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    Entre el “fusilamiento”, lo “ejemplarizante” y la “doble vara”, los blancos se dividen sobre la sanción al edil Gómez

    En una sesión tensa y discutida en el Directorio del Partido Nacional, los blancos resolvieron que además de la suspensión por dos años, el edil "debía" apartarse del cargo, algo que no tiene previsto a corto plazo

    Entre expresiones tales como “lo mandaron al paredón de fusilamiento” y “necesitábamos un cabeza de turco”. Así, entre esos márgenes tan contundentes, procesan los dirigentes blancos la sanción impuesta por el Directorio del Partido Nacional al edil Gonzalo Gómez, que tenía entre su equipo de asesores a una persona ahora imputada por un delito de narcotráfico a quien no le había asignado tareas.

    Con una medida disciplinaria que mostró una severidad poco habitual en la historia reciente del Partido Nacional, se resolvió suspender al edil de sus actividades partidarias por dos años, se recomendó que durante ese periodo se mantenga alejado de su cargo y se aceptó una propuesta presentada por el propio sancionado: la devolución del dinero que su asesor cobró durante diez meses sin ir a trabajar.

    Quizás la bomba se desactivó en algo para el afuera, pero adentro volaron esquirlas por todas partes.

    Han sido días intensos entre los blancos. Jornadas de muchas reuniones, charlas, mensajes, idas y vueltas, discusiones, molestias. En la mañana del lunes 5, antes de la sesión del directorio, se reunió la Comisión de Asuntos Políticos. En sus manos tenían el dictamen de la Comisión de Ética, reunida —para algunos en forma “algo precipitada”— el sábado 3. La comisión entendió que, si bien no había elementos para afirmar que Gómez conociera la actividad ilícita de su asesor, sí hubo uso indebido de recursos públicos y daño patrimonial. Y por tanto la conducta del edil era “merecedora de condena ética”. Recomendó los dos años de suspensión partidaria y la restitución del dinero a la Junta Departamental de Montevideo.

    Eso fue lo que se leyó y se discutió en la Comisión de Asuntos Políticos, entre los que estaban, por ejemplo, los senadores Javier García, Martín Lema y el exsenador Luis Alberto Heber. Parecía haber un acuerdo entre los dirigentes de que eso mismo, sin agregar ni sacar nada, era lo que se iba a resolver minutos después en la sesión del directorio. Pero no. La sesión fue “muy tensa”, dijeron fuentes blancas a Búsqueda.

    Y ahí, entre discusiones acaloradas, se fue reclamando que se votara así tal como estaba o que hubiera una sanción aun más dura para el edil. Una ejemplarizante. Se levantaron voces exigiendo que renunciara a su cargo, pero al final fueron por un camino intermedio que quedó estampado en la resolución: “Mientras dure la suspensión, el citado edil debería apartarse del ejercicio del cargo”. La suerte de sugerencia explícita a la renuncia del edil fue incluida en una texto votado por unanimidad, pero con el que no todos estuvieron de acuerdo. Heber, por ejemplo, preguntó molesto por qué se cambió lo que se había acordado en la Comisión de Asuntos Políticos.

    El propio presidente del directorio, Álvaro Delgado, era de los que entendían que bastaba con la suspensión partidaria.

    Los días del edil

    Después de la conferencia de prensa del lunes 5, en la que los integrantes del directorio comunicaron las sanciones al edil, dirigentes blancos batieron el parche públicamente. “No hay antecedentes de una decisión de esta magnitud ni en otro partido político ni en Uruguay”, dijo García en declaraciones recogidas por El Observador. “Fue una sanción tardía, pero suficiente”, declaró el senador Sebastián da Silva al programa En Perspectiva.

    Pero, en la interna, algunos empezaban a cuestionarse si la sanción no había sido desmedida. Fue creciendo una postura que iba por el camino de la “inmolación” de un dirigente joven que expuso algo que hacen todos los partidos políticos dentro de las estructuras de las juntas departamentales. O la de la doble vara para condenar casos similares dentro del partido. Muchos recordaron lo que pasó con el caso del pago irregular de las horas extras en Artigas con el exintendente Pablo Caram, donde no actuó la Comisión de Ética ni se exigió un reembolso.

    “Lo fusilaron”, repitió a Búsqueda un dirigente allegado a Gómez, que además reclamó que se empiece a revisar cuál es la conducta de todos los ediles del partido respecto al pago y las tareas de sus asesores. Otro de los consultados para este artículo no dudó, sin embargo, en decir que la sanción estaba ajustada porque se necesitaba “una cabeza de turco, un chivo expiatorio”. En especial si se trata de un tema vinculado al narcotráfico, agregó.

    Mientras tanto, Gómez pasó las primeras horas después de la conferencia sin atender su teléfono y evaluando los caminos posibles en una carrera política en pausa partidaria. Según pudo saber Búsqueda, antes de la conferencia de prensa en la que dio las explicaciones sobre sus asesores, el edil se había reunido con sus colegas de bancada y les había comunicado que no diría palabra alguna sobre la no asignación de tareas a uno de su equipo. Es decir, no expondría al público que tenía a un funcionario “ñoqui” entre los suyos. Y que por eso se sorprendieron cuando declaró lo que declaró en la conferencia.

    Lo cierto es que Gómez comunicó que no tiene previsto a corto plazo renunciar a su banca en la Junta. Está ahora haciendo uso de sus días de licencia y en acuerdo con dirigentes del sector así seguirá hasta procesar la situación que atraviesa y tomar una decisión. Fuentes allegadas destacaron que el edil “no está obligado a renunciar a su banca” y que el directorio “simplemente hizo una recomendación” para que lo haga. Y que mientras todo esto ocurre está resolviendo la manera de pagar un reembolso que asciende a unos U$S 12.000, un dinero con el que no cuenta en este momento y que podría pagar en cuotas con ayuda de dirigentes de su sector.