La eventual inconstitucionalidad de leyes de Pluna puede derribar la estrategia del gobierno pero sin beneficiar a los acreedores

Esto no es novedoso, ya que en el acuerdo en el que se trató la inconstitucionalidad del Impuesto a la Contribución de Inmuebles Rurales uno de los ministros cambió su voto. En ese caso existía una mayoría de tres a dos en contra de la norma y luego de escuchar los argumentos de los colegas esa mayoría terminó siendo de 4 a 1.

La fórmula seleccionada para lograrlo fue crear un fideicomiso que adquiriera los siete aviones Bombardier CRJ 900 que pertenecían a Pluna para “subastarlos extrajudicialmente” con un precio base de U$S 135 millones, equivalente a la deuda que la aerolínea mantenía con el Bank of Nova Scotia y de la que el Estado era garante.

La ley fue cuestionada por la oposición durante el debate parlamentario porque consideraba que el Estado se favorecía a sí mismo y perjudicaba a los acreedores, al dejar fuera del concurso los bienes más valiosos de la empresa.

El senador Pedro Bordaberry llegó a calificar de fraude la actitud de los directores de Pluna SA que votaron la enajenación de los siete aviones a favor del fideicomiso. El Directorio de la aerolínea, luego de que se acordara la desvinculación de Leadgate, quedó representado por Pedro Apezteguía, director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pablo Ferrer, director general de Secretaría del Ministerio de Transporte, Marcelo Alonzo, asesor de Pluna Ente Autónomo, y los tres directores de Pluna Ente Autónomo: Fernando Pasadores, Ignacio Berti y Daniel Delgado (Partido Nacional).

“Perjudicaron a la sociedad anónima que estaban representando cuando estaba en vías de concursarse, de entrar en liquidación judicial. La perjudicaron a ella y, por la transitiva, a sus acreedores (...) Si se analiza el acta del 9 de julio se puede apreciar que hay un claro accionar en contra de los intereses de la sociedad anónima y de la masa concursal”, aseveró el líder de Vamos Uruguay en una reunión de la Comisión de Transporte del Senado.

A los cuestionamientos de la oposición se sumaron recursos de inconstitucionalidad de particulares afectados por la ley pero el gobierno siguió avanzando.

Tras dos intentos frustrados de subastar los aviones, el gobierno apuntó a los ex trabajadores de la aerolínea como la mejor solución. Para eso aprobó el 22 de enero de 2013 la ley 19.057, que habilita al fideicomiso a “contratar en forma directa la enajenación, arrendamiento o leasing de los bienes fideicomitidos, en forma total o parcial, a favor de sociedades comerciales o cooperativas constituidas o integradas por trabajadores o ex trabajadores de la empresa Pluna SA o en las que éstos participen o se asocien a cualquier título”.

El 10 de setiembre Alas Uruguay, la empresa conformada por los ex trabajadores de Pluna, firmó con el fideicomiso la compra de tres aviones Bombardier CRJ 900 por U$S 47 millones que comenzarán a pagar en 10 cuotas después del tercer año de operación. Los trabajadores esperaban que el Fondo para el Desarrollo (Fondes) les otorgara un préstamo de U$S 15 millones y, con parte del cuerpo gerencial ya contratado, comenzaba a prepararse para poder comenzar a volar en abril de 2013.

El fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia pone en duda todo ese proceso.

Consecuencias.

Fuentes allegadas al caso dijeron a Búsqueda que de declararse inconstitucional la ley “se desmorona completamente toda la construcción del gobierno” para la salida a la crisis de Pluna. Los informantes recordaron que no se trata de una sino de dos leyes las que son impugnadas: la 18.931 y la 19.057.

Para diseñar ese “complejo andamiaje” —como lo calificaron las fuentes— el gobierno contrató al abogado Ricardo Olivera.

Las fuentes dijeron que el fallo de la Corte no necesariamente favorecerá a los acreedores. Si bien entraría al concurso “un activo muy importante” recordaron que el Estado falló en dos intentos de subasta.

“Si hubiera una demanda real por estos aviones, ya se hubieran vendido. El que le dijo que no al Estado fue el mercado”, explicaron.

Mientras los aviones no sean vendidos, cada mes se tendrán que invertir U$S 400.000 mensuales de la masa de activos para mantenerlos en condiciones de volar.

Además sostuvieron que Alas Uruguay no necesariamente perderá los tres aviones que compró al fideicomiso. Esa situación es para las fuentes al menos discutible.

“Pueden presentarse diciendo que son compradores de buena fe, que firmaron un contrato con un fideicomiso que en ese momento estaba legalmente constituido. El sistema jurídico siempre protege al actor de buena fe”, dijo una fuente.

“Va a llevar un tiempo acomodar el mapa”, concluyó.

Desde el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y Alas Uruguay declinaron hacer declaraciones hasta que salga el fallo de la Corte.