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    La “gravedad de los hechos” en el fútbol exige “mano dura” de la Justicia y que dirigentes “corten el flujo económico” a los violentos

    Las maras son organizaciones criminales con origen en Centroamérica que se caracterizan por su violencia y por dominar el territorio en el que actúan. Una mara no se abandona sin sufrir las consecuencias. Quizás esa sea una de las pocas diferencias que el fiscal general Jorge Díaz encuentra entre las maras y la barrabrava de Peñarol: por lo menos algunos líderes de la hinchada aurinegra pudieron abandonarla sin ser asesinados.

    Díaz cree que en el pasado a la violencia en el deporte “no se le dio la magnitud” que tenía y reconoció que en eso “se pecó de ingenuos”. Pero agrega que el problema no era tan grave, que ahora “mutó” y las barras “ya no son hinchas sino delincuentes que utilizan ese contexto para cometer delitos y vivir”, dice. “La gravedad de los hechos y su continuidad, ha despertado la conciencia de los operadores del sistema de que hay que responder con mano dura”.

    En su opinión, la “única manera” de terminar el problema es “cortar el flujo económico”: no más plata ni entradas para los violentos. Es un punto de inflexión, opina. “Los dirigentes del fútbol uruguayo van a tener que decidir a quién quieren en la tribuna: a esta gente o a las familias”.

    Y del lado de la Justicia, dice el fiscal Díaz, “hay que pegarle a todo lo que se mueva” sin que eso “implique recaer sobre la parte más débil y olvidarse de los otros”. 

    —En los últimos meses hubo más de 30 procesamientos de hinchas de fútbol que participaron en hechos violentos. ¿Cambió la estrategia de la Justicia para enfrentar la violencia en el deporte?

    —Hay un cambio cualitativo en la situación, que es lo que en alguna medida amerita el cambio en la respuesta. Es evidente que en los últimos tiempos este fenómeno de delincuentes integrados a las barrabravas creció. Hay algunas premisas básicas que hay que tener claras. Estamos hablando de fútbol y la gente piensa que es un espectáculo público, pero el fútbol es un espectáculo público organizado por un privado. Eso tiene consecuencias en distintos aspectos: primero, en que en la organización, el desarrollo y la finalización el responsable es el organizador. No hay ninguna diferencia entre un partido de fútbol y un espectáculo de rock. La segunda consecuencia es el famoso derecho de admisión, que el único que lo puede ejercer es el organizador. Pretender que las fuerzas de seguridad lo ejerzan es darle la posibilidad de decidir si un ciudadano puede ingresar o no a determinado lugar, y eso sería de dudosa constitucionalidad. Sería lo mismo que colocar a un policía en la puerta de un cine y que diga: “usted entra y usted no”. Creo que sí hay un vacío legal y una necesidad de regular claramente el derecho de admisión, que el organizador es el que lo ejerce y que las fuerzas de seguridad pueden auxiliarlo si necesita aplicarlo. La tercera consecuencia es este fenómeno de las barras que por organizarse para alentar comenzaron a recibir determinadas regalías de los clubes: llámese entradas, apoyo para viajar al exterior o al interior, camisetas. Ese fenómeno fue creciendo no solo en Uruguay, sino en el mundo entero y viene de mucho tiempo atrás.

    —¿Cómo se llegó a la situación actual, con integrantes de la barrabrava de Peñarol procesados con prisión por asociación para delinquir y extorsión?

    —Los barras reclaman cada vez más, al punto tal que no es un ciudadano que trabaja toda la semana y el domingo se pone la camiseta y va al estadio, sino que viven de esto: hacen de ser “director” de la barrabrava su modo de vida y para eso necesitan recibir beneficios económicos. Primero se entregaban entradas, después se buscó un mecanismo más sofisticado, que era hacerlos socios del club sin cobrarles, así podían entrar al estadio sin pagar, y cuando jugaban de visitantes hacían que la empresa de seguridad les permitiera entrar, así no quedaba en evidencia ese proceso de dependencia. También hubo plata, camisetas, fuegos artificiales. O sea, esto es por plata y por poder. Ese fenómeno va creciendo y en determinado momento se hace incontrolable, y cuando lo querés cortar hay presión y amenazas. Ese es el esquema básico en el cual estaba funcionando esta barra. Hay un referente, un líder de la barra y hay gente que cumple sus órdenes. Si ustedes escuchan una de las interceptaciones, el líder le dice: “Yo te cuido, yo te protejo, yo te doy para la moto, para que estés bien”; eso es una organización donde están claramente distribuidos los roles. Y seguramente otros asuman el papel de líderes de los que ahora están presos. Cuando hay un sujeto que desde la cárcel da órdenes, y esas órdenes se cumplen, ves que hay una estructura piramidal muy fuerte. Hay gente que ordena y otra que obedece, en eso tienen parecidos con las maras.

