La denuncia del vicepresidente del Tribunal de Cuentas

Según lo trascendido, el vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la República y ministro de ese cuerpo en representación del Frente Amplio, Cr. Enrique Cabrera, compareció ante la Fiscalía de Delitos Complejos a fin de entregar allí copia del expediente del organismo en relación con la extensión del contrato del estado con TCP, así como de las auditorías realizadas en la ANP y de las grabaciones de las sesiones Tribunal en las que el tema fuera analizado.

Analicemos lo que Cabrera ha hecho, y lo que puede haber desatado.

El TCR no dicta actos de naturaleza jurisdiccional, sino administrativos, pero lo hace de la misma manera en que operan los órganos colegiados judiciales, apuntando a un consenso o a una resolución por mayoría, la que termina por ser voluntad del órgano (aún admitiendo la publicidad de la eventual discordia).

“Roma locuta, causa finita” es la expresión foral de San Agustín que resume, desde el siglo IV d. de C. lo que hoy denominamos principio de seguridad jurídica: el basamento sobre el cual se erige tanto la legítima autoridad de los tribunales como la certeza de las transacciones individuales.

El Cr. Cabrera y sus conmilitones están, en este sentido, abriendo un camino nuevo: el de hacer públicos los diversos informes que van conformando la inclinación de los integrantes de los cuerpos colegiados, los encontrados documentos que deben analizar… y aún las discusiones que mantienen en sus sesiones de trabajo, dando así a todos estos elementos y ante la opinión pública el mismo plinto de autoridad de que goza la resolución finalmente adoptada.

Este virus conceptual ya ha salido del laboratorio, y la ignorancia institucional que lo creara infectará, con el tiempo, las resoluciones a las que arriben otros órganos colegiados, aún más sensibles a las libertades ciudadanas, como lo son los jurisdiccionales: tribunales de apelación, Suprema Corte de Justicia o Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

¿Qué podría oponerse ahora, en estos ámbitos, a la inclinación bárbara de publicitar las dudas, discusiones, argumentos encontrados o arrepentimientos expresados en sesiones, horadando la autoridad de la cosa juzgada? Así ha ocurrido, por cierto, con la resolución del TCR y la filtración de esta grabación, ya hoy de dominio público, con la que el Cr. Cabrera expusiera su falta de serenidad y respeto propios de una jerarquía institucional que desmereciera y agraviara.

Así, el comportamiento del Cr. Cabrera y el de los integrantes del TCR que lo apoyaran por razones partidarias es, por tanto, bochornoso y censurable: lo exhibe como inadecuado para trabajar en términos de lealtad institucional para con sus pares, amenazante para la libertad de opinión de los cuerpos técnicos del organismo, e ignorante de los valores a preservar cuando se integran cuerpos tutelares como el de este caso.

A la luz del daño así inferido a las instituciones, nada cabe decir respecto a las motivaciones pobremente ensayadas por el Cr. Cabrera respecto a “prevenir eventuales irregularidades”: muchos recordamos cuando, en ocasión de observar no una sino dos veces el TCR la compra de un afamado “avión multipropósito” por parte de la Presidencia de la República, se reiterara el gasto en consonancia con la jubilación del ministro Oscar Grecco, a los solos efectos de que llegara al cuerpo en 2017 el ministro Miguel Aumento y, de su mano, el voto que revirtiera las anteriores decisiones.

No contamos entonces con el entretenimiento de oír las grabaciones de tan histórica sesión, y me alegro de que así sea.

Dr. Álvaro Diez de Medina