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La quiebra de empresas es un acontecimiento común en los países de economía capitalista; ocurre cuando las deudas superan a los activos y no se espera que esa situación pueda cambiar. Las quiebras suelen ser consecuencia de la imprevisión, la ignorancia, errores de gestión, la mala suerte, o de una combinación de varios o todos esos factores. La mayoría no implica conductas ilegales. Aún en ese caso, sin embargo, cuando el sector público está directamente involucrado suele haber responsabilidades y costos políticos.
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Pluna no quebró; fue cerrada por el gobierno. Según los números que se difundieron públicamente, su pasivo era efectivamente superior a sus activos; el presidente José Mujica sostuvo que Pluna fue cerrada porque de hecho estaba en quiebra. Según dijo en diciembre pasado, “si dejábamos que todo se hubiera caído y la empresa se hubiera fundido, hubiera sido más fácil; quisimos salvarla y ser acelerados, y nos equivocamos”. De modo que aunque técnicamente no fuese una quiebra, fue algo similar.
El cierre tuvo muchas consecuencias tangibles negativas, incluyendo pérdidas considerables para el Estado uruguayo; se puede discutir el monto preciso, pero no la pérdida en sí misma. Estas pérdidas fueron de alguna manera agravadas por varias razones. Buena parte de lo que ocurrió fue y sigue siendo opaco, opacidad acentuada por varios detalles (como mínimo) desconcertantes, y porque luego se identificaron conductas aparentemente delictivas en la historia previa al cierre, y en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. En el marco de una causa abierta sobre la gestión de Leadgate como socio mayoritario de Pluna, fueron procesados con prisión su CEO (y ex presidente del directorio de Pluna SA) Matías Campiani, y dos socios suyos en Leadgate, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde. Se les imputa “delito continuado de estafa muy especialmente agravado”. El escribano Pablo Seitún fue procesado sin prisión por falsificación de documento. Por último, en diciembre pasado se solicitó el procesamiento (también sin prisión) del entonces ministro de economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia. Se les imputa “abuso de funciones” en el otorgamiento de la garantía que el BROU dio a la empresa española Cosmo, la del “caballero de la derecha”, para que pudiera participar en la subasta de siete aviones Bombardier de Pluna.
Se puede discutir si la quiebra era inevitable o si, como dijo el presidente, hubiera sido preferible esperar a que ocurriese. Al margen de estas discusiones, la Justicia deberá resolver si hubo delito en el caso de las cuatro personas ya procesadas, y también deberá decidir si corresponde procesar a los dos funcionarios. Más allá de esas discusiones y de las decisiones judiciales pendientes, de la historia de Pluna surgen responsabilidades y costos políticos. El propio Lorenzo dijo que renunció para asumir sus responsabilidades políticas “como un ciudadano más”.
La magnitud de los daños y la gran visibilidad de algunos de sus episodios centrales han instalado a Pluna en la agenda, independientemente de las preferencias y acciones de los distintos actores políticos. Ellos tienden a atribuirse entre sí el grueso de esas responsabilidades, esperando minimizar el costo propio. Pueden tratar de controlar los daños, pero el problema en sí ya no lo pueden quitar de la agenda. En ese marco los actores políticos presentan sus versiones sobre cuáles fueron los “verdaderos” problemas y quiénes fueron sus responsables. Proponen una manera de describir y evaluar lo ocurrido, sus “relatos”. Pero los votantes deciden, en última instancia, “quiénes son los culpables”: ellos asignan las responsabilidades políticas.
Responsables sólo parciales.
Hasta hoy las dos únicas figuras públicas involucradas directamente son Lorenzo y Calloia, con pedidos de procesamiento todavía pendientes. A mediados de febrero, ante la pregunta “¿a Ud. le parece que el ex ministro Lorenzo y el presidente del Banco República Calloia son los principales responsables de los problemas acarreados por el cierre de Pluna?”, una mayoría relativa de los uruguayos (41%) sostuvo que no eran los principales responsables, aunque una robusta minoría opinó que sí (30%), y un tercer grupo de casi el mismo tamaño (29%) dijo que no sabía (Cuadro 1).
