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El puerto de Montevideo ha sido, es y debería seguir siendo una potente palanca de desarrollo de nuestro país. Fernández Saldaña, en un libro sobre la historia de nuestra principal terminal portuaria, afirmó: “Si como alguien dijo, el Nilo es el padre del Egipto, se puede decir también que nuestro país es hijo del puerto de Montevideo”.
Consciente de su importancia, cuando ocupó la presidencia de la República, el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera hizo un enorme esfuerzo para que nuestra principal terminal portuaria saliera del estancamiento en que se encontraba y logró que se sancionara la Ley 16.246, de 8 de abril de 1992, designando para fungir como presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos al ingeniero Eduardo Álvarez Mazza, que era un especialista de gran prestigio en temas portuarios y marítimos. Esa ley le otorgó a la actividad portuaria un excelente marco normativo y, en particular, el puerto de Montevideo comenzó un acelerado proceso de desarrollo que se interrumpió por los errores cometidos por el anterior gobierno.
Cuando asumió la presidencia de la República el Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, aquellos interesados en el quehacer portuario esperábamos que diera un fuerte golpe de timón y revirtiera el estado de situación con que se encontró dentro del puerto de Montevideo, caracterizado por la improvisación, la ineficacia, la pérdida de cargas y la falta de una planificación adecuada que se cumpliera cabalmente.
Hasta ahora no ha sido así. Son múltiples los ejemplos que podría dar, como lo acontecido con los pesqueros españoles que no pudieron operar por carecer de muelle a esos efectos, el alto costo que tienen las operaciones portuarias, el no haber podido recuperar los transbordos de cargas paraguayas y los conflictos generados con empresas como TCP y Montecon, pero, brevitatis causae, me voy a referir solo a que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha designado todavía a la persona que va a desempeñar la capitanía de nuestra principal terminal portuaria, coadyuvando de este modo a lo planteado, en una nota anterior, por el señor Timoteo Aparicio.
Hubo urgencia en designar personas sin especialización en cargos de particular confianza (ejemplos, en los directorios de ANP y de TCP), pero no en esa función tan importante. La capitanía es un órgano desconcentrado del directorio de la ANP y su designación la realiza el Poder Ejecutivo, por ser un cargo de particular confianza, de una terna propuesta por el directorio referido. Su función principal es la de coordinar los servicios portuarios y ordenar la operativa para hacerla más eficiente, como lo establecen los arts. 16 a 18 de la Ley 16.246 y los arts. 70 a 75 del Decreto Reglamentario No 412/992 de 1/9/1992.
El capitán del puerto cumple una función muy relevante porque, desde el recinto portuario, coordina las diferentes actividades, ordena la operativa, administra la utilización de los muelles, regula la entrada y salida de los buques, etc. El hecho de que el puerto de Montevideo no cuente con el funcionario que desempeñe esa responsabilidad ha causado una mala administración de los muelles, lo que dio lugar a que varias naves tuvieran que ir de un atracadero a otro pagando costos importantes en remolcador y anexos o no hayan podido ingresar, como sucedió con los pesqueros españoles, por la falta de muelles y, además, afecta a la seguridad de la operativa, con los enormes riesgos que ello implica, por la carencia del contralor necesario. Se impone pues, la designación, sin tardanza, de un técnico para desempeñar esa función.
