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    La dictadura, ¿de 1968 a 1985? (I)

    Un amigo me alertó hoy de un artículo que publicó Juan C. Nogueira, Ph.D., en Búsqueda. El artículo se refiere a las “Víctimas del terrorismo de Estado”, comentando que, recientemente, el Estado uruguayo. entregó los documentos que certifican la condición de víctimas del terrorismo de Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 18 de febrero de 1985. Como bien dice el Dr. Nogueira, la Ley 18.596, del 18 de setiembre de 2009, se titula “Repáranse integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”: (Lo resaltado es nuestro). El artículo 2 de dicha Ley, bajo el título “Reconocimiento por parte del Estado” reza: “Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional (lo resaltado es nuestro)”. La Ley da a entender que la dictadura comenzó en el gobierno de Pacheco Areco, en 1968, y afirma que la utilización de las Medidas Prontas de Seguridad (artículo 168, inciso 17, de la Constitución de la República) en ese período obedeció a, o se inspiró en, la Doctrina de la Seguridad Nacional, que fue un invento de la dictadura a partir del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

    Esto es una mentira aberrante y me causa la más profunda indignación, por lo cual, en nombre de mi familia, la justicia, la historia y la verdad expreso el más absoluto repudio ante este atropello. Desconocía el alcance de la Ley 18.596 y, en particular su artículo 2, pero nunca es tarde para poner las cosas en su lugar.

    El golpe de Estado y la disolución de las cámaras ocurrió en junio de 1973, aunque ya en febrero de ese año los militares se habían sublevado, emitiendo comunicados que la entonces CNT aplaudió y respaldó. Desde 1968 hasta entonces, el país vivía en plena democracia. Había democracia en el marco de una violencia brutal e inédita en la historia del país, instaurada por los tupamaros y el Partido Comunista. La primera acción armada de los tupamaros fue en 1963, en pleno gobierno blanco, con el robo de armas al Club de Tiro Suizo. A Pacheco Areco, que accedió a la Presidencia de la República por el fallecimiento del entonces presidente (el general Gestido) en diciembre de 1967, le toca enfrentar a la subversión y lo hace dentro de la Ley y la Constitución, hecho este reconocido hasta por el propio General Liber Seregni, que en el libro de Samuel Blixen “Seregni, la mañana siguiente” (1997) dijo: Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”. Durante el gobierno de Pacheco Areco no hubo ninguna actuación ilegítima del Estado. Se puede discrepar con lo actuado, pero no se puede discutir su legitimidad.

    Pese a la despiadada guerra subversiva, en el gobierno de Pacheco Areco había separación de poderes. En 1971, se fundó el Frente Amplio (“FA”) y se creó el movimiento 26 de Marzo, brazo político de los tupamaros, que integró la coalición. El FA, con el 26 de Marzo, participó de las elecciones de 1971 (que las hubo, claro!) bajo el lema PDC y se extendió el horario de votación para que ningún uruguayo se quedara sin votar. Pacheco Areco ganó las elecciones, pero como la Constitución no admitía, ni admite, la reelección presidencial, acató el fallo del soberano y no se quedó en el gobierno ni un minuto más de lo que marca la Constitución. No hizo como el gobierno actual, el FA y el PIT-CNT, que desoyen el mandato del soberano y no respetan la Ley de Caducidad. Es más, en marzo de 1972, Pacheco se fue del país para no transformarse en un factor de poder e influenciar con su presencia las decisiones del gobierno legítimamente electo. Durante el gobierno de Pacheco Areco, la oposición democrática al gobierno actuaba libremente y el entonces senador Wilson Ferreira Aldunate interpelaba exitosamente y volteaba a los ministros. Los tupamaros detenidos por la policía entraban a los despachos de los jueces sin esposas, ni custodia y se escapaban por las ventanas para volver a la clandestinidad y el delito. ¿En qué dictadura pasa eso?

    Debido al estado de excepción que vivía el país por la guerra infame llevada adelante por los tupamaros, que mataban, incendiaban, dinamitaban, robaban y secuestraban, a Pacheco Areco le tocó gobernar apelando a las Medidas Prontas de Seguridad, que son un mecanismo establecido en la Constitución (artículo 168, numeral 17) y existen en la misma desde 1830. Las propone el Poder Ejecutivo, pero las aprueba y las levanta el Poder Legislativo, que es el dueño de las medidas. La guerra cobarde y salvaje, insuflada desde el extranjero para derrocar la democracia uruguaya e instaurar en el país un régimen socialista marxista, a la cubana, obligó a Pacheco a una lucha que él no quiso, ni pidió. Y lo hizo con los recursos legales y constitucionales a su alcance. Quien diga lo contrario miente descaradamente. Además, quienes históricamente atacan las Medidas Prontas de Seguridad que le tocó utilizar a Pacheco, con la aprobación del Parlamento, son unos hipócritas. Cuando se hizo la reforma constitucional de 1997, ninguno de los representantes de la izquierda uruguaya en la comisión extraparlamentaria que tenía el tema a estudio (Michelini, Sarthou y Korzeniak) dijo ni una sola palabra sobre las Medidas Prontas de Seguridad. Tal vez hubiera sido una buena oportunidad para proponer modificarlas, erradicarlas o limitarlas, ¿no? Pero nadie dijo nada.

