La “cursilería moral”

“A los militares algunos los están llamando. Creo que deben seguir como hasta hoy en el cuidado de los perímetros de las cárceles. A lo sumo pueden apoyar en la logística y el material con traslados, helicópteros, apoyo. No más. Es que el péndulo de la historia a veces hace perder perspectiva. En especial a los que miran el árbol y no el bosque o los que echan la culpa a los demás”. (Senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, “La Diaria”, lunes 28)

Son todas declaraciones a propósito del estado de la “inseguridad pública” en el que hoy vivimos todos los uruguayos. A mi criterio es la secuencia de afirmaciones más extraordinaria que se haya producido desde que el problema se instaló en la agenda nacional (¿hace cuántos años?) por dos motivos: el primero es que, según este semanario, fueron formuladas en el término de 24 horas hábiles (viernes 25/lunes 28); el segundo es el espacio desde el cual se formulan cada una de ellas: un blanco, un colorado, un policía y un frenteamplista.

Quienes tenemos más de 50 años fuimos testigos presenciales del período inmediatamente anterior al golpe de Estado que, desde febrero de 1973 fue fogoneado lentamente entre todos los cocineros del país para ser servido al pueblo uruguayo en una bandeja de plata el 27 de junio de 1973. Quienes aún no llegaron a los 50 años tienen acceso a decenas de libros de “historia reciente” de todo pelo, color, orientación y denominación de origen. Quienes ni tienen más de 50 años ni se interesaron mínimamente en el asunto, no deben seguir leyendo estas líneas si quieren mantener a salvo sus tan fácilmente conquistadas tranquilidad cotidiana y ciudadana paz interior.

Quienes se atrevieron a seguir leyendo (como quien se atreve a seguir escribiendo) saben que el golpe del 73 tuvo, como todos los golpes de Estado en cualquier país y en cualquier momento de la historia, múltiples causas, orígenes y motivaciones.

Dentro de esa multiplicidad, todos, por unanimidad y aclamación, tenemos el imperativo intelectual y moral de aceptar que uno de los motivos del golpe fue la “inseguridad pública”. Porque todos sabemos que en aquellos años nadie podía caminar tranquilo por las calles, dado que esas mismas calles eran el campo de batalla de dos, tres, cuatro o cinco fuerzas armadas (según el momento de que se trate y según la bibliografía consultada): una era la Policía, otra eran las Fuerzas Conjuntas, la tercera podría haber sido la del Escuadrón de la Muerte, la cuarta era el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y la quinta el OPR-33.

Fue esa inseguridad pública la que llevó al presidente Jorge Pacheco Areco a aplicar los arts. 161 a 168 de la Constitución de la República (que no son ni “medidas” ni “otorgadas” ni “ratificadas por el Parlamento de la República”, como pretende el senador del Partido Nacional; son normas constitucionales que no necesitan más que el pronunciamiento que en su momento obtuvieron del soberano y que nunca fueron derogadas ni modificadas por él).

Fue esa inseguridad pública la que impulsó a Wilson Ferreira Aldunate a votar la Ley de Seguridad del Estado por la cual se creó la figura de las “Fuerzas Conjuntas”, esas mismas a las que ahora el senador Pedro Bordaberry no quiere volver a ver conjuntadas actuando en las calles.

Fue esa inseguridad pública la que desembocó en atroces violaciones de los derechos humanos que con tan buen criterio quiere proteger el Inspector Mayor (r) Luis Mendoza, las mismas que destrozaron —y siguen destrozando— a miles de familias uruguayas.

Fue esa inseguridad pública la que determinó que “una parte represiva de la violencia del Estado” actuara contra la delincuencia “porque si no lo que surge es mucho peor. La justicia por la propia mano es menos progresista que cualquier otra cosa”.

Fue esa inseguridad pública la que determinó que —maquillada por distintos sistemas ideológicos— produjera ese macabro y sangriento festival de justicia por la propia mano que vivió el Uruguay desde fines de los 60 y hasta principios de los 80. Lo destacable es que las declaraciones públicas que motivan estas líneas no son de la década de los 60, ni de los 70, ni de los 80. Son de fines de mayo de 2012. Y lo más extraordinario es que, de todas ellas, las más acertadas, las que —en términos relativos— demuestran más cabalmente haber aprendido algo durante los 30, 40 o 50 últimos años, son las del presidente de la República, un hombre que conoce hasta el más mínimo detalle las consecuencias que tiene para una sociedad la justicia por la propia mano como sistema de Justicia.

