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    La inseguridad (I)

    Sr. Director:

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    El comisario tiene razón y el senador Larrañaga también. Voy y vengo entre El Salvador y Guatemala y entre ambos y el Uruguay desde hace 24 años, cuando empecé a trabajar allá. En ese entonces, la violencia tenía en ambos países las características y el impacto que tiene ahora acá: 8 a 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Ahora en El Salvador hay 10 veces más y yo vi, durante todos estos años, cómo llegaron a esta situación. Cuando les cuento sobre Uruguay, me preguntan por qué no aprendemos de sus errores, por qué censuramos a un jefe de Policía que reclama mejor coordinación con las políticas sociales. (Balbuceo y pienso: ¿les explico que en mi país eso de compararse con El Salvador y Guatemala no es políticamente correcto?, y mejor me callo…). Porque piensan que estamos a tiempo de hacerlo. Ellos ya no lo hicieron, sus problemas comienzan a parecerse a los de la reconstrucción de un país, luego de una catástrofe. Que aún no termina…

    Allá en El Salvador, la discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico es irrelevante. Los mismos que reclaman allá políticas sociales, también reclaman la participación del Ejército para poder trabajar. La policía y los expertos sociales tienen actividades sujetas a horarios y calendarios ajustados a la legislación laboral civil. Pero los pandilleros y las Fuerzas Armadas no los tienen, pueden actuar las 24 horas. Las Fuerzas Armadas acordonan el territorio donde debe trabajar la policía y los expertos sociales. La diferencia entre ellos y nosotros es el grado de profundidad en la segmentación del territorio, que en El Salvador puede ser de unas tres manzanas en cualquier colonia (barrio). Y pasar a las siguientes tres manzanas puede costar la vida, porque se pasa del territorio de una mara al de su enemiga. Los uruguayos todavía estamos a tiempo, me dicen los salvadoreños…

    (Pero es que en Uruguay el tema de las fuerzas armadas está condicionado por los problemas del pasado, pienso y me callo la boca…). En una situación trágica carece de sentido frenar la acción de una fuerza republicana que paga la sociedad, porque haya cometido errores en el pasado. Porque la sociedad pierde los recursos que invirtió en seguridad. Y el presente es, lamentablemente, mucho más importante. El rol natural de las Fuerzas Armadas es la defensa de la nación, expresada en la defensa de su territorio. El mismo donde el ministro de Defensa difunto, Sr. Eleuterio Fernández Huidobro, QEPD, admitió tener 48 puntos ciegos en su frontera, para luego afirmar una y otra vez que las Fuerzas Armadas nada tienen que hacer en el combate al narcotráfico. Las Fuerzas Armadas deben defender el territorio, la expresión de la nación. Aunque se fragmente en miles. Lo que hace cada vez más difícil el rescate de la población civil allí secuestrada, en territorios sin el menor apego a las normas constitucionales de sus países, como en El Salvador y Guatemala, y crecientemente en el Uruguay…

    Se necesita la combinación de capacidades e inteligencia militar y policial para poder combatir en las mejores condiciones a un enemigo que mezcla todas las fuerzas de combate posibles y con la mejor tecnología, si quiere. Por supuesto, con la Republicana, los PADO, pero también con otras unidades, capacidades e inteligencia. Combinaciones que pueden tener la especialización necesaria para combatir una determinada figura de delito, actuando hasta su erradicación para dejar luego protocolizado el método de combate y disolverse. Son múltiples las combinaciones de inteligencia militar y policial que pueden surgir. Las necesitamos todas.

    Y todas actuando en un marco coordinado con las políticas sociales, que deben confluir en el desarrollo local, la pertinencia de todo el conjunto de políticas orquestadas. El comisario Layera tiene razón. Y el senador Larrañaga también. No me importa que no sea políticamente correcto para la mayoría de las uruguayas y los uruguayos. Lo políticamente correcto suele exagerar y equivocarse, y ya estamos sufriendo demasiado como para equivocarnos.

    ¿Una reforma constitucional podría dejarnos una política de seguridad de Estado, de largo plazo, que no decaiga si otra vez llega al poder un grupo político con vergüenza de reprimir y, mucho más que eso, con incapacidad para reconocer la realidad de frente y asumir en serio el desafío?

    Si así fuera, estaré de acuerdo con la reforma constitucional que propone el senador Larrañaga.

    “La gente tiene que decidir poniendo en primer lugar el derecho a vivir sin miedo. Este mecanismo es a prueba de las peleas de los políticos. Asegura cambios al otro día de las elecciones del año que viene y se da una visión de parar la mano en esto que estamos viviendo”, dijo Larrañaga en conferencia de prensa.

    Analicemos si una reforma constitucional nos puede aportar en Uruguay una verdadera política de Estado en la materia. Intercambiemos experiencias entre diversos países de América Latina, porque estamos todos sentados en el mismo barco en materia de seguridad, y en otras también. Sin que esto, el compararnos entre nosotros y aprender unos de otros, sea políticamente incorrecto y llame a un jefe de Policía a la censura. Por favor.

    José Pedro Alberti

    CI 1.306.958-8