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En el circuito cotidiano que no va más mucho más allá de la casa presidencial de Suárez y la Torre Ejecutiva, Luis Lacalle Pou se siente enjaulado. Acostumbrados a trillar sus departamentos, varios intendentes están igual. Azucena Arbeleche y sus compañeros del equipo económico han intentado mantener como rutina la reunión semanal en el despacho de la ministra, pero parte de la agenda de los jerarcas pasó a la virtualidad, como la de cualquier hijo de vecino desde que apareció el Covid-19. Sus coches oficiales a veces quedan en el garaje o están horas estacionados esperando viaje; los choferes se aburren como nunca. Pero otra parte —mucho más numerosa— de la flota de vehículos del Estado continúa activa, como las patrullas policiales, las ambulancias de ASSE o los camiones municipales de recolección de basura.
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La gran mayoría de los vehículos oficiales están controlados en tiempo real con un software que monitorea su consumo de combustible y el recorrido que hacen. Aunque algunos cambios pueden estar influidos por la incorporación tardía de los coches de algún organismo, las estadísticas de este sistema —el Sisconve, gestionado por Ancap— permiten analizar la movilidad que tuvo esa flota en tiempos de emergencia sanitaria.
Los datos entregados por Ancap a Búsqueda en respuesta a un pedido de acceso a la información pública sugieren que la circulación se comportó de forma muy parecida que la movilidad comunitaria general: bajó enseguida de declarada la emergencia en marzo del 2020 y tendió a normalizarse unos meses después (aunque volvió a retraerse al inicio del 2021, cuando se aceleraron los contagios y las autoridades alentaron medidas de cuidado sanitario). Además de la cuestión del SARS-CoV2, otro factor que pudo haber jugado es un uso más cuidadoso de los coches del Estado para cumplir con el tope de gasto de funcionamiento —del 85% respecto al ejercicio de 2019— establecido por el nuevo Poder Ejecutivo en uno de sus primeros decretos, bajo el lema de la “austeridad”.
La flota total abarcada por el sistema de control vehicular era de 14.785 en enero del 2018 —el primer dato informado en la respuesta de Ancap— y terminó ese año en 16.047. El aumento obedece, en parte, a que el Sisconve incorporó a alguna repartición estatal o amplió la cobertura en otras que ya estaban adheridas. En los años siguientes la cifra se ubicó algo por encima de 16.200, con un pico de 16.524 en julio del 2019; el último dato proporcionado es 16.275, de marzo pasado.
En números gruesos, aproximadamente siete de cada 10 vehículos pertenecen al Ministerio del Interior —que el viernes 14 informó la adquisición de 70 autos, 105 camionetas y 43 motos—; el resto corresponde a otras secretarías de Estado, a las intendencias departamentales, a empresas públicas y a demás organismos públicos.
Al afilar la tijera para cortar gastos con el propósito de corregir el déficit fiscal, el nuevo gobierno mencionaba en sus planes los autos del Estado. “Los pesos chicos son los que hay que cuidar, porque los grandes se cuidan solos. Yo tengo ese compromiso, el respeto al contribuyente. Es inentendible que Uruguay tenga 15.000 vehículos. Vamos a tener menos flota oficial. Voy a ser riguroso en eso y los ministros lo saben. También lo van a saber los presidentes de las empresas públicas. El horno no está para bollos. No estamos en momentos de holgura”, dijo Lacalle Pou en una entrevista con El Observador publicada apenas investido en el cargo.
Recorrido
En los planes del mandatario también estaba mantener reuniones periódicas —un “pico a pico”— con sus ministros y hacer recorridas sin previo aviso por todo el país, para que el “uruguayo sienta que cuando se levanta hay un presidente que le habla a la oreja, que lo quiere, que lo respeta, que está ahí”. Pero todo se complicó con el Covid.
En especial en los primeros meses de la emergencia sanitaria, varios ministros y otros jerarcas con auto a disposición pasaron a teletrabajar algunos días a la semana. De todos modos, el trasiego de documentos dio un poco de tarea a los choferes. Y, por su lado, en algunos momentos los policías tuvieron más patrullaje, por ejemplo, para disuadir aglomeraciones.
