La campaña electoral del nuevo año se juntará con el análisis parlamentario de cinco proyectos que el gobierno considera claves

El ansiado Mundial de Fútbol en Brasil y las elecciones nacionales marcarán el ritmo del último año del actual período de gobierno en la opinión pública. Sin embargo, la tarea de los legisladores no tendrá un carácter secundario ya que tendrán que discutir y poner a consideración del plenario el proyecto de ley de inclusión financiera donde se habilita la baja de las tasas del IVA. Esta fue una de las principales promesas electorales de la campaña del 2009 donde ganó José Mujica.

Ley de medios.

Fue uno de los proyectos más discutidos y negociados del año —e incluso del período de gobierno— pero aún la iniciativa que surgió del Poder Ejecutivo seguirá sufriendo correcciones significativas cuando ingrese a estudio de la comisión correspondiente en el Senado. El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —más conocido como ley de medios— fue aprobado en el plenario de la Cámara de Representantes en el cierre del 2013 con una sesión de más de 12 horas. Antes había llevado varios meses de discusión en la Comisión de Industria. Asistieron más de 40 delegaciones involucradas en el tema y se espera una discusión similar cuando ingrese a la comisión correspondiente de la Cámara Alta.

La propuesta regula el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas. Además define una serie de controles a los contenidos emitidos por los canales de radio y televisión. Prohíbe emitir imágenes violentas en horario de protección al menor, salvo en aquellos casos donde se advierta previamente a la audiencia. En el proyecto aprobado en Diputados el órgano encargado de controlar la aplicación de la ley es la Ursec. Sin embargo durante la etapa de debate en el plenario, el presidente Mujica anunció a los medios de comunicación que eso será modificado. Su intención es que el órgano controlador esté en la órbita judicial.

Un proyecto de ley que se viene estudiando desde el 2005 y que ha tenido un bajo perfil es el que modifica el Código Penal vigente. Sin embargo a raíz de los últimos episodios del caso Pluna, donde el fiscal del caso pidió el procesamiento sin prisión del ahora ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, la discusión del proyecto modificativo cobró importancia. 

Es que la figura por la cual el fiscal pidió el procesamiento del ex jerarca es el de abuso de la función pública. En el proyecto de ley se planteaba quitar esta figura del Código Penal, y para ello había consenso entre todos los partidos políticos. La discusión se inició cuando a dos días del pedido de procesamiento, el senador frenteamplista Rafael Michelini salió a la opinión pública a pedir que el proyecto de ley se apruebe en las primeras semanas de febrero, antes que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) defina si la aplicación de esa figura es constitucional o no. Para los legisladores blancos y colorados —que están de acuerdo con quitar esa figura del texto penal— la “movida” de Michelini es “oportunista” y busca poner lo “político por encima de lo jurídico”.

Finalmente la bancada del Frente Amplio decidió darle especial tratamiento al proyecto que modifica el Código Penal, pero desde el Poder Ejecutivo el presidente de la República dijo que “no moverá” un dedo para quitar la figura penal en cuestión, hasta que quede dilucidado el tema en la Justicia.

Mientras el Parlamento discutía el proyecto de regulación del mercado de marihuana que habilita el autocultivo y la venta de esa droga por parte del Estado, en agosto de 2013 el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo un proyecto para modificar la reglamentación de la venta de alcohol. La iniciativa ingresó a la cámara de diputados y propone un aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas y la eliminación de las fiestas que ofrecen “canilla libre”, entre otros planteos restrictivos. La propuesta está a estudio de la misma comisión que trabajó el proyecto de la marihuana. Los diputados recibieron varias delegaciones involucradas en el tema y fueron objeto de varias críticas. Si bien desde el Ejecutivo se mantiene la postura de que el proyecto está en condiciones de ser aprobado con mínimas correcciones, fuentes oficialistas de la Cámara de Representantes dijeron a Búsqueda que “se deberá estudiar con mayor profundidad” y que no está “del todo claro” si llegan con los tiempos para sancionar la norma en ambas cámaras antes del cierre del 2014. 

¿Más educación?

