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    La crisis en Brasil da munición a la disputa política en Uruguay

    Pasaban las 11 de la noche del miércoles 17 y el fiscal brasileño que coordina la investigación conocida como “Lava Jato” no logró contener su hastío. “Nadie puede aguantar toda esa podredumbre”, escribió Deltan Dallagnol en su Facebook. Horas antes, el diario “O Globo” había divulgado el contenido de una grabación en la que el presidente Michel Temer daba su respaldo a un empresario que le contaba cómo compraba el silencio del ex diputado Eduardo Cunha preso por corrupción. “Usted debe mantener eso, ¿vio?”, se escuchaba decir al mandatario.

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    En el acuerdo de colaboración judicial a partir del cual el empresario Joesley Batista —dueño del mayor frigorífico del mundo, JBS— grabó de manera clandestina a Temer y al senador y líder del partido opositor Aécio Neves provocó un terremoto en Brasil. Manifestantes salieron a la calle en varias ciudades para reclamar la renuncia del presidente y la posibilidad de un impeachment cobró fuerza.

    Mientras la crisis se profundiza, en Uruguay esa situación es usada como munición que se disparan oficialistas y opositores según qué dirigente brasileño aparece involucrado en el último hallazgo del “Lava Jato”. Así, cuando Luiz Inacio Lula da Silva quedó en el centro de la polémica, la oposición uruguaya cargó contra el dirigente del Partido de los Trabajadores y de paso cuestionó los vínculos del Frente Amplio con ese grupo político.

    La semana pasada la corriente fue en sentido contrario. Después de que el miércoles Neves, ex candidato presidencial por el Partido de la Socialdemocracia de Brasil (PSDB), fue acusado de aceptar sobornos y sus familiares aparecieron en filmaciones recibiendo el dinero, los dirigentes del oficialismo no perdieron el tiempo: pocas horas después de la noticia ya habían rastreado en las redes sociales una foto que Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) había compartido con el político recién caído en desgracia.

    “El senador Lacalle Pou compartiendo junto al ex senador Aécio Neves”, escribió en Twitter el diputado socialista Roberto Chiazzaro, y compartió un tuit del senador blanco en el que mostraba una selfie con Neves y el comentario: “En Lima con @AecioNeves antes de participar en la jornada de la FIL invitados por Vargas Llosa”.

    El diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) se sumó al ataque también a través de Twitter. Sostuvo que el impeachment por el que Dilma Rousseff fue destituida —encabezado por el ex diputado Cunha— fue respaldado por blancos y colorados. “El golpe en Brasil tuvo un sustento económico, mediático, judicial y un apoyo internacional que lo legitimó. La derecha uruguaya fue parte”, escribió ese miércoles.

    “Terminó la farsa. Temer y banda hasta hace poco aplaudidos por la derecha”, dijo la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista).

    Pablo da Silveira, el principal asesor de Lacalle Pou, salió al cruce de los dirigentes frenteamplistas y sus acrobacias argumentales en una columna que escribió el martes 23 en “El País”. Para eso recordó uno de los primeros rounds en los que oficialismo y oposición recurrieron a la situación de Brasil para pasarse factura.

    El 16 de marzo del 2016, la Fiscalía de Brasil divulgó una conversación telefónica entre la entonces presidenta Rousseff y Lula interceptada por la Policía. En ella, la mandataria le informaba a su antecesor que estaba pronta su designación como ministro para que la usara “solo en caso de necesidad”, lo que otorgaba inmunidad a Lula en momentos en que era indagado por la Justicia. Es que días antes, el 4 de marzo de 2016, la Policía brasileña había allanado la casa del ex presidente y se lo había llevado esposado a declarar.

    Al igual que ahora, la noticia desató protestas callejeras en Brasil y acusaciones cruzadas entre los dirigentes políticos en Uruguay. Al mismo tiempo que Lula era designado ministro, en el Senado uruguayo los representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) planteaban una exposición escrita que condena la forma en que la Policía brasileña detuvo a Lula. En primera instancia, el Partido Colorado no acompañó que se envíen esas palabras a Brasil, pero luego se retractó y dejó solo al Partido Nacional en contra.

