Estamos a 30 años del restablecimiento democrático. A mi modesto entender lo que aún no hemos comprendido es que para que se realicen efectivamente nuestras buenas intenciones no se han cumplido ni siquiera mínimamente las condiciones exigidas por una verdadera política transicional.
La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de Derecho.
¿Por qué es importante la justicia transicional?
Cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho, oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones.
Como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no sólo afectan a las víctimas directas sino al conjunto de la sociedad, además de cumplir con esos compromisos, los Estados deben asegurarse de que las violaciones no vuelvan a suceder y, en consecuencia, deben especialmente reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos.
Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de los derechos humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las mejoras en materia de seguridad y desarrollo. Esa situación pone en cuestión el compromiso con el Estado de Derecho y, en última instancia, puede conducir a la repetición cíclica de diversos actos de violencia.
Como se puede apreciar, en la mayoría de los países que sufren violaciones masivas de los derechos humanos, las demandas de justicia se niegan a “desaparecer”.
No soy insensato y trato de ser objetivo. Los gobiernos que se han sucedido en estos últimos 30 años algo hicieron o intentaron hacer en este sentido. No ha sido suficiente y las demandas se niegan a desaparecer. El nuevo gobierno del Dr. Vázquez ha creado un grupo de trabajo por verdad y justicia. No voy a opinar sobre esta iniciativa; venimos de experiencias similares frustradas. Ojalá esta vez logremos cicatrizar las heridas del pasado. Pero —y disculpen mi insistencia— esto sólo sucederá si se cumplen las 3 condiciones requeridas: verdad, justicia y reparación.
Las últimas administraciones frenteamplistas han apoyado los reconocimientos y reparaciones de carácter moral, histórico. Colocación de marcas de la memoria, baldosas, etc., en sitios en donde el Estado cometió determinados crímenes, o en sitios donde las víctimas trataron de resistir de alguna manera. Por supuesto que me parece bien. Aunque obviamente estas medidas no aportan en los aspectos esenciales del problema que nos ocupa. Como dije antes: faltan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.
¿Cuántas baldosas, cuántas marcas quedan por colocar? ¿Se pondrá alguna en el frente de la casa donde vivía la Sra. Cecilia, madre del Sr. Luis Alberto Heber, que falleció asesinada por el vino envenenado de la dictadura? ¿Otra, quizás, en la puerta de la redacción de Búsqueda, publicación censurada tantas veces?
Le pregunto a cualquiera de los lectores que leen esta carta que vivieron en esos tristes años: ¿cuántas veces los pusieron contra la pared, manos en alto, pateados en los tobillos, para exigirles sus documentos y preguntarles de dónde venían y a dónde iban? ¿Y cuántos fueron a parar a la comisaría? (¿Se pondrán más baldosas?).
No voy a alargar demasiado esta carta; además el reglamento de la publicación me lo impide. Por eso, voy a resumir el estado actual de los tres aspectos esenciales de la justicia transicional.
1º - Conocer la verdad.
200 y pico de ciudadanos desaparecidos. Cuerpos o huesos encontrados: cuatro. En 30 años. A decir verdad, no sé que más agregar a esta frase. ¿Quizá algunas preguntas?
A los militares del proceso: los códigos militares explicitan el concepto de honor militar. Un militar no puede ser un cobarde, un usurpador, un conspirador. Debe hacerse responsable de sus actos y evitar la deshonra. ¿Acaso a estos militares golpistas no les atormenta su conciencia? ¿Han perdido los valores que se les trató de inculcar en su juventud? Sepan que la camaradería militar no puede convertirse en un código mafioso.
Al gobierno: ¿han agotado los elementos de presión con que cuenta el Estado para que estos indignos militares confiesen la verdad?
2º - La justicia.
Al día de hoy no tengo la cifra exacta; hay menos de veinte militares presos por crímenes de la dictadura. A decir verdad, al igual que en el caso de “conocer la verdad”, no sé qué decir. Las cifras hablan por sí solas: 30 años, 20 presos.
Hace muy poco tiempo los militares más comprometidos con el proceso organizaron una especie de asado, congreso, encuentro, festejo, coordinación o no sé cómo llamarle en Canteras de Marelli, cercanías de Maldonado. Primero intentaron realizar el evento en un cuartel, pero el ministro les negó el permiso. No era un pequeño grupo de memoriosos: eran 835. Igual celebraron su aquelarre en un local privado. Tras la fiesta cada participante recibió como regalo conmemorativo un llavero confeccionado con una bala calibre 30.
La búsqueda de justicia descansa casi exclusivamente en las avejentadas víctimas.
