La coalición busca acortar distancias sobre la ley de urgencia, mientras la oposición procura fisuras de colorados y cabildantes

Para disminuir las diferencias, los tres partidos de la coalición en el Senado acordaron armar subgrupos que trabajarán en los artículos que provocan más polémica. La coalición ganó tiempo para encontrar acuerdos antes de la discusión formal sobre su contenido, porque recién el lunes próximo comenzarán a llegar los ministros a debatir. Al Frente Amplio esto le molestó, ya que para ese momento habrán transcurrido 10 días de los 45 que tienen para debatir sobre el proyecto.

De todas formas, el martes 28 se produjo una pequeña grieta en la coalición cuando Germán Coutinho (Partido Colorado) dijo que estaba dispuesto a apoyar este artículo, incluido por decisión del Partido Nacional. “Esta banca es de mi partido, pero soy un hombre libre. Lo digo con claridad, con tranquilidad, el escenario está abierto, mi partido toma algún que otro lineamiento y está convencido de que no está de acuerdo con algún artículo, (pero) yo que estuve en la 15, que fui a todos lados con el expresidente Batlle, voy a votar la desmonopolización; quiero que compitan como compitió Antel y le ganó a todos, como el Banco de Seguros que tiene el 75%. Soy batllista, hincha de las empresas del Estado, pero quiero que compitan y estoy convencido de que ese es el lineamiento por donde tenemos que ir”, afirmó el senador y candidato a intendente de Salto.

En filas coloradas el planteo de Coutinho no cayó bien. La mayoría del partido entiende que este tema debe discutirse en profundidad por fuera de los plazos de una ley de urgente consideración.

Los artículos 267 y 268 del proyecto, que refieren al uso de la red de infraestructura de Antel por operadores de telecomunicación privados, tampoco generan unanimidad en la coalición. Este tema no fue parte del Compromiso por el País en noviembre y no estuvo en la discusión posterior, por lo que es difícil que quede en la versión final.

En los últimos días otro tema comenzó a ser analizado porque causa discrepancias entre sus integrantes. El proyecto de la ley de urgencia establece que la privación de libertad de los adolescentes infractores no será menor a los dos años (hoy es de 12 meses), se mantienen los antecedentes penales luego de cumplir los 18 años en caso de cometer delitos graves y la pena máxima de reclusión pasa de cinco a 10 años.

Este tipo de medidas son cuestionadas por expertos internacionales y organizaciones sociales locales. En al menos dos reuniones, el diputado blanco y exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente Álvaro Viviano planteó que quiere revisar estos artículos. Según fuentes blancas, el legislador dijo que en principio no estaba convencido de votar estas medidas, ya que las considera regresivas.

En el Partido Colorado cuestionan una serie de cambios planteados al Código Civil. En un documento enviado a la vicepresidenta Beatriz Argimón habían marcado su discrepancia con los artículos, posición que fue reiterada el miércoles 29 por el diputado Ope Pasquet en su cuenta de Twitter. Explicó que no cuestiona el contenido de las modificaciones propuestas, sino la “oportunidad y procedimiento elegidos para introducirlas: por sorpresa, y en medio de una LUC de 500 artículos”.

La Asociación de Escribanos del Uruguay fue quien sugirió los cambios vinculados al régimen de herencias, donaciones y la derogación de un artículo referido a quienes no pueden ser testigos de un testamento. El diputado dijo que para votar modificaciones al Código Civil se necesita el “asesoramiento de expertos y el estudio correspondiente”.

“Ganamos una votación”

Cuando el martes 28 ingresó al proyecto en el Senado, quedó claro que comenzaba una batalla en el Parlamento. “Un día para recordar. La primera vez en 15 años que ganamos una votación al FA en el Senado”, escribió en Twitter Jorge Gandini al culminar la sesión. Es que luego de un debate de ocho horas, el Frente Amplio no tuvo los votos necesarios para aprobar una moción que quitaba el rótulo de “urgente consideración” al proyecto. La coalición de gobierno, en este caso, hizo pesar sus 18 votos.

La jornada comenzó con munición pesada desde el Frente Amplio. En la moción de la coalición de izquierda para quitar el carácter de urgente al proyecto de ley, los legisladores afirmaron que la iniciativa es un “verdadero avasallamiento a la democracia” y que existe por parte del Poder Ejecutivo un “abuso de las vías constitucionales”. Más adelante afirmaron que se afectan las “garantías democráticas” al “pretender discutir más de 500 artículos que abarcan los temas más diversos en apenas 75 días”.

“El Poder Ejecutivo pretende torcer la voluntad del constituyente, vulnerando de manera soterrada algunos de sus requisitos”, agregaron los legisladores.

Desde el Partido Nacional, Gandini y Gustavo Penadés sostuvieron que la declaración era un “agravio”, además de “injusta” y “mentirosa”.