    La declaración del MPP cuestionaba la legalidad del operativo de “tono sensacionalista” porque Lula no se negó a declarar, sino que ya lo hizo tres veces en lo que va del año. La senadora Constanza Moreira, del sector Casa Grande, calificó de “jugada mediática” la detención y aseguró que “es horrible lo que hace la Justicia”, porque Lula no “piensa fugarse del país” ni “quiere obstaculizar la investigación” (Búsqueda Nº 1.859).

    “Acrobacia argumental”.

    Da Silveira escribió esta semana que cuando Lula fue acusado por primera vez “las voces dominantes en la izquierda uruguaya proporcionaron una interpretación ideológica” según la cual Rousseff y su antecesor eran perseguidos por “los poderosos” porque estaban “liquidando los privilegios de las clases dominantes”.

    “Pero ahora las cosas se han complicado. Si realmente la Justicia es una marioneta en manos de los poderosos, y si las reglas del juego político están diseñadas para perjudicar al pueblo, no debería pasar que el líder opositor Aécio Neves fuera procesado, ni que una investigación judicial pusiera contra las cuerdas al presidente Temer”, añadió.

    Según Da Silveira, para la “izquierda ortodoxa” uruguaya el “procesamiento de Neves y las acusaciones contra Temer no son la prueba de que la Justicia brasileña está funcionando, sino la demostración de la falta de legitimidad de las acusaciones contra Lula y Dilma”.

    El asesor de Lacalle Pou sostuvo que esa argumentación es una “acrobacia argumental”. Y, lo que en su opinión es peor, muestra que la “izquierda ortodoxa sigue pensando con categorías que provienen de un marxismo trasnochado (‘la infraestructura determina la superestructura’) o, en el mejor de los casos, de la versión gramsciana de esas ideas”. Para esos sectores, añadió, “las instituciones no merecen mayor respeto” y “todo se reduce a una lucha de poder entre un bando al que axiomáticamente se otorga el papel de vanguardia de la historia y otro bando al que, de manera también axiomática, se asigna el papel de rémora”.

    Nuevo capítulo.

    La munición que proporciona Brasil parece lejos de agotarse. Es que el “Lava Jato” investiga a varias de las principales empresas constructoras brasileñas que habrían obtenido contratos de obra mediante el pago de coimas a políticos. Según una página web creada por el Ministerio Público Federal (MPF) para brindar información sobre el caso, hasta comienzos de mayo hubo más de 61 acusaciones criminales contra 269 personas, que derivaron por el momento en 29 sentencias por delitos como corrupción, lavado de activos y formación de una organización criminal.

    En el futuro cercano podría haber un round de envergadura en Uruguay gracias a la visita que realizará Lula a Montevideo invitado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) (Búsqueda Nº 1.917).

    Lula, que el martes acumuló su sexta denuncia de parte de la Fiscalía por un presunto delito de “corrupción pasiva” y lavado de activos, fue invitado por el senador José Mujica para que dé un discurso el 23 de junio durante la apertura de su Congreso del MPP.

    La actividad en Montevideo ocurrirá apenas tres días después de la fecha límite que tiene la defensa de Lula para presentar sus alegatos por una de las causas ante el juez del “Lava Jato”, Sergio Moro.

    El sector político de Mujica y otros grupos del Frente Amplio siguen sosteniendo que las acusaciones en su contra son parte de una campaña para impedir que pueda presentarse a las elecciones en 2018, para las cuales, de acuerdo con las encuestas, hoy es el favorito.

    Lula había aceptado la propuesta pero en los últimos días avisó que las cosas en Brasil se habían complicado y que quizás debía postergar el viaje, dijeron a Búsqueda fuentes del MPP.

    Es que la posibilidad de que Temer, que ya es investigado por el Tribunal Supremo, sea forzado a dejar la presidencia cobraron fuerza en estos días. Con menos de un año en el cargo que obtuvo tras el impeachment a Rousseff, el mandatario dijo públicamente que no va a renunciar, denunció que las pruebas en su contra fueron adulteradas y prometió que dará batalla.

    “Si me quieren ver afuera, me van a tener que derribar”, dijo Temer el martes al diario “Folha de São Paulo”. Ayer miércoles, el presidente brasileño recurrió al Ejército para contener las manifestaciones que se estaban produciendo en la capital del país.