En el inicio de la campaña electoral quedó claro que la educación será uno de los principales temas del debate público; y parte de esa discusión se dará dentro del Parlamento. La primera movida en este tema la hizo el líder de Vamos Uruguay, el senador Pedro Bordaberry, cuando en el cierre del 2013 le propuso al partido de gobierno levantar el receso parlamentario para votar proyectos que mejoren el sistema educativo. A su vez, la Cámara de Senadores tiene a estudio un proyecto de ley que crea una nueva universidad pública para centralizar la formación docente.

“A encarar en 2014: casi la mitad de los profesores de Secundaria no tiene título. Sin ellos, no habría Educación pero no se puede avanzar así”, escribió en su cuenta de la red social Twitter el senador colorado José Amorín Batlle (Propuesta Batllista) el ultimo día del 2013. El diputado frenteamplista Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) salió a responderle: “Sería bueno Amorín, que votaran la creación de la Universidad de la Educación. Parece demagógico hablar de calidad de la Educación y negarse a votar su creación”, publicó en la red.

Si bien el Partido Colorado presentó un proyecto para crear una universidad que unifique la formación de los docentes, la propuesta a discusión es del Frente Amplio. Esta fue aprobada en la Cámara de Representantes en la segunda parte del 2013. Al tratarse de la creación de un nuevo ente se requiere una mayoría especial y por eso no alcanza solo con la mayoría absoluta que tiene el oficialismo. En este caso —en diputados— el proyecto fue aprobado con los votos frenteamplistas y colorados.

Sin perjuicio de ello el planteo se trancó en la Cámara de Senadores porque los blancos y colorados se opusieron a crear una nueva universidad en cuyos órganos de gobierno estén representados los gremios docentes y estudiantiles, al igual que la actual Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica. Los legisladores oficialistas retomarán las negociaciones en febrero para tratar de aprobar el proyecto y para eso están dispuestos a negociar con los colorados, con quienes tienen mayores coincidencias.

Ley de armas.

En medio de la discusión por los problemas de seguridad pública el Ministerio del Interior diseñó una campaña para desarmar a la población y aumentar las regulaciones. El proyecto fue enviado al Parlamento en el comienzo del 2013 y seis meses después la propuesta fue votada en diputados. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lo marcó como “prioritario” y solicitó a la bancada oficialista —en varias oportunidades—su aprobación urgente. Sin embargo el tratamiento se enlenteció y falta la votación en el Senado. Los legisladores frenteamplistas estiman que en las primeras sesiones del 2014 sea tratado en el plenario de la Cámara Alta para enviarlo al Poder Ejecutivo y que defina su reglamentación. El planteo ha recibido fuertes críticas y rechazo de los coleccionistas de armas, quienes argumentan que la propuesta no soluciona el problema y genera dificultades para quienes quieren coleccionar armas antiguas.

Con el fin de mejorar el acceso a la vivienda, la Cámara de Representantes tiene a estudio un proyecto para aumentar los impuestos a las casas deshabitadas y abandonadas. El planteo tiene el apoyo de toda la bancada oficialista y esperan poder discutirlo en la comisión para pasarlo al plenario y luego al Senado.

Otro de los temas donde los legisladores oficialistas se comprometieron a definir un proyecto de ley es en materia de prevención de lavado de activos. Si bien los frenteamplistas estudian el tema es difícil que se concrete una norma global “por falta de tiempos”, indicó a Búsqueda una fuente oficialista legislativa y otra del Ejecutivo. Donde también el Parlamento quedará en el debe es en el área deportiva. Allí legisladores de todos los partidos se comprometieron a fines del 2012 a elaborar dos proyectos: uno para modificar y corregir el marco legal para prevenir los incidentes en los espectáculos deportivos, y el segundo buscaba conformar una ley marco del deporte. El primer caso quedó descartado a fines de 2013 ya que los legisladores evaluaron que los hechos de violencia —especialmente en el fútbol y el básquetbol— se habían reducido considerablemente. En el segundo caso, la Comisión Especial para el Deporte ha dejado de estudiar el tema por el momento, y esperan que desde el Poder Ejecutivo se envíe una propuesta.