De la base del Sisconve surgen también estadísticas del consumo de combustible —en millones de litros— por parte de esta flota oficial: se utilizaron 49,1 en todo el 2018, 51,7 en 2019 y 45,8 en el año en que explotó la epidemia de Covid (y casi 11 millones en el primer trimestre del 2021).
Aunque puede haber elementos relacionados con la eficiencia en la conducción o de tipo tecnológico en los vehículos, el consumo mensual de nafta o gasoil insinúa una —previsible— menor movilidad en el contexto de la emergencia sanitaria. En 2020 fueron 3,8 millones de litros, en promedio, frente a los 4,3 millones del año (electoral) previo y los casi 4,1 del 2018. Y el freno de la flota monitoreada por el Sisconve, luego de que el coronavirus llegó al país y empezaron a desalentarse los contactos físicos, parece evidente en la evolución del uso de combustible mes a mes: cayó de 4.036.058 litros en febrero del 2020 a 3.726.834 en marzo y a 2.581.461 en abril de ese año, el mínimo en toda la serie entregada por Ancap (ver gráfica). Calculando un rendimiento de 15 kilómetros por litro, el recorrido medio de cada unidad en ese mes fue de 2.353 kilómetros, muy por debajo (-41%) de los 3.960 del promedio de 2019.
El ente denegó datos desagregados por cada dependencia pedidos por Búsqueda. En la resolución de la Secretaría General de Ancap alega que los convenios suscritos con los distintos organismos públicos para la integración de sus respectivas flotas al Sisconve contienen una cláusula que impide divulgarlos: “Todos los datos emergentes del Sistema, en cuanto a unidades, consumos, kilometrajes realizados, horarios, conductores y demás datos emergentes del mismo, son confidenciales y privativos del cliente. Por lo tanto, Ancap, sin el previo consentimiento escrito del cliente, no podrá suministrar ninguna información a terceros”. Eso encuadra en el literal “c” inciso I del artículo 10 de la Ley Nº 18.381 (“estar amparada por una cláusula contractual de confidencialidad”), explica.
Ahorro
En la menor circulación hay un ahorro que se conocerá con la próxima Rendición de Cuentas y balance de ejecución presupuestal del 2020. Algunos jerarcas cuentan con eso: en julio de ese año el ministro Javier García celebró que en ese momento toda la flota de Defensa Nacional había quedado vigilada, cuando “este era un ministerio en el que solo el 5% de los vehículos pertenecientes a la sede de la Secretaría de Estado, donde funciona la parte administrativa, tenía el Sisconve”. Estimó con ello un 30% de “ahorro de los dineros públicos, en un momento donde a su vez el Ministerio de Defensa está llevando adelante una tarea muy fuerte en frontera, donde justamente uno de los gastos más grandes (…) es el de combustible”.
La búsqueda de eficiencia —por la vía de la fiscalización, para cortar con la entrega sin control de los problemáticos “vales” de combustibles— fue un propósito central de la creación del Sisconve, en 1998, y del desarrollo que se le dio al sistema a partir del 2011.
Las gasolinas son el segundo rubro en importancia entre los “gastos de suministro” en el conjunto de la administración central, aunque en los ministerios de Defensa, Interior y Ganadería los superan los consumos de electricidad, gas, agua o telefonía. En 2019, los tres poderes y los demás organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional destinaron unos US$ 33,6 millones —calculados al tipo de cambio promedio de ese año— para poner a andar sus vehículos.
¿Campaña en la ruta?
Las estadísticas mensuales del Sisconve muestran cierta estacionalidad en la circulación de la flota oficial: los kilómetros recorridos bajan en verano, probablemente por las licencias de los funcionarios (algo similar puede inferirse de meses de vacaciones en la educación). Además, algunos organismos aprovechan esas fechas para hacerle mantenimiento a los vehículos, que salen de rodaje.
Aunque la serie del Sisconve entregada es relativamente corta (casi 40 meses), también se ve cierto incremento del uso de la flota en la segunda mitad de cada año. El máximo consumo mensual de combustible en total y promedio por vehículo se produjo en octubre del 2018 (4,8 millones y 302 litros, respectivamente), y fue muy similar en ese mismo mes de 2019 y en el noviembre siguiente (4,7 millones y 289). Era tiempo de darle el último empujón al período de gobierno y de campaña electoral.
