La victoria de la coalición multicolor en las elecciones de 2019 había causado preocupación entre los impulsores de la regulación del mercado de marihuana, temerosos de que las nuevas autoridades del gobierno desarticularan sus aristas más polémicas, en particular la venta de cannabis en las farmacias. Por el momento, sin embargo, la mayor dificultad que enfrenta ese mecanismo en el futuro cercano llega desde el sector privado.
La mayoría de las compañías elegidas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para producir la marihuana que se comercializa en las farmacias enfrenta problemas, según diversas fuentes del sector consultadas por Búsqueda. Las dificultades van desde conflictos internos entre sus accionistas y problemas financieros, hasta retrasos provocados por el impacto que tiene la pandemia generada por el nuevo coronavirus (Covid-19).
La producción insuficiente impide satisfacer la demanda creciente en las farmacias, según el Ircca. De hecho, la cantidad de personas inscriptas en el registro para comprar hasta 40 gramos de marihuana por mes sigue en aumento, un movimiento ajeno a los avatares políticos.
Conciliación frustrada
La venta de marihuana con fines recreativos en farmacias era el aspecto más polémico y complejo de implementar de la ley que aprobó el Frente Amplio durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Junto con ese mecanismo innovador, la norma sancionada en diciembre de 2013 estableció otras dos vías de acceso al cannabis sobre las que ya había experiencia internacional: el cultivo doméstico y los clubes de consumidores.
El autocultivo y los clubes comenzaron a funcionar con autorización estatal en 2014, pero la venta en farmacias demoró varios años. El gobierno de Mujica hizo un llamado para otorgar licencias a empresas interesadas en producir hasta dos toneladas anuales de cannabis, pero fue recién en julio del 2017, durante la administración de Tabaré Vázquez, que el sistema se puso en marcha.
Las dos empresas elegidas, Simbiosys e International Cannabis Corp. (ICC), nunca cumplieron con el máximo de producción autorizado por el gobierno. Ambas arrastran problemas que son anteriores a la pandemia.
Los dos propietarios de Simbiosys están enfrentados en un conflicto que llegó a la Justicia. La accionista mayoritaria Carolina Sintas evalúa demandar al socio minoritario Francisco Ortiz von Bismarck por incumplimiento de contrato después de que una instancia de conciliación concluyó sin acuerdo, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
La disputa comenzó a mediados del 2017 cuando Francisco Ortiz von Bismarck, bisnieto del mariscal que unificó Alemania, intentó comprar Simbiosys. Después de adquirir las acciones de los socios minoritarios —alrededor del 30%—, el español no pudo llegar a un acuerdo final con Sintas por el resto de las acciones.
La instancia de conciliación, etapa previa al juicio, ocurrió antes de que la Suprema Corte de Justicia decretara una feria judicial especial por la pandemia, relataron los informantes.
La otra empresa que produce marihuana para las farmacias es la canadiense Aurora Cannabis, que en 2018 compró ICC, la compañía fundada por el empresario y actual senador Juan Sartori.
A finales del 2019, cuando el coronavirus no estaba en el horizonte, Aurora Cannabis fue una de las empresas del rubro que más sufrió la caída de los mercados internacionales. Esta semana, la multinacional canadiense sufrió otro revés en Wall Street en su intento de atraer capitales.
Si bien su producción de marihuana es superior a la de Simbiosys, los negocios de Aurora Cannabis en Uruguay, adquiridos por más de US$ 200 millones, han sido deficitarios para la compañía. Por eso, empresarios del rubro especulan con la posibilidad de que los canadienses vendan sus intereses en Uruguay y abandonen el país, como han hecho en otros lugares.
Oferta y demanda
El 18 de octubre de 2019, a días de las elecciones nacionales, el gobierno de Vázquez firmó la resolución con la que otorgó nuevas licencias, de cinco años de duración, para plantar marihuana a Uruguay Biopharmaceutical Research Company LLC, Jabelor S.A. y Legiral S.A.
El objetivo de las autoridades era aumentar la producción de cannabis, que todavía está lejos de satisfacer la demanda en las pocas farmacias habilitadas a venderla.
Desde que empezó la comercialización en julio de 2017 se vendieron 3,8 toneladas de marihuana. El promedio de compras se mantuvo estable en los primeros dos meses del 2020: 134 kilos en enero y 122 kilos en febrero, según un informe del Ircca divulgado esta semana.
Al 29 de febrero de este año, había 43.124 personas registradas para comprar marihuana en las farmacias, 2.520 más que en octubre del 2019. Sin embargo, no todos los anotados consiguen el producto: solo 14.977 adquirentes registrados “compraron cannabis —por lo menos una vez— por esta vía” entre octubre y febrero, dice el documento oficial. En los días de venta suele haber largas filas de interesados en las puertas de las farmacias y el producto se agota en horas.
“En el presente informe se continúa observando la limitación respecto a la cantidad de adquirentes en farmacia que acceden al producto. Las nuevas licencias otorgadas para la producción de cannabis con destino exclusivo de expendio en las farmacias adheridas, representan una medida correctiva que permitirá un mayor dinamismo de esta vía de acceso, favoreciendo el aumento de la cobertura del mercado formal de cannabis para uso no médico”, dice el documento.
Ese intento de corrección de la oferta tiene problemas. De las tres empresas seleccionadas, solo Jabelor S.A. tiene sus obras avanzadas y aspira a tener todo pronto para iniciar la producción a partir de julio, según fuentes de la compañía.
El pliego de la licitación, al que accedió Búsqueda, no estableció cuotas de producción mínima para el primer año, pero sí a partir de los siguientes: 800 kilos el segundo año, 1.000 kilos al tercero y 1.500 kilos para el cuarto y el quinto.
Uruguay Biopharmaceutical Research, de capitales estadounidenses, apenas inició los trabajos de movimiento de tierra en el predio estatal en el que deben instalar sus invernaderos. El proyecto está retrasado con respecto al cronograma de trabajo que la compañía se había fijado, una situación que empeoró ahora por el coronavirus, dijeron fuentes de la compañía.
La empresa ha tenido dificultades para traer fondos desde Estados Unidos a través del sistema financiero, reacio a trabajar con el sector cannábico, pero sus autoridades confían en que superarán los problemas y podrán cumplir con el pliego de la licitación, precisaron los informantes.
La situación más complicada es la de Legiral S.A., según varias fuentes consultadas. Hay discrepancias entre los inversores y ni siquiera empezó sus trabajos en el predio, lo que hace difícil que llegue a tiempo con las exigencias del Ircca.