Penadés señaló que la oposición quiere “construir un relato” en el que pone al gobierno “al borde del autoritarismo”. “En este tono se hace muy difícil negociar”, dijo, y recordó que la izquierda en el poder tuvo una actitud de “avasallamiento” a otro poder del Estado como el Judicial.

Además de presentar la moción, la estrategia del Frente Amplio fue hacer hablar a toda su bancada, compuesta por 13 legisladores. Los senadores de la oposición se turnaron para señalar los problemas que se producirán si el proyecto se aprueba sin cambios.

En líneas generales, Charles Carrera, coordinador de la bancada frenteamplista, sostuvo que la iniciativa es inoportuna, ya que la urgencia del país pasa por la crisis causada por el Covid-19, genera un “avasallamiento” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y es inconstitucional.

La bancada del Frente Amplio también denunció problemas formales en la presentación del proyecto. Es que si bien estaba encabezado por todo el Consejo de Ministros, 13 secretarías de Estado, había 11 firmas. Faltaron las del canciller Ernesto Talvi y la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Ambos explicaron que se trató de un problema administrativo.

El oficialismo rechazó ese planteo y aseguró que se cumplió con la Constitución. Incluso, Gandini recordó que durante el gobierno de José Mujica se envió una ley de urgencia solo con la firma del entonces ministro de Salud Daniel Olesker.

Desde el Partido Colorado también respondieron a los cuestionamientos del Frente Amplio sobre la formalidad de la presentación de la iniciativa. “Que no se entusiasme alguno porque falta alguna firma, acá está el Partido Colorado apoyando”, dijo Adrián Peña. Agregó que la ley no la envió solo el Partido Nacional: “Esta ley la envía el 60% del electorado”.

Dirigentes del oficialismo señalaron que el proyecto es un paso para cumplir con lo prometido en campaña. “Venimos a hacer cambios”, dijo Gandini, y aseguró que vendrán más cosas en el futuro.

Cabildo Abierto no participó en el debate casi hasta el final de la sesión. Hasta que pidió la palabra Guillermo Domenech. En su intervención, dijo que los temas del proyecto son “urgentes”, pero afirmó que hay cosas que también considera “urgentes” y que “no están” en la iniciativa. Apuntó contra las casas financieras “a las que se desvían los fondos de las instituciones bancarias, instituciones favorecidas con una ley de inclusión financiera, que es una ley de esclavitud financiera”. Domenech sostuvo que se va camino al “gobierno de la banca”, de la “gran multinacional financiera que tiene sus representantes en la derecha y en la izquierda”. Afirmó que los préstamos que dan las instituciones financieras, “en cualquier parte del mundo serían consideradas usureras”. También criticó que haya cinco millones de hectáreas en manos de las “multinacionales forestales” y reclamó medidas para “regularizar” la situación de los “400.000 informales”.

Las discusiones siguieron el miércoles 29 en la primera reunión de la comisión especial que tratará el proyecto. Hubo un debate debido a que el Frente Amplio planteó recibir a casi un centenar de delegaciones para conocer su opinión sobre el proyecto.

La oposición planteó trabajar sábados y domingos, lo que molestó al oficialismo. Sergio Botana (Partido Nacional) dijo que el planteo le sonaba a “juego político”. Aseguró que iban a trabajar el fin de semana estudiando los temas. “Sinceramente no me cae lindo que me acusen de no querer trabajar, de perder el tiempo”, dijo.

Desde el Frente Amplio aseguraron que no los estaban acusando de no querer trabajar. Carrera dijo que no le gustaba que le adjudicaran una intención cada vez que hacían una manifestación y pidió que el presidente de la comisión amparara a la oposición.

Botana solicitó la palabra para aceptar la respuesta y pidió “disculpas” por su “suposición”.

Domench, en tanto, destacó el pedido de Carrera en cuanto a que se respete a la minoría. Pero agregó: “Me presto a escuchar a todas las delegaciones que vengan, a pesar de que entiendo que muchas de ellas son grupos de presión y organizaciones de fachada, cuya orientación política conocemos, y organismos internacionales representados por burócratas cuyo trabajo me parece bastante estéril”. Luego de esto la sesión siguió, pero se suspendió la toma de la versión taquigráfica.

En el Partido Nacional esperan que al Frente Amplio no le sea fácil dividir a la coalición para impedir la aprobación de aspectos de la ley, ya que parte de su estrategia pública también implica criticar con dureza al gobierno. Un dirigente blanco de primera línea, luego de terminada la reunión de la comisión especial encargada de analizar el proyecto, evaluó que la actitud de los legisladores de izquierda puede llevar a que la coalición se junte más. “Será como escribió Borges: no nos une el amor sino el espanto”, comentó.