“Si hay una patología que caracteriza a la izquierda (uruguaya), es la del despotismo ilustrado, cuyo origen se asocia al Iluminismo, a las tesis ‘foquistas’, a las teorías de las vanguardias mal entendidas o desnaturalizadas, de las cuales aún hay resabios. “Esta patología está íntimamente asociada a la soberbia, a la creencia de ser portador de una verdad exclusiva y por encima de otras verdades” (fuente: la diaria, 29 de enero 2019, Christian Mirza).
Como para muestra bastan algunos botones, citamos algunos ejemplos.
El caso del Puerto de Montevideo. Contra la política portuaria del gobierno nacional se alzaron los senadores del Frente Amplio, y desde la voz cantante de Charles Carrera con su ya famoso dedo acusador surgieron toda clase de agravios, injurias y difamaciones contra altos cargos del gobierno nacional, tejiendo un relato falso que culminó con la denuncia penal ante la Fiscalía Nacional. Como todos saben, los actos del gobierno contaron con el respaldo de la mayoría del Parlamento, Del Tribunal de Cuentas y de la Junta de Transparencia y Ética Pública, además, respaldados por los catedráticos de derecho público y privado más prestigiosos del país.
Luego de un año y medio de investigación, de sucesivas ampliaciones de las denuncias y desatada una campaña mediática de presión contra los actos del gobierno nacional en materia de la concesión portuaria a TCP, de absoluta legitimidad jurídica. Campaña sin precedentes alimentada a través de los medios de comunicación de izquierda, con presencia de “todólogos” y “operadores” políticos afines al Frente Amplio, que a falta de rigor técnico recurrieron al descrédito de los actores del gobierno.
El Sr. Fiscal Dr. Gilberto Rodríguez, ejerciendo su competencia funcional pública como “dueño de la acción penal” ante los hechos objeto de la denuncia frenteamplista, finalmente resolvió su archivo por “no hallar conductas susceptibles de encuadrar en las figuras delictivas del Código Penal”. De ello brindó amplios argumentos el referido funcionario.
Pese a nuestro ya cansado asombro, y pasmados de tanta manipulación diaria, leemos en Montevideo Portal del día 11 del corriente una columna del inefable Senador Carrera que se titula Reexamen de la denuncia del Puerto…, criticando el dictamen de más de 180 fojas del fiscal de referencia porque simplemente el dictamen “no se adecúa a la verdad oficial que ante sí sostiene el denunciante”.
En buen romance, un senador de la República intenta presionar a través de la prensa a un funcionario público que en ejercicio de su legítima competencia legal resuelve que no se halló delito alguno que imputar a los denunciados (art. 13 lit. C y 27, Ley 19.483).
Se trata de un fiscal honorable, por cierto, sobre el cual Charles Carrera intenta por un medio público poner en tela de juicio su idoneidad, su trabajo o quizá su transparencia o imparcialidad (regulados por los arts. 4 a 11 de la Ley 19.483), aunque no sabemos todavía qué fin persigue fuera de lo que se advierte de la lectura.
Ese editorial traduce a nuestro juicio un espíritu retorcido, por la falta de fundamentos y la ausencia de credibilidad, que no parece digno de un letrado.
Lo peor es que, desconociendo el alcance de la ley (19.334, art.3) en materia de competencia y de la autonomía técnica de los fiscales (Ley 19.483, art. 3) y de la ética jurídica, lanza la teoría que se debe elegir otro fiscal para que reexamine lo que dictaminó el fiscal competente. Nunca visto antes en derecho. Sabíamos que existe el procedimiento de recusación, pero ¿el de digitar fiscales? No, jamás.
Por lo menos ese proceder no se enseña en nuestras universidades, quizás en países totalitarios sí se utilice, no en Uruguay.
Pero esta suerte de despotismo no ilustrado por llamarlo de alguna forma ya es habitual en la oposición y la operación de la bancada frenteamplista y de sus autoridades.
