A la entrada, sobre la calle Florencio Sánchez, hay un cartel que dice “Centro de Mantenimiento de Flota de la Intendencia de Canelones”. Para llegar al “taller de ayudas técnicas” para personas discapacitadas hay que cruzar un gran patio de camiones, tanques, grúas, guinches, cables, láminas metálicas, caños, escombros y hombres con sus cascos antiparras, ruidos de motores, chispas, estallidos, estruendos. Allá, al fondo, a las puertas de un galpón de 40 metros cuadrados, se asoma y sonríe Álvaro Hernández, afirmado en su silla de ruedas sobre el asfalto húmedo y resbaladizo, rodeado por un amasijo de fierros, que es parte de su materia prima. Sin contar los arreglos particulares, el taller ya reparó y construyó más de un centenar de sillas andadores, bastones, triciclos y hasta cochecitos de bebé.
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La mayoría de los trabajos de Hernández son gratuitos, porque “la discapacidad es cara, genera muchísimos gastos y hay familias tan humildes que ni siquiera tienen cómo venir. El vínculo que generás en la gente es impresionante, porque no es un trabajo en serie: vos conocés la necesidad de la persona y pasás a ser alguien importante en su vida”, cuenta el funcionario municipal, a quien le torció el destino un accidente de tránsito a los 27 años. Volvía a su casa de una fiesta de bodas por la Ruta 11, de Santa Lucía a Canelones, cuando se durmió al volante, chocó un árbol y quedó parapléjico. Tras 10 días en el CTI y un mes de internación, volvió “a la guerra del cemento”, sin piernas y con una vocación. “Yo me negué a quedar en el ostracismo entre cuatro paredes. Quería calle y sentirme útil”.
Aunque ha mejorado “un poco” el porcentaje de las vacantes para discapacitados, todavía se está “muy lejos” de cumplir con el artículo 49 de la Ley 18.651, aprobada en 2010, que establece la reserva de por lo menos el 4% del ingreso de personas con discapacidad idóneas para cubrir los cargos. En 2017, apenas 85 (1,3%) personas discapacitadas entraron al Estado.
En Uruguay existen 719.000 discapacitados, un número que se estima aumente con el envejecimiento de la población, la siniestralidad vial y otros factores.
Begoña Grau, directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) prefiere ver el vaso medio lleno. “Si bien nos falta mucho y estamos muy lejos del 4% que fija la ley, lo cual es un problema cultural, en 2016 estábamos en el 0,6%. O sea que duplicamos la cifra en un año”.
“Uruguay viene lento”, opina Álvaro Lezama, responsable de la Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo (IMM). Y se explica: “De a poco pasamos del escenario de la caridad o el asistencialismo a la escala de los derechos y la calidad de vida de las personas”.
Para Lezama, una materia pendiente en Uruguay es la transferencia de conocimientos. “No alcanza con recibir ayudas técnicas sin saber cómo adaptarlas a cada persona. No se soluciona con donar una silla de Tienda Inglesa. Eso lo entiende quien vive en la silla. La política debe ir dirigida a esa perspectiva de la vida”.
A su vez, la directora del área de discapacidad de la comuna canaria advierte que “pervive un modelo teletónico que te ataca el lagrimal para aflojarte el bolsillo con casos de discapacidad”. Pero “ese modelo de la beneficencia y de la caridad —según la jerarca— no responde a la diversidad y la dignidad humanas. Son apenas cuestiones efímeras para tranquilizar las conciencias”.
Todos los expertos coinciden en la necesidad de transformar la capacidad individual de casos como el del jefe del taller de discapacidad del municipio canario en una “política interinstitucional” y en la urgencia de capacitar a más estudiantes de UTU y universitarios para fortalecer la educación e investigación, inspirados en sistemas sociales “de inclusión avanzados” como el de Noruega.
El propio Hernández visitó Noruega en 2017, invitado por la fundación Hjelpemiddelfondet, para interiorizarse de la producción y adaptabilidad de las ayudas técnicas. Y lo que vio lo dejó asombrado.
Noruega
Sillas de ruedas manuales y a batería, ergonométricas y anfibias, andadores, bipedestadores, triciclos, caminadores, bastones canadienses, ampliadores de imágenes y textos, lupas electrónicas, proyectores, computadoras, teclados, traductores e impresoras Braille, camas hidráulicas y eléctricas, colchones y almohadones antiescaras, WC móviles y adaptadores para bañeras.
Esa es solo una parte de la lista de ayudas técnicas que recibió Uruguay desde 2003 a través de envíos gestionados por la fundación Hjelpemiddelfondet, una organización sin fines de lucro con sede en Noruega, basada en el trabajo voluntario de ciudadanos noruegos y uruguayos residentes en Oslo.
