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Las desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe son “altas y persistentes”, según la Cepal, una comisión de Naciones Unidas con foco en asuntos económicos y sociales. Uruguay, con su macrocefalia en torno a Montevideo, no es la excepción.
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La Gráfica de la semana de Búsqueda refleja ese doble problema: desde 1970 y hasta hoy prácticamente la mitad de la población del país se aglomera en la capital. En Buenos Aires el grado de concentración mostró cierta estabilidad en ese lapso, pero en torno a cifras menores: allí reside un tercio de la población de Argentina.
Una tendencia hacia la aglomeración creciente se dio claramente por ejemplo en Ciudad de Panamá, Lima, Bogotá y Puerto Príncipe. En contrapartida, producto de la emigración por la crisis política y económica, Caracas se fue vaciando: en 2015 albergaba 9,4% de la población de Venezuela, prácticamente la mitad que en 1970.
Esos datos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) fueron recogidos en el documento de la Cepal titulado Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe, que fue discutido en un cónclave de jerarcas que tuvo lugar la semana pasada en Montevideo.
Beneficios y costos
Según la Cepal, los sistemas territoriales de la región se caracterizan por los altos niveles de concentración de la población y del poder en unas pocas zonas geográficas, lo que remite a conceptos como la primacía urbana y la macrocefalia. Dicha concentración no es necesariamente un problema; solo lo es bajo determinadas condiciones que se dan en muchos casos en América Latina y el Caribe.
La teoría del tamaño urbano planteada por Harry Richardson en los años setenta señala, por el lado de los beneficios, que la concentración abarata costos de provisión de servicios e infraestructura básica, a la vez que acelera el intercambio de conocimientos entre personas, empresas e instituciones, promoviendo el aprendizaje y la innovación. Por el lado de los costos, puede provocar congestión en el uso de los servicios y de la infraestructura, aumentar la contaminación o deteriorar las condiciones de convivencia. Además, cuando esta concentración se traduce en la formación de aglomeraciones de gran talla, los costos de funcionamiento crecen más que proporcionalmente pues implican la puesta en funcionamiento de sistemas de transporte, comunicación y provisión de servicios cada vez más complejos y sofisticados.
Según estimaciones econométricas publicadas en 2009, el costo económico provocado por el exceso (o la falta) de concentración urbana, con niveles por encima (o por debajo) de un patrón histórico, puede suponer pérdidas de hasta 1,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno per cápita a mediano plazo. Ese mismo estudio muestra que la mayoría de los países latinoamericanos han sobrepasado tales umbrales: de un total de 14, el nivel de concentración territorial es satisfactorio solamente en Bolivia, Colombia y Ecuador y es excesivo en otros 11 (Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay). Ninguno presenta una concentración muy baja.
Los costos de la macrocefalia trascienden la cuestión económica. Desde una dimensión política, cuando la cabeza del sistema de decisiones carece de diversidad en su composición territorial, aumenta el riesgo de que su conducción tienda al centralismo y a la perpetuación de los desequilibrios de poder. Y desde el punto de vista ambiental, el aumento de la talla de las ciudades, tanto geográfica como demográficamente, conlleva nuevos desafíos para la provisión de los servicios básicos de infraestructura (agua, energía, movilidad, saneamiento, vivienda) que aparecen no de forma progresiva, sino por escalones. Si esa infraestructura no progresa ni se complejiza al ritmo que requiere el tamaño de la ciudad, las condiciones de vida se deteriorarán (contaminación del agua y del aire, desechos sólidos y tóxicos). En algunos casos, dichos costos se ven compensados con creces por los beneficios en productividad y capacidad de innovación facilitada por la ciudad, pero en otros es posible que los sobrepasen y generen un saldo desfavorable.
