La comunidad veterinaria perdió el control sobre perros vagabundos y advierte graves problemas sociales ante la superpoblación canina

Situaciones como esta son las que pretende evitar la profesión veterinaria, que apunta a “una tenencia responsable” de animales y al “control de la población canina”, dijo a Búsqueda el presidente de la Academia Nacional de Veterinaria, Juan José Mari, para quien esto responde a un problema cultural y de educación ciudadana.

Según las cifras oficiales, la población canina estimada en todo el país es de 1.742.000. Pero ese número no incluye a los perros sin propietarios que, de acuerdo con la Sociedad Mundial para la Protección Animal, suman entre el 10% y el 37% de ese total en áreas urbanas y rurales. En función de esto, se concluye que en todo el país hay un perro cada dos humanos, lo cual sitúa a Uruguay en valores algo por encima a los de la región.

“De hecho, no se sabe cuántos perros sin dueño hay. Por ejemplo, en el campo, donde hay jaurías ‘salvajes’ que van de una estancia a otra y afectan la producción ganadera, es imposible cuantificarlos. Lo mismo pasa en los balnearios, donde suelen andar sueltos, por no hablar de la periferia de Montevideo y el área metropolitana”, dijo Mari. “En general, los vecinos no se ocupan del asunto, hasta que ocurre una desgracia”.

Para el experto, la solución a la superpoblación canina pasa por identificar a los perros callejeros, castrarlos y enviarlos a refugios, sujetos a planes de adopción. “Nadie quiere hablar de eutanasia, pero cuando hay problemas serios —ataques y lesiones por mordeduras a humanos o a otros animales, transmisión de enfermedades zoonóticas o accidentes de tránsito—, hay que buscar soluciones reales. Y sobre todo hay que comprender que la mascota, aunque suele ser una gran compañía, no es un ser humano”, dijo.

Según el estudio de Equipos para la Comisión Técnica de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) —que integran los Ministerios de Ganadería, Interior, Salud Pública, Educación y Medio Ambiente— el 85% de la población uruguaya considera un serio problema la situación de perros sueltos en la calle.

El microchip canino —un dispositivo del tamaño de un grano de arroz, con un código de 23 dígitos que se aplica en forma subcutánea, a un costo de unos $ 500— generó rechazo por parte de asociaciones animalistas, que cuestionan su uso. A meses de su implementación, apenas unos 6.000 sobre el total de 1,7 millones de perros llevaban el chip de registro electrónico obligatorio desde octubre de 2017.

Mari opinó que para hacer cumplir la ley de tenencia responsable de animales hay que contar con el aval de la sociedad. “La identificación de los animales no se tomó como un tema importante. Quizás porque la aplicación del chip venía asociada al cobro de la patente, y no hubo un trabajo previo de concientización social”.

Sólo un síntoma.

“La profesión veterinaria se encuentra profundamente preocupada por la salud y bienestar de las poblaciones caninas y por los riesgos para la salud pública y las pérdidas económicas ocasionadas”, según un documento presentado el martes 10 en la Facultad de Veterinaria, firmado por el decano José Piaggio y las principales autoridades de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y de la Academia Nacional de Veterinaria.

El documento, elaborado por una veintena de profesionales e investigadores, “sirve de insumo técnico destinado a las autoridades públicas y a toda la sociedad, con propuestas concretas para que esta problemática no quede en la etapa declarativa”, explicó a Búsqueda el decano Piaggio.

Allí, los representantes de la comunidad veterinaria advierten especialmente sobre “la situación de los perros vagabundos” y señalaron que las políticas públicas del país en relación con la población canina “han sido deficientes en la integración de todos los actores técnicos y profesionales”.

“Toda la institucionalidad debe tener una política integral y definida. No puede haber una voz diferente entre la Comisión Nacional de Zoonosis, Cotryba y las intendencias”, dijo el decano de Veterinaria.

Piaggio sostuvo que es necesario recurrir a la educación y a la conciencia de los dueños de los perros para enfrentar los problemas que causan a la población de zonas urbanas y rurales, en materia de seguridad sanitaria y medioambiental.

Los profesionales veterinarios reclaman que el tema de bienestar animal y tenencia responsable se incluya en los programas curriculares de enseñanza de los centros educativos del país.

“Es fundamental la contribución que deberá realizar la Facultad de Veterinaria, la Universidad de la República (Udelar), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Consejo Directivo Central (Codicen) y otras instituciones comprometidas con la educación para que sea incorporado en los programas curriculares el tema bienestar animal y tenencia responsable”, expresaron en ese documento público.

La comunidad veterinaria alienta la creación de un “plan integral” que incluya “programas educativos con criterios pedagógicos y sencillos específicos a nivel escolar y liceal”, y a la vez educar a toda la comunidad mediante “estrategias de comunicación de alto impacto”, contó a Búsqueda la presidenta de la Sociedad de Medicina Veterinaria, Margarita Miquelerena. Este “plan de educación” busca integrar las bases para el cuidado del animal y abordar “criterios de elección para adoptar una mascota”, y en particular un perro.

A Miquelerena le preocupa “el no cumplimiento de la ley”, la falta de registros y de estudios serios sobre la población canina, y también la ausencia de políticas públicas coordinadas entre los organismos competentes.

“Necesitamos una educación de impacto masiva para toda la sociedad. Hay que saber que tenemos el derecho a tener una mascota, pero también tenemos obligaciones para con el animal y para la convivencia social. No es lógico que uno no puede transitar por determinados lugares porque los perros están sueltos. No es lógico que hagamos defecar al animal en zonas donde juegan niños. No es lógico que mi perro muerda al vecino, ni que en el campo haya animales sueltos que maten a ocho o diez ovejas”, dijo.

La experta centró la responsabilidad en los dueños de los animales y también en las autoridades públicas. “El perro callejero es solo un síntoma del problema. El animal de por sí no es dañino. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que actúe en condiciones y espacios adecuados. Luego está el control y la fiscalización del Estado. Necesitamos un cambio cultural urgente”.

Con relación al capítulo Agresividad canina y perros potencialmente peligrosos, el grupo de etólogos que trabajó en la producción del documento destacó que “la raza puede ser un factor predisponente, pero no un determinante de la agresividad canina”.

“Es importante que el público en general sepa que cualquier perro es capaz de manifestar agresión” y que “los aspectos ambientales y de educación tienen mayor peso que lo genético a la hora de prevenir problemas de agresividad canina”.

Sobre el control reproductivo, los expertos afirman que este debe atender la densidad de población canina, al origen de los perros vagabundos y los lugares de producción descontrolada, con una esterilización temprana de machos y hembras, practicada por profesionales veterinarios.

Además de una “cuantificación y evaluación de la población canina sin dueño”, los profesionales también reclaman la creación de “refugios estatales transitorios” para perros sin hogar, perdidos o abandonados “en todos los departamentos del país”, bajo la supervisión técnica de un veterinario, precisó Miquelerena.

Finalmente, los veterinarios proponen un sistema de adopción “amigable” para descongestionar los refugios estatales, además de programas sanitarios para controlar y erradicar enfermedades que afectan al país (hidatidosis, leptospirosis, toxoplasmosis, leishmaniasis y sarnas) o con “riesgo elevado de reproducción”, como la rabia.