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    La instalación de la estatua de la Virgen volvió a plantear el tema de la postura del Estado, donde prevalecen dos visiones de “laicidad”

    Para el historiador Gerardo Caetano, la discusión que se generó a partir del tema fue “pobre” y provinciana

    La ruptura definitiva entre el Estado uruguayo y la Iglesia católica promovida por el ex presidente colorado José Batlle y Ordóñez a principios del siglo pasado se concretó con la reforma constitucional de 1919. El jueves 11, casi un siglo después, el dilema sobre el rol que debe asumir el Estado frente al catolicismo y a otras religiones volvió a estar sobre el tapete.

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    Ese día, la Junta Departamental votó en contra de la instalación de la estatua de la Virgen María en la Aduana de Oribe (una propuesta enviada por el propio intendente Daniel Martínez y defendida por el cardenal Daniel Sturla), ya que los ediles del Frente Amplio, que son la fuerza mayoritaria, no apoyaron la iniciativa. El debate giró en torno a la laicidad y a su alcance, un concepto que representa el fondo de la cuestión y que explica las diferentes posturas que existen al respecto.

    Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la laicidad es el “principio que establece la separación entra la sociedad civil y la sociedad religiosa”, mientras que laico significa “que no tiene órdenes clericales” e “independiente de cualquier organización o confesión religiosa”.

    En el marco del uso de los espacios públicos, el dilema es que para unos la laicidad significa que, en su independencia y neutralidad, el Estado no debe auspiciar a ningún tipo de culto o religión —no, al menos, de forma permanente—, y para otros implica que debe abrir las puertas a todos los cultos y religiones sin afiliarse a ninguno en particular.

    Cristina Ruffo, edila blanca del Partido de la Concertación, a quien como pastora evangelista el tema de la religión la toca de cerca, si inclina por esta última postura. “Desde mi punto de vista, habilitar a erguir un símbolo o figura religiosa no atenta contra el Estado laico. (...) Hay una confusión respecto al tema, y la instalación de una Virgen u otra figura no va a afectar la condición de las personas a pensar libremente”, dijo.

    Por ese motivo, aunque como evangelista no adora imágenes religiosas, al igual que el resto de sus correligionarios, apoyó la medida.

    El edil frenteamplista Gabriel Weiss, quien es suplente de Inés Coll e integra la Comisión de Nomenclatura —donde se discutió el tema antes de que pasara al pleno—, dijo a Búsqueda que, desde su punto de vista, la laicidad se traduce en que el Estado permita la expresión de todas las religiones en el espacio público, siempre y cuando estas sean de carácter transitorio, como los rituales en la playa o las procesiones. “Otra cosa diferente es el uso permanente del espacio público. Ahí hay que hacerse una pregunta: si tú tenés templos y terrenos que están exonerados de impuestos nacionales y departamentales donde podés emplazar tus imágenes, ¿por qué es necesario ocupar espacios públicos? Yo no alcanzo a comprenderlo”.

    El edil frenteamplista, Mariano Tucci, que se identifica como católico, dijo que la argumentación de la bancada para votar en contra fue para preservar “el cuidado y la consolidación” de un Estado laico y la “neutralidad que debe primar en el espacio público. “Si tú instalás un monumento allí, lo que hacés es transformar ese espacio público en un espacio de culto, y eso es lo que nosotros no podemos permitir”, explicó.

    Dentro del Frente Amplio, sin embargo, los ediles de la Vertiente Artiguista Mariano Arana y Adriana Barros votaron en contra, pero por obedecer la disciplina partidaria. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, que forma parte del Frente Amplio, Jorge Rodríguez, también se manifestó contrario a la decisión que tomó su partido. “Nosotros tenemos un concepto de laicidad abierta. La riqueza está en la diversidad”, resumió.

    El director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Nelson Villareal, que también es católico, opinó en una dirección similar. “Yo distinguiría que la laicidad del Estado y la secularidad están en la institucionalidad y no en el espacio; es decir, el espacio público es diverso y la laicidad debe de garantizar la diversidad. Por lo tanto, creo que es legítimo que las distintas creencias quieran tener sus imágenes o su representación en el espacio público. La laicidad del Estado no está en garantizar homogeneidad del espacio público”. “No hay otra posibilidad de entender la laicidad en el mundo actual”, insistió.

    El historiador Gerardo Caetano, quien escribió libros sobre el tema —“El Uruguay laico”, “La secularización uruguaya”—, dijo a Búsqueda que esperaba ver un intercambio de ideas “más profundo” sobre la laicidad. “Lo lamentable es cuando se entra en una lógica de negroblanco, en donde, para pensar, no suspendemos el juicio ni por un instante: ‘Vos sos un pro–cura o vos sos un anticlerical’. (…) Hoy, para mí, el tema es el ecumenismo, cómo distintas religiones y distintas filosofías no religiosas pueden converger en valores compartidos y generar acciones públicas e incluso sistemas de creencias nuevos”.

    Para él, la laicidad sigue teniendo un “valor central” pero debe plantearse dentro del “pluralismo”. “¿Qué es lo que dicen los expertos? Que la idea de secularización no es una idea antirreligiosa y mucho menos anticristiana, por el contrario”, planteó. Y para sintetizar, reflexionó: “Un tema tan caro al Uruguay no puede terminar en estas rencillas de provincia, de fundamentos que no terminan de persuadir, de descalificaciones al que piensa distinto. La verdad es que el debate ha sido muy pobre. Es un buen momento como para dar una discusión más a fondo”.

    “Viva”.

    Sin contar el traslado de la estatua del papa Juan Pablo II realizado en 2005, la de la semana pasada fue la última discusión que se dio sobre la instalación de un símbolo religioso desde principios de los noventa, cuando la Junta Departamental aprobó la instalación de una estatua de Iemanjá, una decisión que fue aprobada por los ediles frenteamplistas de ese entonces, y con la que los actuales discrepan.

    En 1987, en el Parlamento, luego de que la Junta rechazara instalar la cruz cristiana ubicada en Tres Cruces, también se abordó el tema. “Este es un homenaje a la Iglesia con su símbolo principal y eso no lo puede hacer el Estado. Si la cruz queda, no creo que eso sea un elemento edificante para un sentimiento laico. Este debate no me gusta y esto representa un retroceso para la historia de las ideas en el país”, argumentó el senador colorado Carlos Cigliutti.

    Ese día, los legisladores aprobaron la instalación de la cruz. Pero el jueves 11, para el pesar de los fieles que esperaban en las tribunas de la Junta, la Iglesia perdió la batalla.

    Luego de la votación, una mujer de unos 60 años lloró de tristeza junto a sus compañeros católicos, que sostenían banderines con la imagen de María. Cuando un militante contrario a la instalación de la Virgen —vinculado a la Asociación Uruguaya de Libres Pensadores—, gritó: “¡Viva la República!”, la señora retrucó, pero en voz muy baja, casi inaudible. “Viva la Virgen”, dijo.

    El cardenal Sturla le envió una carta el martes 16 a la presidenta de la Junta Departamental, Delia Rodríguez, en la que sostiene que la resolución fue “una discriminación hacia la comunidad católica”.

    “Llama la atención el rechazo de la Junta Departamental, que sí ha aprobado diversos monumentos a personalidades uruguayas y extranjeras de los más diversos campos filosóficos, políticos y religiosos, así como monumentos que tienen que ver con eventos históricos o símbolos religiosos”, dice la carta. Y concluye: “Esta decisión no contribuye al clima de respeto, tolerancia, y pluralidad democrática”.