    Asimismo, el artículo 7 de la Constitución, refiriéndose a las garantías individuales dice: “Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establezcan por razones de interés general”. Y vaya que hubo razones de interés general para dictar leyes que suspendieron temporalmente dichas garantías, por culpa pura y exclusivamente de la guerra cobarde que los tupamaros y comunistas emprendieron contra la democracia uruguaya entre 1968 y 1973! Sin embargo, el pueblo uruguayo aprobó masivamente la gestión de Pacheco Areco otorgándole más de 550.000 votos en las elecciones de 1971, haciéndolo uno de los hombres individualmente más votados en la historia del país. Los tupamaros, los comunistas y el FA resultaron vencidos, les guste o no les guste. Triunfó la libertad y el Estado de derecho.

    En cuanto al terrorismo de Estado o su accionar ilegítimo, no hay duda que el gobierno de Pacheco Areco no hizo nada de lo que prevé el artículo 2 de la Ley 18.596. Paradójicamente, lo que prevé la Ley en su artículo 2 es precisamente lo que hicieron los tupamaros en esa época y por lo que jamás pidieron perdón a los uruguayos, ni exhibieron arrepentimiento o remordimiento alguno. Pero, para seguir en tema de definiciones, convengamos que también es terrorismo de Estado desconocer el mandato del soberano cuando se desoyó dos veces al pueblo en su pronunciamiento sobre la Ley de Caducidad. Hay terrorismo de Estado cuando el ex presidente Vázquez dice que las mayorías no siempre tienen la razón. Es terrorismo de Estado asediar a los medios de prensa por publicar lo que sucede y manejar borradores de leyes sobre lo que los medios pueden difundir y lo que no. Hay terrorismo de Estado cuando el gobierno libera a los delincuentes y no protege a los ciudadanos honestos y trabajadores, aduciendo que la culpa de la delincuencia es de la sociedad capitalista. Hay terrorismo de Estado cuando este no existe y, para dirimir sus diferencias, el hombre es el lobo del hombre. Cuando se vive en una suerte de zoológico al revés, donde los animales salvajes andan sueltos por la calle y las personas decentes viven tras las rejas y las alarmas. Hay terrorismo de Estado cuando éste somete a sus pobladores al flagelo de la droga, sin hacer nada al respecto. También es terrorismo de Estado el darle un subsidio sin contraprestación a quienes no trabajan, con lo cual estos pierden el hábito de hacerlo y se genera una dependencia esclavizante del Estado, condenando a toda una clase a la pobreza perpetua, que luego recae en sus sucesores. Es terrorismo de Estado la destrucción de la enseñanza pública, único medio para que los jóvenes de clases menos pudientes puedan salir de la pobreza y tengan una esperanza de vida razonable. Es terrorismo de Estado tolerar la dictadura del PIT-CNT, que hace lo que quiere con el gobierno legítimamente electo, no deja trabajar a quienes quieren hacerlo y se pronuncia y moviliza constantemente sobre temas que nada tienen que ver con el trabajador y las condiciones de trabajo. Hay terrorismo de Estado cuando la justicia no respeta la ley y la Constitución, aplicando la ley penal en forma retroactiva, en un ataque sin precedentes a la seguridad jurídica del país. Hay terrorismo de Estado cuando hay presos políticos, como el Dr. Juan Carlos Blanco, que, con 77 años de edad y un estado de salud precario, está preso desde el 2002 sin una sentencia firme (cosa juzgada), negándosele el beneficio de la prisión domiciliaria. En fin, la lista no es corta, pero, para muestra, basta un botón.

    Es hora de terminar con la mentira y asumir las responsabilidades. Los únicos que violaron los derechos humanos entre 1968 y marzo de 1972 y actuaron ilegítimamente fueron los tupamaros, que llegaron a enterrar gente viva, como el diplomático brasileño Dias Gomide y asesinaron despiadadamente, entre otros, al peón rural Pascasio Báez, primer desaparecido de la historia del Uruguay. La lista de barbaridades cometidas por quienes hoy nos gobiernan no es corta y, si insisten, la discutimos cuando quieran.

    Jorge Pacheco Klein

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