Por ejemplo, el senador Bergara también arremete contra la Fiscalía y expresa que se habrá de recurrir el dictamen y solicitar su revisión (sic). Vaya y pase que al no ser abogado puede tener el beneficio de desconocer el alcance de las leyes, aunque no es propio de un senador de la República.
Pero hay más todavía.
En el sonado caso “del custodio infiel” (entrega por episodios diarios de una telenovela que ocupa a todos los medios, cuyo guion surge de “filtraciones” no autorizadas por la Fiscalía ni por la ley pero que igual se “filtran”, valga la redundancia, de lo cual no se necesita ser muy sagaz adivinar por quienes).
Los aludidos Bergara y Carrera presentan denuncia ante Fiscalía por presunto espionaje (de lo que están en pleno derecho hacer) pero… no quieren comparecer a declarar ante la fiscal que lleva el caso del “eventual autor de dichas presuntas amenazas”, la Dra. Fosatti.
No, según da cuenta la prensa van primero a hablar con el fiscal general, el Dr. Gómez, indicarle que quieren que se tramite la denuncia por otra Fiscalía. Llamativo pero coherente con su proceder acostumbrado. Por supuesto que reciben un “nones” y ahora parece que sí aceptaron declarar ante la fiscal competente del caso.
Habría mucho más para decir, como, por ejemplo, recordar ante la ciudadanía que durante el gobierno del Frente Amplio el expresidente José Mujica estuvo involucrado en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Crimen Organizado en el año 2012 por el caso Pluna, ante la cual debió declarar como testigo.
Proceso que culminara con el procesamiento del presidente del BROU y el ministro de Economía de la época, además de los particulares ejecutivos de Ledgate, Matías Campiani (gerente de Pluna), Alejandro Hisch y Arturo Álvarez Demalde.
En julio del 2015, Mujica había declarado ante el Parlamento que era responsable “de la globalidad de la operación” (fuente: El Observador, 8/9/2016) y fue citado a declarar en la causa a pedido de Calloia.
No conocemos ningún precedente por lo menos desde que terminó la dictadura en el cual un presidente en ejercicio fuera investigado por un negocio que involucró a su gobierno.
Esto viene a colación de que en estos días se ha escuchado a algunos atrevidos y deslenguados —que por cierto a nadie representan— que han tenido la osadía y atrevimiento de pedir por la prensa que el presidente Lacalle Pou deje el cargo o, en buen romance, que renuncie.
Tamaña irreverencia que ni siquiera fue llevada por los legisladores del Frente, que se desmarcaron de estos secuaces —aunque las acusaciones directas e indirectas contra el primer mandatario fueron implícitas cuando no explícitas— por el tratamiento despótico y no ilustrado con que se ha tratado el tema del “custodio infiel” por la oposición, con un furor pocas veces vista, invirtiendo la carga de la prueba de sus dichos.
Pero, obvio, pese a sus acusaciones de que la democracia y las instituciones peligran por responsabilidad del presidente, no han tenido la valentía de pedir un juicio político como establece la Constitución. Porque saben bien que pueden perder y quedar al desnudo en sus intentos electoreros de desprestigiar a la primera magistratura un día sí y al otro también.
A colación viene este tema además como “cortina de humo” para tapar en la opinión pública la denuncia en trámite judicial contra Charles Carrera y la comisión investigadora en el Senado por las graves acusaciones en su contra por el affaire de La Paloma (Rocha) del ciudadano que quedó parapléjico y los hechos en forma extraña encubiertos o no detectados, pero que siguen en averiguación. Frente a cuyos pares se niega a comparecer, acusa de acoso y hasta de recurrir a la Comisión de Derechos Humanos, como si tuviera algo que esconder, pero que finalmente tendrá que descifrarlo ante el fiscal del caso si es citado a declarar.
Aunque parezca irreal existe el despotismo no ilustrado en pleno siglo XXI y en nuestro bendito país.
CI 1.028.178-7
