La justicia de crimen organizado investiga si proveedores de la Armada indagados por ilícitos enviaron dinero a cuentas en bancos suizos

En respuesta, y por primera vez, la Justicia suiza envió información parcial a Uruguay en el marco de una investigación criminal. Las fuentes señalaron que se trata de un hecho “de suma importancia” porque Suiza era un país considerado hasta hace poco como un “paraíso fiscal” a cuyos bancos delincuentes de todo el mundo enviaban dinero ilícito porque sabían que no podría ser rastreado.

“Lo importante es señalar que el mundo va en una misma dirección: la de derribar las barreras y colaborar con las investigaciones porque el crimen es cada vez más transnacional”, indicó otra fuente que también está vinculada a esta investigación.

“Cuando se dice que Uruguay no tiene que colaborar con tal o cual pedido lo que se pretende es que el país quede afuera del mundo y sea castigado por eso. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen estos planteos”, reflexionó.

Las mismas fuentes coincidieron en que en investigaciones de este tipo es “fundamental” tratar de recuperar el dinero cuyo origen es presuntamente delictivo para beneficio de la sociedad. “A estas organizaciones hay que pegarles donde les duele que es en el bolsillo. Todo lo demás sirve de poco si no se ataca este aspecto”, enfatizó una fuente cercana al juzgado.

Antecedentes.

En agosto del 2010 la entonces jueza de crimen organizado Graciela Gatti (quien fue sustituida por Valetti cuando fue ascendida a un Tribunal de Apelaciones Civil), procesó con prisión a cuatro oficiales de la Armada por una serie de compras ficticias por valor de U$S 600.000.

La magistrada tipificó “un delito continuado de fraude” al ex comandante en jefe de la fuerza de mar Juan Fernández Maggio y al ex jefe de la división logística Gerardo Feble, así como al capitán de fragata Pablo Da Costa. Asimismo procesó sin prisión al capitán de navío Danilo Damonte, quien obtuvo ese beneficio debido a la colaboración con la Justicia para esclarecer la maniobra.

Todos los procesados con prisión han sido luego beneficiados con la libertad provisional, por lo que siguen sometidos a proceso aunque gozan de libertad ambulatoria.

La sentencia de la jueza Gatti cuenta en detalle cómo se fraguó la compra de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores con el presunto objetivo de obtener “fondos frescos” para la Armada.

“Se simuló la necesidad de comprar un banco de pruebas SWWK y una grúa, se simuló la oferta por parte de los supuestos representantes exclusivos y se simuló el cobro de los precios respectivos por personas que no han podido ser identificadas, cuyos nombres aportados a la Armada son falsos”, expresó la magistrada en su resolución.

Para llevar a cabo la maniobra los oficiales elaboraron las compras CE 26/2008 y CE 27/2008 en un sistema en el que “se fueron cumpliendo las etapas previstas legalmente para generar un proceso aparentemente correcto, formalmente no objetable, que engañara al Tribunal de Cuentas y permitiera lograr el fin propuesto: hacerse del dinero líquido”, subraya.

Sin embargo, no se probó que todo el dinero que se obtuvo por la compra ficticia realmente ingresara a la Armada. Incluso la jueza destaca en su resolución que se procuró que parte de esos fondos fueran justificados mediante rubros innecesarios como florería, joyería, viajes y servicio de catering.

Ante la imposibilidad de conocer el destino del dinero la magistrada dispuso el embargo de los oficiales procesados por el total del monto de la maniobra.

En paralelo, algunos de los empresarios son aún objeto de investigación por presunto lavado de activos.

“Corrupción institucionalizada”.

Más aún, en mayo de 2012 la fiscal Ferrero solicitó el procesamiento del ex comandante en jefe de la Armada Hugo Viglietti, de seis capitanes y de 13 proveedores.

Según la representante del Ministerio Público los oficiales y los particulares tienen responsabilidad en 18 compras ficticias en la Armada en los últimos años en el marco de una “corrupción institucionalizada” en la fuerza de mar.

La fiscal, quien solicitó el procesamiento de Viglietti por “un delito continuado de fraude”, realizó una extensa vista en la que detalla los hechos. Viglietti reconoció en el juzgado que el objeto de algunas compras había sido modificado pero dijo que eso se hizo para obtener los insumos que precisaba la Armada y no con el objetivo de perjudicar a la administración.

El pedido de la fiscal aún está pendiente de resolución, debido a que el voluminoso expediente de la Armada fue elevado al Tribunal de Apelaciones en virtud de diversos recursos que presentaron los defensores de los imputados, lo que retrasó su trámite, confiaron a Búsqueda fuentes judiciales.