La hora de la Jutep

En su momento se cuestionó, y algunos lo siguen haciendo, la oportunidad de crear un nuevo organismo del Estado para analizar casos de eventuales irregularidades y desvíos cuando de eso ya se ocupa el Poder Judicial y también el sistema político. Pero no es el caso, porque la Jutep muchas veces se detiene en asuntos que no necesariamente tienen implicancias judiciales o consecuencias políticas. Son cuestiones que hacen más al buen desempeño de la función pública y que no siempre implican eventuales delitos.

No siempre fue así. Para poner solo un ejemplo del pasado, la Jutep tuvo un rol absolutamente protagónico en la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic durante el tercer gobierno del Frente Amplio. Ni bien Búsqueda informó que Sendic, cuando integraba el Directorio de Ancap usó la tarjeta corporativa para gastos personales, la junta actuó de oficio. Investigó y días antes de que sacara un dictamen lapidario, el vicepresidente renunció. En ese período de gobierno también emitió dictámenes muy bien fundamentados sobre otros asuntos que fueron de suma utilidad para la Justicia y también para el sistema político.

Sin embargo, ahora lo que reina en la Jutep es la calma. La explicación que brindan sus nuevas autoridades es la falta de presupuesto y de personal como para poder abarcar la cantidad de asuntos que les correspondería analizar. Son comprensibles los reclamos. Ya solo con recibir y procesar todas las declaraciones juradas que tienen que presentar los jerarcas de los distintos poderes del Estado, el trabajo se hace muy intenso. De todas formas, esos problemas de escasez de recursos económicos y humanos también existían antes y la Jutep igual lograba posicionarse de otra forma.

Desde que asumieron las nuevas autoridades, fueron pocas las veces que la Jutep actuó de oficio. Y en algunos de los casos en los que fue convocada, su respuesta fue tardía, demasiado salomónica o todavía está siendo procesada. Es cierto que en el medio tuvo un cambio de su presidenta y que eso ha dificultado su correcto funcionamiento. Pero es necesario exigirle mucho más.

Quizá uno de los ejemplos más claros sea lo que viene ocurriendo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande desde hace un tiempo. Los elevados recursos con los que cuenta esa comisión no son algo nuevo, ni siquiera de este gobierno. Ya el entonces canciller Ernesto Talvi, al inicio de la actual administración, se había quejado al respecto. Es más, hasta había anunciado una auditoría y otras medidas para revertir la situación actual, que nunca se terminaron de concretar.

Ahora la información que surge sobre las contrataciones en Salto Grande es algo que provoca mucha molestia en una parte importante del sistema político y de la población uruguaya. Eso no quiere decir, en principio, que haya alguna irregularidad porque, tal cual lo han sostenido varias veces sus autoridades, todo o casi todo lo que allí se hace está regido por la ley.

El problema puede ser ético. El asunto de fondo es si corresponde que un organismo de ese tipo incurra en los gastos millonarios que realizó en cuestiones que nada tienen que ver con su real tarea y que incluyen además la contratación de personas con vínculos políticos. Pues este, justamente, es el momento en el que debería entrar a escena la Jutep. No es necesario que la llamen para eso y serviría, como para poder seguir creyendo en este organismo, que tomara de oficio cartas en el asunto. Todavía estamos a tiempo.