Durante 15 años, la fundación noruega envió más de un centenar de contenedores con insumos y materiales para la atención de discapacitados —que incluyen unidades quirúrgicas y de enfermería completas, instrumentos ultrasonido, de microbiología y de rayos X, además de ocho ambulancias—, una donación total estimada en “más de 20 millones de dólares”, dijo a Búsqueda Carlos Caballero, fundador de la organización y principal “intermediario” entre Uruguay y Noruega.
Noruega tiene una larga tradición en trabajo voluntario y de solidaridad que comienza a fomentarse en la escuela, explicó Caballero. Por ley, las personas con discapacidad en Noruega reciben los instrumentos que necesitan acorde a su diagnóstico. Como cada poco tiempo surgen nuevas tecnologías, los equipos se renuevan y muchos materiales “en óptimas condiciones” se redistribuyen a otros países.
Por ley, las personas con discapacidad en Noruega reciben los instrumentos que necesitan acorde a su diagnóstico. Como cada poco tiempo surgen nuevas tecnologías, los equipos se renuevan y muchos materiales “en óptimas condiciones” se redistribuyen a otros países.
Uruguay recibe el 90% de las donaciones noruegas para instituciones públicas y privadas. Muchas las gestiona el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt) y se coordina con la Universidad de la República, 14 intendencias y seis ministerios y otras instituciones como la fundación Teletón y los Rotary de Colonia, Juan Lacaze y San José. Más de 1.200 camas eléctricas e hidráulicas recibieron, entre otros tantos insumos, los hospitales de Florida, San Carlos, Rocha, Clínicas, Saint Bois, Maciel, Pasteur y Casa de Galicia.
Todos los equipos son donados por instituciones estatales de Noruega, en particular por la Central de Ayudas Técnicas de Oslo y de la provincia Akershus, del Ministerio de Trabajo e Inclusión y de empresas privadas.
Hjelpemiddelfondet no maneja fondos, solo actúa como “intermediaria entre el que necesita y el que distribuye”. La institución solicitante paga el envío. Un contenedor por vía naviera desde Noruega cuesta más de US$ 3.000, sin contar impuestos, el alquiler de depósitos y traslados dentro del país escandinavo.
Así y todo, el flujo de ayudas técnicas a Uruguay es constante, afirmó Caballero. Acaba de llegar al puerto de Montevideo el contenedor 110 con material para la Teletón y la Intendencia de Canelones. El 111 y el 112 llevan equipos para el Cenatt y la comuna de Maldonado, y el 113 para la de San José y el Cenatt.
A diciembre de 2017, el Cenatt había entregado más de mil prótesis gracias a las donaciones de la fundación que coordina Caballero en Oslo.
“De boletos de Cutcsa a trajes a medida”
Creado en 2014 con aportes de Cuba, la IMM, la UTU y el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el Cenatt funciona bajo la conducción técnica del Pronadis (Mides) ante la necesidad de articular una política pública que hasta entonces funcionaba de forma “dispersa e incoherente”, con un modelo asistencial similar al de los clubes de rotarios o iglesias.
“Antes, si uno necesitaba una ayuda técnica lo hacía desde una lógica de caridad, como si estuvieran dando un plato de comida: ‘Vení que vamos a repartir sillas de rueda’. Esos eran los mecanismos para acceder a los equipos de forma gratuita. El símbolo de acceso a la silla de ruedas eran los boletos de Cutcsa”, dijo Lezama, el responsable del área en la IMM. Hoy también es posible acceder a ayudas técnicas a través del BPS, ASSE, tutelas policiales y militares, y asociaciones de beneficencia.
A partir de 2015 se dio un “aumento exponencial” en ayudas técnicas, aseguró a su vez la directora del Pronadis, que pasó de recibir 30 peticiones mensuales a más de 400.
Grau sostuvo que hoy el acceso a estos insumos para las personas discapacitadas es gratuito, “pero implica un costo muy alto para el Estado”, ya que además de gestionar las donaciones se invierten más de US$ 300.000 en compra de otros materiales. Cada contenedor supone una inversión de US$ 10.000 promedio. Solo una silla motorizada en el mercado local cuesta US$ 10.000.
La jerarca contó que “aunque todavía falta recorrido”, en este último quinquenio “Uruguay pasó de tener un sistema asistencialista a una estrategia nacional respetuosa de los derechos de cada individuo”. “No más colectas ni rifas”, dijo Grau, para concluir que “eso lo resuelve el Estado” y “no con cualquier cosa”. “Hoy las ayudas técnicas son trajes a medida”, afirmó.
?? “El Estado es el primer transgresor”
