La corrupción, la economía y las calles ahogan a Dilma Rousseff

A diferencia de lo que ocurría en 2013, esta vez las manifestaciones están mucho más claramente dirigidas contra Rousseff y su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). Y también a diferencia de lo que Santana percibía hace dos años, cada vez menos brasileños parecen notar virtudes en Rousseff. Una encuesta de la firma Datafolha divulgada ayer miércoles indicó que los índices de aprobación de su gobierno se derrumban en todos los segmentos analizados. Apenas 13% de los encuestados juzga su gestión como buena u óptima (en febrero eran 23%), mientras los que la califican de mala o pésima suman 62% (un aumento de 18 puntos porcentuales en un mes). 

“Coherente con mi vida”

Convocadas a través de las redes sociales, las manifestaciones del domingo se esparcieron por todo Brasil pero tuvieron su epicentro en São Paulo, donde se reunieron un millón de personas según la policía y 210 mil según Datafolha. La encuestadora indicó que la principal motivación de esa gente fue protestar contra la corrupción y, en segundo lugar, apoyar un eventual pedido de impeachment o destitución de Rousseff. La gran mayoría de los manifestantes votó por el opositor socialdemócrata, Aécio Neves, en las últimas elecciones, y en las calles se notaba que buena parte de ellos eran de clase media o alta. 

No obstante, las diferencias entre los manifestantes también eran evidentes: varios llevaban carteles pidiendo una “intervención militar” que saque a la izquierda del poder, mientras otros rechazaban la idea misma del impeachment contra la presidenta, que según juristas y opositores por el momento es improbable que cristalice. Ese mismo día, Brasil cumplió 30 años desde el restablecimiento de la democracia tras una dictadura militar que mató, torturó y encarceló disidentes.

Las protestas fueron pacíficas y surgieron en medio del creciente escándalo de corrupción en Petrobras, que ha llevado a la justicia a habilitar pedidos de investigación contra 48 políticos (en su mayoría diputados y senadores del PT o de grupos aliados al gobierno) y contra los gobernadores de los estados de Río de Janeiro y Acre. Todos ellos son sospechosos de estar involucrados en el complejo esquema de sobornos pagados por grandes empresas constructoras para obtener contratos en la petrolera estatal. Se estima que los pagos ilícitos a legisladores y políticos pueden haber triplicado el dinero que se movió en el “Mensalão”, el escándalo previo de compra de votos en el Congreso que acabó con varios ex colaboradores de Lula y miembros del PT condenados. 

La fiscalía brasileña pidió expresamente a la justicia dejar a Rousseff fuera de las investigaciones, en base a un artículo de la Constitución que impide indagar a un presidente en ejercicio por actos ajenos al desempeño de sus funciones. Rousseff encabezó el Consejo de Administración de Petrobras durante los años en que ocurrían los ilícitos, pero ningún delator la ha acusado de beneficiarse personalmente de los sobornos. 

Sin embargo, el escándalo involucra a personas próximas a la mandataria. El lunes 16 los fiscales acusaron formalmente al tesorero del PT, João Vaccari, de delitos de corrupción y lavado de dinero por su presunta vinculación a los sobornos. La denuncia se basa en el testimonio de un ex directivo de Petrobras que sostuvo que el partido gobernante recibió hasta US$ 200 millones en sobornos, en parte para financiar la campaña de Rousseff en 2010, y que él mismo estudió con Vaccari cómo canalizar el dinero. Al igual que todos los políticos implicados, Vaccari niega estas acusaciones.

Rousseff procuró responder a las protestas anunciando ayer miércoles el envío de un paquete de medidas anticorrupción al Congreso, que incluye propuestas para convertir en delito penal el ocultamiento o lavado de dinero con fines electorales, o la incompatibilidad de ganancias y bienes de funcionarios públicos. “Mi compromiso con el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal, con mi práctica política”, dijo la mandataria durante el acto oficial. 

¿Eslogan o realidad?

Es en el Congreso donde está una de las debilidades de Rousseff. Las dos cámaras son presididas por miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un grupo que es clave para darle mayorías parlamentarias al gobierno. Molestos porque sus nombres y los de varios de sus correligionarios figuran en la lista de políticos investigados por el “caso Petrobras”, ambos líderes parecen responsabilizar al gobierno por esta situación y se han mostrado dispuestos a actuar con independencia del Ejecutivo y hacer naufragar medidas del ajuste fiscal que prepara Hacienda.

“Dilma ya perdió el control del gobierno. En este momento depende del PMDB para asegurar el Congreso; depende del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, para asegurar el mercado; y depende de Lula para contraponerse a los movimientos en las calles. El problema es que estos tres actores no convergen, están disputando el gobierno. Entonces sectores del PT y Lula apuestan a la debilidad de Dilma para tomar el control del gobierno”, afirmó Ricci. 

Marcus Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Pernambuco, indicó que “algo que siempre fue un trazo distintivo en Brasil, que es una cierta relación hegemónica del Ejecutivo en relación al Legislativo, se rompió, hay un nuevo patrón y eso debilita mucho al gobierno”. El analista descartó que haya un riesgo para la democracia brasileña, que de hecho está mostrando un ejercicio interesante de contrapeso de poderes. Pero advirtió que el panorama político es difícil para Rousseff y el mercado está reaccionando ante lo que percibe como un retroceso en la conducción de la política económica. 

Lejos de los años de fuerte crecimiento que permitieron impulsar programas sociales y dieron prestigio al gobierno de Lula, hoy la economía de Brasil está estancada y enfrenta problemas como una suba del dólar frente al real de más de 20% en lo que va del año, o una inflación que a 12 meses en febrero llegó al mayor nivel en una década (7,7%). Como ya sugirió la propia Rousseff en el discurso con que inició su segundo mandato el 1º de enero, el ajuste fiscal implicará sacrificios para la población. Pero si esas medidas impopulares llegan a frenarse o naufragan en el Congreso, Brasil podría perder el grado inversor y sentir el impacto de otra forma. 

Dice el asesor presidencial Santana, en el mismo libro, que Rousseff “tiene una capacidad muy fuerte de resistir a una situación de crisis” y revertir las cosas. Todo indica que en los próximos meses se verá si eso es cierto, o apenas otro eslogan de un experto en marketing político.