    —¿Encuentra otros elementos similares entre esas pandillas centroamericanas y los barrabravas?

    —Lo otro son los signos de identificación: en este caso es la camiseta, y dentro de esa camiseta, un grupo o una barra, porque a su vez se pelean entre ellos. Además, está la puja por el poder y el ejercicio de la violencia entre ellos por tener el poder. Hay un sentimiento de pertenencia, de no permitir el pasaje a la otra, de no perdonar, aunque en el caso de la barrabrava hay líderes que han podido dejarla. Hasta la conquista de los símbolos: el robar la bandera. Tenés todos los elementos que identificarían a una estructura organizacional y criminal tipo mara. Lo que faltaría es el territorio y hasta en eso hay similitudes, porque tenés la tribuna. Empezás a marcar cuáles son los elementos y terminás con que es mucho más preocupante el fenómeno: hay elementos que las distinguen, pero de lo que hemos visto en Uruguay es lo más parecido.

    —¿Y cómo se revierte eso?

    La única manera de cortar esto es cortar el flujo económico: no plata, no entradas, no socios. De esa manera va a volver la familia al fútbol. En definitiva, los dirigentes del fútbol uruguayo van a tener que decidir a quién quieren en la tribuna: a esta gente o a las familias. Esa es la cruz de los caminos.

    —¿Hay un cambio de actitud de la Justicia?

    —Nosotros teníamos una investigación que se venía desarrollando en la cual los objetivos eran los líderes de las barrabravas. Había hipótesis de que esas personas estaban vinculadas a delitos como narcotráfico, homicidios y otras cosas. Y esa hipótesis sigue, todavía no la pudimos probar, pero se mantiene. ¿Qué fue lo que pudimos probar y judicializar? Que esta gente estaba organizada para ejercer violencias y amenazas sobre los dirigentes para obtener beneficios económicos. Y eso quedó palmariamente demostrado en los hechos del clásico. Para el clásico se cortó la entrega de entradas, lo que fue una pulseada muy fuerte entre esta organización y el club. Entonces los barras desplegaron todo su arsenal de violencia como mecanismo de presión a los jugadores, al Palacio Peñarol y en el estadio. Hubo desmanes en 18 de Julio y en torno al estadio, que fueron ordenados por estos referentes, y la idea era entrar en avalancha. La Policía se enteró y evitó que entraran, por lo que se desencadenaron los hechos en la tribuna —que se hubiesen desencadenado igual pero en mayor magnitud si hubiesen entrado los barras. Entonces, había gente fuera y dentro de la tribuna que obedecía órdenes que venían de la cárcel y de otros lugares. Evidentemente hay una organización detrás.

    —¿La alarma pública que está generando la violencia en el fútbol provocó una respuesta más firme de la Justicia?

    —La gente está preocupada. Creo que la gravedad de los hechos y su continuidad, ha despertado la conciencia de los operadores del sistema de que hay que responder con mano dura. Quince años atrás, en la Justicia existía la concepción de: “bueno, son cosas del fútbol”. Recuerdo a los periodistas justificar los incidentes dentro de las canchas por “las pulsaciones” de los jugadores o “las pasiones del momento”; había una tendencia a banalizar el tema. El problema es que esto ha ido creciendo y mutó totalmente, porque ya no son hinchas sino delincuentes que utilizan ese contexto para cometer delitos y vivir de eso. Eso hace que la respuesta tenga que ser distinta. Creo que, de alguna manera, se pecó de ingenuos y no se le dio la magnitud que tenía. Ahora tenemos este problema y hay que resolverlo.

    —¿La Policía debería entra en las tribunas para controlar los desmanes?

    No voy a entrar en eso porque es una decisión del Ministerio, pero imaginate que si entraban 800 hinchas de la barrabrava gratis y vos metías 800 granaderos, era una batalla campal por fin de semana. Entonces, acá hay un escenario de verdades a medias o mentiras y esta investigación deja negro sobre blanco las cosas claras: acá había un grupo de gente que entraba gratis al estadio y además recibía dinero y otros beneficios. Eso está claro y no lo podemos discutir más. Es más, está la lista de las personas. Se decía: “no sabemos quiénes son”, pero hay una lista de las personas que entraban.

    —¿Qué responsabilidad les cabe a los dirigentes?

