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Durante los dos gobiernos del Frente Amplio la clase media se incrementó 18 puntos, la clase baja se redujo 30 puntos y la alta dos puntos, según estimaciones del gobierno planteadas en la Rendición de Cuentas que presentó al Parlamento el lunes 30.
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Según ese informe, el 68% de los uruguayos son parte de la clase media, el 27% de la clase baja y el 5% de la alta. La metodología que usa el gobierno para definir que alguien es parte de la clase media se basa en una “perspectiva económica”. La integran quienes tienen un ingreso por día y por persona de entre 10 y 50 dólares. Quienes están por debajo del umbral inferior son de clase baja y quienes están por encima del umbral superior constituyen la clase alta. “El umbral inferior fue estimado tomando en cuenta la probabilidad de caer en situación de pobreza, dado un determinado ingreso del hogar. Conceptualmente, se definió como ‘clase media’ a aquellos que tienen una probabilidad muy baja o nula de caer en situación de pobreza ante shocks negativos”, sostiene el informe presentado en el Parlamento.
La composición de las clases sociales de un país “muestra en cierta forma las posibilidades que tiene una sociedad para establecer nuevos pactos sociales y mejorar la integración social. Así, en una sociedad muy polarizada, donde la clase media represente un porcentaje menor de toda la sociedad, es más difícil construir una sociedad integrada”, explica el documento.
Además afirma que, continuando con su característica histórica, Uruguay cuenta con la “clase media más grande en comparación con la región”. Desde 1995, cuando la clase media tuvo menor cantidad de integrantes fue en 2003, con el 39%, mientras la clase baja alcanzaba el 59%.
La clase media incrementó desde 2004 su participación en 18 puntos porcentuales, la clase baja se redujo 30 puntos y la alta aumentó dos. “No solo se incrementó la participación relativa de la clase media sino que también la misma pasó a estar más fortalecida en cuanto al nivel de protección social y a la acumulación de capital humano”, dice el trabajo.
Si se compara 2013 con 1995, se observa que 400.000 personas pasaron a integrar la clase media. “Por su parte, la proporción de población vulnerable y pobre se ha reducido significativamente a lo largo del período de estudio, reduciéndose en 11 puntos porcentuales su participación, implicando que un poco más de 300.000 personas dejaron de pertenecer a la clase baja. Es decir, se podría deducir que el crecimiento de la clase media se debe prácticamente a un proceso de movilidad económica ascendente desde la clase baja”, afirma el gobierno.
En cuanto a la composición de la clase media, en 2013 aumentó la proporción de personas ocupadas. En 2004, el 47% estaban ocupados y 21% eran inactivos. En 2013 esos porcentajes pasaron a 53% y 14%, respectivamente.
Además, entre 2004 y 2013 se incrementó la cantidad de integrantes de la clase media que tienen un empleo en el sector privado del 50,2% al 59,5%. En tanto, en ese período la cantidad de personas que estaban en el sector público cayó del 23,5% al 17,4%.
Casi seis de cada diez de los que integran la clase media (57,4%) tienen ingresos diarios de entre U$S 10 y U$S 20, mientras que el 25,8% recibe entre U$S 20 y U$S 30. Solo el 5% recibe entre U$S 40 y U$S 50 por día.
Vulnerabilidad y gasto social.
Además de destacar el crecimiento de la clase media durante los dos gobiernos del Frente Amplio, la Rendición de Cuentas también pone énfasis en la reducción de la pobreza y la indigencia y resalta que disminuyó la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad. Una persona está en situación de vulnerabilidad si presenta alguna carencia en educación, acceso a servicios de salud, de seguridad social, calidad y espacios de la vivienda. “Se observa un aumento significativo de la cantidad de personas que no presentan carencia alguna entre el año 2006 y 2013. Se estima que en el año 2013 el 47% de las personas no presentan ninguna carencia mientras que en 2006 dicha incidencia era de 31%”, dice. Eso explica que en 2006 había un 27,2% de la población en situación no vulnerable y eso subió al 46,2% en 2013.
En el informe también se destaca el aumento del gasto público social (GPS). El GPS tiene en cuenta lo que invierte el Estado en educación, salud, seguridad social, asistencia social y vivienda. Este aumento fue resaltado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, en una conferencia realizada el mismo día que se presentaba la Rendición de Cuentas.
Según el gobierno, el GPS se incrementó 83% entre el 2005 y el 2012, cuando alcanzó los $ 153.360.026 (pesos constantes de 2005). Este aumento, explicó Olesker, se produce por encima de todas las variables macroeconómicas: por ejemplo, 41% por encima del PBI y 35% sobre el gasto público total. El ministro informó que el “mayor aumento del gasto per cápita por edad se concentra” en adolescentes y en la primera infancia.
Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social destacaron que la inversión en GPS duplicó la realizada durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Desde el Partido Nacional se criticó el informe de Olesker, que también es parte de la Rendición de Cuentas. La diputada Ana Lía Piñeyrúa calificó como “insólito” que Olesker compare el gasto actual con el realizado en períodos de gobierno de otros partidos que “enfrentaron coyunturas económicas mucho peores”. “Esto no es nada más ni nada menos que la utilización engañosa de cifras con fines electorales”, afirmó.
“El gasto en seguridad social siempre es elevado por la composición de nuestra población; el sistema de salud deja mucho que desear en la calidad de las prestaciones; la educación enfrenta una crisis sin precedentes reconocida por importantes dirigentes de izquierda y no han existido planes de vivienda importantes para las personas que más lo necesitan durante los gobiernos del Frente Amplio. En cuanto a los programas que administra o coordina el Mides, además de su escaso impacto y su carácter asistencialista, representan un ínfimo porcentaje del gasto público social”, opinó la legisladora.
