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La ley de la marihuana tiene que estar funcionando al menos “cinco años” para tener “información definitiva” sobre sus consecuencias
La “evaluación” va a ser “continua y permanente”, pero el impacto debe medirse en el “mediano plazo”, opina Luis Yarzábal, presidente del Comité Científico que hará el monitoreo de la norma
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¿Qué ocurrirá una vez que empiece la venta de marihuana en farmacias? ¿Crecerá el consumo? ¿Logrará el Estado arrebatarle el mercado al narcotráfico? ¿La legalización traerá un incremento de la delincuencia? ¿Las farmacias serán un objetivo predilecto de los criminales? ¿Aumentarán los problemas de adicciones?
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A una semana del plazo previsto por el gobierno para reglamentar la ley que autoriza y regula el autocultivo, producción y venta de marihuana, la lista de interrogantes sobre sus consecuencias parece interminable. Para Luis Yarzábal, presidente del Comité Científico Asesor que se encargará del monitoreo de la ley, lo que resulta claro es que la “evaluación” va a ser “continua y permanente”, pero el impacto debe medirse en el “mediano plazo”. “En el momento actual, con la información que tenemos, que manejamos, con las experiencias que se han desarrollado en otros países, diría que tenemos que trabajar en el orden de los cinco años en adelante”, afirmó. “No hay la esperanza de conseguir información definitiva antes de ese período”.
Eso no quiere decir que el comité se quede de brazos cruzados hasta dentro de un lustro. Yarzábal lidera el trabajo de unos 50 académicos uruguayos y más de una decena de extranjeros —cantidad que, espera, crezca en los próximos meses— para preparar los indicadores que permitan medir “científicamente” el desarrollo de la ley.
El primer paso es analizar la bibliografía sobre el tema, después definir cuáles son los efectos que se quiere medir, decidir cómo hacerlo, generar la información sobre el estado de situación en cada área y finalmente compararla con lo que ocurre a medida que se aplica la ley. El comité prevé tener pronto en los próximos días un documento que incluya qué indicadores seleccionó para que lo apruebe la Junta Nacional de Drogas (JND). Por el momento, dijo Yarzábal, hay “definidos tres grandes grupos de indicadores: de proceso, de impacto y de evaluación”. Ahora los académicos uruguayos y extranjeros trabajan en qué se debe medir dentro de cada una de esas áreas. “Interesa saber si va a haber un impacto de la ley sobre el número de personas que usan la marihuana en el país”, por eso “un indicador que se va a utilizar es la medición de ese número de personas”, dijo Yarzábal a modo de ejemplo.
Alertas.
Con la ley en marcha y con todos los indicadores definidos, el comité hará informes periódicos “que contengan una descripción del problema que estamos analizando, un conjunto de conclusiones y una serie de recomendaciones” para que sea el gobierno el que tome las decisiones políticas.
Consultado acerca de un eventual aumento del consumo de marihuana provocado por la ley y de si hay un porcentaje de incremento “inaceptable” que obligue a revisar la estrategia, Yarzábal respondió que a priori no se puede “determinar un número ni un momento” que haga disparar las “alertas porque una situación se descontroló”, porque se trata de un proceso “acumulativo” y que será más claro una vez que el sistema previsto en la ley funcione a pleno.
No obstante, aclaró: “En el momento en que aparezca algún efecto negativo, perverso, indeseable, será comunicado y será estimada la posibilidad de corregir o de adaptar o de suspender el mecanismo que lo generó. Se procurará anotar los efectos deseados y los efectos indeseados y estar permanentemente estudiando la situación”.
El equipo que encabeza Yarzábal, doctor en Medicina y actual presidente de la Junta de Transparencia, está integrado por la decana de Ciencias Sociales, Susana Mallo, el decano de Química, Eduardo Manta, la ex ministra de Salud María Julia Muñoz, la doctora en sociología Nilia Viscardi, el catedrático en Filosofía del Derecho Óscar Sarlo y el ex decano de Medicina Pablo Carlevaro.
Pese a que todos los miembros del comité respaldan la nueva política, su presidente aseguró que van a “escuchar la opinión de la mayor cantidad posible de la academia” sin importar que estén de acuerdo o no con la nueva política. “Lo que sí tiene que hacer el comité es analizar si esas opiniones están fundamentadas y validar aquellas que tienen base científica y metodológica”, añadió.
Sobre el final de la entrevista, Yarzábal pidió un momento para buscar un documento. Entre las carpetas que estaban sobre su escritorio encontró finalmente el estudio elaborado por el Programa de Criminología de la Universidad de Texas, Estados Unidos, y divulgado apenas tres días antes. “Este es un ejemplo de cómo el comité piensa sugerir que se aborden los problemas del uso, el abuso de la marihuana”, dijo mientras alcanzaba el documento al periodista de Búsqueda. El estudio intentó responder a la pregunta de si las leyes que autorizan el uso medicinal de la marihuana han provocado un aumento del delito, una interrogante que, según Yarzábal, de manera similar está instalada hoy en Uruguay. A partir de datos recabados por el FBI en 20 estados de Estados Unidos entre 1990 y 2006, los científicos de Texas concluyeron que la legalización en esos estados no solo no provocó un aumento de los delitos, sino que “quizás esté relacionada con un descenso de los homicidios y los asaltos”.