    —En este estado de la investigación, nuestra hipótesis actual es que los dirigentes fueron víctimas. Lo que en principio fue un acuerdo voluntario terminó en que los dirigentes fueron cada vez más avasallados, al punto tal que cuando se cortan las regalías a los barras explota todo esto. Ahora bien, una de las cosas que hay que tener claras es que el fútbol es un espectáculo público organizado por privados: regalar entradas no es un delito, ni siquiera es ilícito. Es lo mismo que mañana alguien organice una función de cine e invite a todos sus familiares, o que una empresa organice un espectáculo de rock y regale entradas. No es delito porque es el organizador del evento. Eso desde el punto de vista jurídico, después está toda la discusión política, ética y moral de si hay que dar entradas o no, o si se decían que no se daban y se daban. La única manera de que fuera punible la conducta de los dirigentes es si lográramos probar —y no tenemos ni siquiera atisbo de eso— que se dieran entradas para que se generaran desmanes. Ahora, ¿cuál sería el interés de los dirigentes de que se generaran desmanes? ¿Perder un punto? Sería absurdo decir que los dirigentes están atentando contra su propio club, o contra la AUF, o que pretenden desestabilizar la sociedad.

    —Pero se daban entradas en conocimiento de que no eran solo hinchas, sino una organización, y eso facilitaba el accionar.

    —Lo que facilitaban era, en definitiva, que esa gente asistiera al estadio. Lo que pasa es que ahí hubo un acuerdo inicial de “nosotros les damos esto y ustedes hacen esto”.

    —Si se le da plata y poder a un delincuente…

    —Claro, pero ahí tendríamos que tener claro que los dirigentes perseguían una finalidad, que les daban entradas no para que se portaran bien sino para que cometieran delitos y que, a su vez, con la comisión de esos delitos pretendieran algo. Eso es lo que no está probado.

    —Pero los dirigentes, que de alguna forma “alimentaron el monstruo” al darles entradas y dinero a los barras, ¿no tienen ninguna responsabilidad?

    —Esa puede ser una responsabilidad ética, política o institucional, pero no penal. Por lo menos mientras no podamos probar la conexión de la intencionalidad de unos con los otros.

    —Ahora que está probado que en la barrabrava funciona una organización delictiva, ¿continuar con esa práctica de darles entradas implicaría un delito?

    De ahora en adelante veremos... Ahora hay una lista de 300, el club debería decir: estas personas no pueden entrar más.

    —¿Pero esto es una señal para los dirigentes, no?

    —A partir de ahora esto no se puede negar más. Y tampoco se puede negar que la Justicia, cuando tuvo los elementos, actuó. 

    —¿Se refiere al debate que hubo estos días, sobre que los detenidos entraban y salían de los Juzgados? 

    —Lo que pasa es que ahí hay otra discusión que es estéril. Cuando hay un hecho violento, las detenciones que hacen las fuerzas de seguridad no son con finalidad de imputación sino para hacer cesar el hecho. La Policía interviene y detiene a 200 o a los que sean necesarios para cesar el hecho, controlarlo, apagar el incendio. Después viene la otra parte que es la imputación de cada uno. Y la Policía no tiene elementos identificatorios contra cada uno de ellos, y menos en 24 o 48 horas. Es prácticamente imposible en ese tiempo reunir elementos para saber qué hizo cada uno, y no nos olvidemos de que la responsabilidad penal es individual. Ahí hay una confusión, la sociedad tiene que entender que muchas veces la respuesta penal requiere tiempo, y que no respondas en 24 o 48 horas no es que no vayas a responder después. Es otro de los debates circulares, que no conduce a ningún lado, porque hay un error conceptual.

    —El Ministerio del Interior critica que los dirigentes daban las entradas a los barras y después le reclamaban a la Policía que los controlara y los sacara de la tribuna. ¿Qué opina?

    —Lo primero es un acto de sinceramiento: cada uno debe hacerse cargo, no creo que acá no haya nadie que no tenga responsabilidad. El gran tema es que todos nos hagamos cargo de las responsabilidades que tenemos, encaremos el problema y actuemos conjuntamente para resolver el problema.

    —¿El camino que emprendió la Justicia es la forma de resolverlo?

    —Hay una función preventiva en la cual la Fiscalía no tiene nada que ver. Nos permitimos institucionalmente sugerir que la única manera de solucionar esto es cortar la plata.

    —¿La Justicia pondrá foco en este tema? 

    —Hay que pegarle a todo lo que se mueva. Hay que imputar las responsabilidades que le correspondan a cada uno. También hay que tener cuidado de que el reproche penal no implique recaer sobre la parte más débil y olvidarse de los otros. Para eso tenemos que tener una investigación, un teoría del caso, y poder probarla. Y si no podemos probar los hechos, no podemos imputar. 

    —¿Hay más líneas de investigación en curso?

    —Sí, hay que seguir trabajando y tener paciencia.