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    La función notarial

    Sr. Director:

    Hace pocos años atrás, en medio de una lucha por preservar nuestro sistema de salud, envié a esta misma sección una carta advirtiendo lo que significaba la idea del notariado uruguayo de querer mantener un sistema que, como ningún otro, era bueno, justo y solidario, donde cada uno aportaba de acuerdo a lo que ganaba, pero todos recibiendo el mejor servicio; y en su lugar se pretendió (y lograron) insertarnos en un sistema público inseguro, tambaleante, mucho más caro y donde el buen servicio solo sería accesible para quienes estuvieran en condiciones de pagar por separado una cuota extra para poder mantener la calidad asistencial existente. Por eso pedíamos “No destruir lo que funciona bien”; pero la tozudez del gobierno nos superó.

    Agregábamos que la situación era más grave porque ello se adosaba a la excesiva y creciente responsabilidad en aspectos fiscales y la solidaridad gratuita en que se nos fue insertando, conjuntamente con las absurdas disposiciones que fueron convirtiendo al escribano en un detective que debe averiguar de dónde proviene el dinero de una persona que va a comprar una propiedad, aunque ese dinero provenga de un banco, lo que es técnicamente absurdo.

    Esas inquietudes por lo formal y lo meramente administrativo obligan a una actividad extra-notarial y van haciendo decaer la esencia de la función, descuidando el estudio sereno de los aspectos vinculados al Derecho sustancial, y así, en beneficio de otros, se va perdiendo la faz de jurista que ha caracterizado a nuestro notariado en la historia.

    Se amenazó asimismo soslayar la aplicación del arancel, como hábil mecanismo para agredir la economía de la Caja Notarial y desnaturalizarla como sistema jubilatorio ideal; y seguramente con el deseo de su desmantelamiento para que el BPS se quede con nuestros fondos, algo que ya había logrado parcialmente en su momento la dictadura militar.

    Hasta un presidente (obviamente ignorante) al volver de Australia dijo que ese país funcionaba bien “porque allí no hay escribanos”, demostrando que, cual filósofo de boliche, no sabe distinguir entre lo latino y lo sajón… o, lo que es peor, quizás prefiera este último porque lo puede manejar con un verticalismo adecuado a su ideología.

    Conozco las razones que se esgrimen para transformarnos en gratuitos controladores de lo que el Estado no quiere o no sabe o no puede controlar.

    Yo estoy jubilado y, en tal sentido, tranquilo de no tener que ejercer en medio de este fango atentatorio contra la esencia funcional del notario-jurista como es el escribano latino; pero observo con desazón a amigos y familiares que ejercen la función y viven en una creciente crisis de lógico estrés proveniente de otro absurdo que afecta al ejercicio profesional: la bancarización obligatoria que absorbe al profesional y generalmente no siempre es entendida por el cliente, porque tal sistema (a mi juicio inconstitucional, además de atentatorio contra la libertad democrática de los ciudadanos) termina obligando al escribano a buscar retorcidos vericuetos que le permitan llegar a concretar un negocio real mediante su inventiva para redactar una simple cláusula de pago del precio.

    Ya las consultas entre colegas no están referidas al Derecho de fondo, sino en cómo redactar esa cláusula para que el documento no corra el riesgo de una nulidad.

    A esta altura del año 2019 y por tratarse de un año electoral, solo cabe la esperanza de que los parlamentarios que asuman en 2020 hagan uso adecuado de sus neuronas para ir poniendo las cosas en su sitio en este país, y los escribanos vuelvan a ser los verdaderos fedatarios públicos, defensores del derecho y la justicia, y que los documentos sean fiel reflejo de la verdad en las transacciones.

    Esc. Carmelo Curbelo Soria