Algunos de los integrantes de la SCJ han construido vallas para evitar las investigaciones.
Los actores gubernamentales no hacen causa común ni se comprometen a fondo con las víctimas.
En Argentina —por ejemplo—, el Estado apoya decididamente a las víctimas del terrorismo de Estado.
3º - Reparación de las víctimas.
Los ciudadanos que estuvieron presos durante la dictadura —y no todos, porque existen múltiples limitaciones— reciben una pensión de intención reparatoria. Pero para percibirla deben obligatoriamente renunciar a sus jubilaciones trabajadas y aportadas durante muchísimos años. Pero la cosa no para ahí. Si el pensionista muere, su cónyuge, para percibir la pensión de sobrevivencia también, debe renunciar a su propia jubilación.
Si el ciudadano fue simplemente asesinado por los agentes del Estado, tiene derecho a una reparación. Pero para que se le reconozca el derecho debe superar múltiples vallas burocráticas. Hay familias que hace cinco años están esperando.
A los ciudadanos que en la tortura sufrieron lesiones gravísimas está previsto indemnizarlos. Pero se les aplica el Art. 318 del Código Penal que las define. Voy a poner un ejemplo que aclara el punto. Al legislador Semproni en la tortura lo colgaron de los testículos. Perdió uno. No califica para la reparación porque aún le queda otro y tiene capacidad de generar.
Hay más injusticias, pero no tengo espacio.
CRYSOL (organización de ex presos políticos) hace años que lucha por mejorar las leyes existentes. La Institución Nacional de DDHH (Inddhh) apoyó la iniciativa y recientemente el Relator de la ONU, Pablo de Greiff, se expidió en el mismo sentido.
Resultados hasta ahora: cero.
¿Nos pasará como a los armenios, los judíos, los españoles?
Si seguimos como vamos, nos va a pasar lo mismo.
1915. Cien años del genocidio armenio. Aún hay quienes lo niegan. No hay reconciliación posible con los turcos. No hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación. Las víctimas directas ya están todas muertas y enterradas. Pero las demandas se niegan a desaparecer.
El pueblo judío, 70 años desde que se abrieron las puertas de los campos de exterminio. Se conoció la verdad, pero para la justicia y reparación los judíos quedaron casi exclusivamente librados a sus propias fuerzas. Han perseguido y persiguen a los nazis en cualquier parte del mundo. El obstáculo actual que ha aparecido es el surgimiento en Europa de organizaciones neonazis que niegan el Holocausto y pregonan, increíblemente, las teorías racistas de Hitler. Como vemos, la cuestión aún no está zanjada.
Los españoles. Casi 80 años. Casi un millón y medio de muertos. Una dictadura fascista-hitleriana. Miles de fosas comunes de españoles fusilados sin juicio alguno. Hasta por rencillas personales.
¿Qué elemento de la justicia transicional se aplicó? Ninguno.
Hace apenas un año echaron al juez Garzón por pretender poner un poco de luz en ese siniestro pasaje de la historia española.
Y nosotros, los uruguayos, ¿qué haremos?
Por alternancia democrática, la pelota está ahora en la cancha del Dr. Vázquez.
Por simple sentido común, se me ocurre pensar que al Dr. Vázquez ni se le pasa por la cabeza dejar que este tema se siga arrastrando durante 70, 80 o 100 años. Como dije más arriba, la inacción implicaría la generación de desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas.
¿Quién quiere un país donde los crímenes queden en la oscuridad e impunes, donde los victimarios se paseen por las calles y donde las víctimas estén desprotegidas?
De los 3 puntos (verdad, justicia y reparación) obviamente el más sencillo y rápido de solucionar sería el reparatorio. Bastaría con corregir las carencias o errores de las dos leyes existentes (18.033 y 18.596). Según la Constitución, la iniciativa está exclusivamente en manos del Dr. Vázquez.
En cuanto a verdad y justicia, ya el Dr. Vázquez dio el primer paso creando el Grupo de Trabajo. Estoy seguro de que todas las organizaciones sindicales y sociales, al igual que todos nuestros compatriotas, lo van a apoyar en esa tarea. Se debe evitar a toda costa que este grupo se convierta en una comisión más y que todo siga igual. Verdad y justicia son asignaturas pendientes más difíciles de concretar. Pero siendo optimista, sostengo que si existe verdadera voluntad política y consenso se podrá lograrlo para bien de nuestra querida patria.
Ojalá podamos entre todos lograr una verdadera reconciliación entre los uruguayos (pero esta vez tendremos que hacer las cosas bien).
Juan Miguel García Lamas
+ 
