordinados para que no haya contacto con otros internos. Por el momento no existen actividades de educación, laborales ni de intervención social con técnicos del INR. Dos veces a la semana pueden hacer llamadas de hasta 30 minutos de duración desde una cabina telefónica y una vez a la semana reciben visitas en una sala aparte por un máximo de dos horas. El contacto es únicamente con policías, no con operadores sociales.
Los funcionarios policiales interactúan durante el día y deben usar pasamontañas para despersonalizar el trato y cámaras personales en sus uniformes para registrar las interacciones. Para determinar si Parentini efectivamente pidió a su guardia que entregue las cartas con las amenazas, el fiscal Romano solicitó justamente acceder a las grabaciones del momento que realizó el policía.
Las 48 celdas tienen el mismo diseño con un área de 9 metros cuadrados y ventanas rectangulares de 1,30 metros de alto y 0,30 metros de ancho. La iluminación artificial consiste en una lamparita a la entrada de la celda que permanece encendida las 24 horas y es inaccesible para los internos. A los privados de libertad se les permite tener libros, diarios y revistas, en ciertos casos radio y televisión. De todas maneras, al no haber siempre enchufes accesibles, los artículos eléctricos escasean. Los internos también pueden escribir y sus cartas son recibidas dos días a la semana.
En el caso de Parentini, el guardia de su celda accedió a los escritos el 9 de julio. Al día siguiente los elevó al director del módulo, quien declaró en Fiscalía que el 10 de julio informó a la dirección del INR. Sin embargo, Mendoza manifestó conocer las amenazas el 15 de agosto, cuando le informó a Heber, que a su vez denunció el hecho recién el lunes 5. La inexactitud en las fechas es investigada por Romano, así como parte del contenido de las cartas. Según publicó El País el viernes 9, Parentini cerró una de las misivas enviando “un saludo fraterno del M 12 y de los hermanos Aapo 3”. Fuentes policiales indicaron que se tratan de seudónimos para referirse al Primer Comando de la Capital (PCC), una poderosa organización criminal con origen en la ciudad brasileña de San Pablo y expandida a todo el mundo. Desde hace tiempo la Policía investiga qué tan arraigado está el PCC en el país; hasta ahora han concluido que únicamente miembros de baja escala han estado en prisiones uruguayas. Creen que Parentini no tiene vínculos con jerarquías de la organización.
Por lo pronto, Heber dijo que las condiciones de la cárcel de máxima seguridad se mantendrán pese a las quejas de sus internos. “Si buscaba por medio de la amenaza amedrentar, está equivocado. Lo que vamos a hacer es reforzar aún más nuestra presencia en la Unidad Nº 25 y aislar a los delincuentes peligrosos, cumpliendo con las reglas Mandela”, afirmó el sábado 10 en rueda de prensa. “Nosotros no vamos a ceder. Estamos haciendo algo que dijimos que íbamos a hacer: a la gente peligrosa la vamos a poner en lugares de máxima seguridad y aislada”.