Los responsables de las cuatro declaraciones que motivan estas líneas lo hacen desde muy distintas posiciones. El senador Larrañaga es hoy un actor político de primera línea que, el 27 de junio de 1973, hacía menos de dos meses que había cumplido 17 años. El que trata de evitarlo es el senador Bordaberry, hoy otro actor político de primera línea que en junio de 1973 acababa de cumplir 13 años y que, además, es uno de los hijos del fogonero que en febrero del 73 se quedó tan solo que terminó siendo el mozo que le sirvió el plato de la dictadura al pueblo uruguayo en el mes de junio siguiente. Los otros dos declarantes, que juegan desde el (pseudo) oficialismo, prenden intermitentes luces amarillas.

Pero cuando ponen en el debate términos como “medidas prontas de seguridad”, “violación de los derechos humanos”, “fuerzas conjuntas” y “justicia por la propia mano”, los cuatro están hablando sobre el límite de las instituciones. Y las instituciones son como un cristal: lleva mucho tiempo crearlas y darles forma para que adquieran esa dureza que las hace brillantes y transparentes. Pero como todo cristal, son tan frágiles como duras. Se pueden romper por el más mínimo error de cualquiera de sus integrantes, que somos todos. Nadie como el actual presidente de la República para dar fe de esta afirmación.

Los cuatro invocan implícitamente al mismo tiempo que eluden deliberadamente un concepto simple, básico, elemental e imprescindible: represión.

Durante los últimos 35 años nuestra sociedad ha desarrollado anticuerpos fabulosamente eficaces, eficientes y potentes para evitar tomar posición respecto del concepto de represión. Mucho podría decirse sobre el origen de esos anticuerpos; aquí solo diré que sus fundamentos, su legitimación y su legitimidad, son el lamentable resultado de un repugnante sistema de ideas que desemboca en algo que, a riesgo de equivocarme (y a la espera de mejores opciones), calificaré de cursilería moral. Es ese sistema de ideas según el cual bastan solo dos sinapsis para convertir al victimario en víctima, un sistema de ideas según el cual, si el victimario es menor y pobre y la víctima es mayor de edad y de clase media, la responsabilidad no es del (supuesto) victimario sino de la sociedad toda, de la cual no está excluida la víctima que pasa a ser la principal sospechosa del delito cometido por el delincuente.

Esa cursilería moral es la piedra fundamental del código que hoy se aplica a los menores y adolescentes. Y el otro código, el que redactó Irureta Goyena, es un Código Penal redactado por un fino jurista mientras navegaba, muy distendido, en un transatlántico que lo traía de Europa a Montevideo en 1933.

De modo que todo está perfectamente dispuesto para que los uruguayos (presidente de la República, ministro del Interior, ministros todos, legisladores, líderes políticos y ciudadanos en general) perdamos por completo de vista que la represión es una de las funciones elementales del Estado. Tanto como la administración de Justicia, las relaciones internacionales y la defensa nacional.

El Uruguay actual, con su economía tan opulenta, sus tasas récord de crecimiento, su increíblemente bajo índice de desocupación y las inversiones extranjeras más exuberantes de los últimos 80 años, se debe a sí mismo aprender cuatro lecciones básicas que cualquier uruguayito de 14 años aprendería en un santiamén si se las explican como se debe. Este Uruguay debe aprender a educar, a relacionarse sin ideología y con pragmatismo con el resto del mundo, a aprovechar al máximo las oportunidades que le presenta la historia y a reprimir.

Con esas cuatro cosas aprendidas, nuestro país sería realmente lo que muchos creen que ya es y en realidad estamos lejísimo de ser. Hemos recorrido la parte más fácil del camino aprovechando a medias motores ajenos que durante años trabajaron gratis para nosotros. En 9 años solo barrenamos olas como los niños; ni siquiera hicimos surf como los jóvenes. Nadie se animó a pararse en una tabla porque nadie sabía qué sentido podía tener correr el riesgo de terminar revolcado, aun en la seguridad de que no saldría del agua con ningún hueso roto y menos que se ahogaría. No hicimos nada con energía o iniciativa propias (¿las tenemos?). Lo más doloroso es que ya es tarde. Los motores ajenos se están apagando y nosotros ni siquiera empezamos a pedalear con nuestras propias piernas. Hemos estado estos últimos 9 años tan obnubilados por los precios de los productos de nuestra tierra y la inversión extranjera que no vemos que se nos viene la noche y quedaremos a disposición de nuestros vecinos y nuestros ignorantes. De los delincuentes estamos a total disposición desde que, con esos recursos intelectuales que siempre les subestimamos, tomaron conciencia (hace también 8 o 9 años) que, dada la manifiesta decisión gubernamental de no reprimirlos, tienen muchos más beneficios que obtener de su profesión, que perjuicios a sufrir por la aplicación de una legislación mitad obsoleta y mitad transida por un creciente reblandecimiento moral.

Dr. Carlos Rauschert Pareja

BCA 65265