Entre los menos educados las dos respuestas están casi empatadas, pero a más educación, menor es la creencia en la “responsabilidad principal” de Lorenzo y Calloia. La izquierda en sentido amplio (izquierda, centro izquierda) es muy escéptica en cuanto a esas responsabilidades. Sólo un quinto (21%) los ve responsables, mientras que una clara mayoría absoluta (54%) opina que no fueron los principales responsables. Entre los que se consideran de derecha en sentido amplio una ajustada mayoría relativa (42%) cree que sí fueron los responsables, pero un porcentaje no mucho menor (37%) opina, al contario, que no lo fueron. Según estos datos, además, Lorenzo y Calloia “ganaron la batalla del centro”: el 39% cree que no fueron responsables, contra un 31% que piensa que sí lo fueron.
En conjunto, estos resultados son más bien positivos para Lorenzo y Calloia, pero no zanjan la cuestión sobre las responsabilidades políticas finales de la historia. Para eso es necesario saber más sobre lo que piensa la mayoría relativa (41%) que sostiene que los dos funcionarios no son los principales responsables.
Responsabilidad del Frente Amplio.
A los encuestados que decían que Lorenzo y Calloia no fueron los principales responsables del episodio (41% del total), se les preguntó quién había sido el principal responsable: “¿el gobierno actual (de Mujica), que cerró Pluna, el gobierno de Vázquez, que hizo el acuerdo con Campiani, o los gobiernos anteriores, que habían acordado con Varig?”. Las respuestas se dividieron de esta manera (siempre en porcentajes sobre el total de los encuestados): el 4% apuntó al gobierno de Mujica, el 7% al gobierno de Vázquez, y el 18% a los gobiernos anteriores. El 7% dijo que todos esos gobiernos eran igualmente responsables, y el 4% restante sostuvo que ninguno de esos gobiernos había sido realmente responsable. Estas son las respuestas del 41% de los encuestados que dijeron que Lorenzo y Calloia no fueron los “principales responsables”.
El 30% que afirma que Lorenzo y Calloia fueron los principales responsables asigna esa responsabilidad a la administración Mujica: ocurrió en su gobierno, y además todo el gobierno, comenzando por el presidente, se solidarizó explícitamente con los dos funcionarios. Ese 30%, más el 4% que señaló al gobierno de Mujica (pero no a los dos funcionarios) suman el 34% que responsabiliza al gobierno Mujica. Sumando el 7% que señala a la administración Vázquez, se llega al 41% de los encuestados que piensa que la principal responsabilidad está en última instancia en los gobiernos del Frente Amplio. Un 18% dice que es de los gobiernos anteriores al FA (colorados, o colorados y blancos), el 8% dice que todos esos gobiernos comparten la responsabilidad, y el 4% restante sostiene, al contrario, que ninguno de ellos es responsable. Desde esta perspectiva minoritaria o bien no habría “responsabilidad final” (lo ocurrido fue el resultado de una combinación más bien accidental de circunstancias), o esa responsabilidad sería de actores privados. El Cuadro 2 resume la situación.
Para la mayoría (relativa) de la población la responsabilidad política final en el caso Pluna es del FA (41% lo ven así). Un 18% señala a los gobiernos pre-FA, y un 12% adicional cree que esa responsabilidad es de todos esos gobiernos (8%), o de ninguno de ellos (4%). En este último caso no habría responsabilidades (ni “culpas”) políticas a asignar.
En suma: Lorenzo y Calloia no son los principales responsables de esta historia de Pluna, aunque sí son los principales responsables específicos dentro del Frente Amplio. Pero para los uruguayos esa responsabilidad, y sus eventuales costos, son claramente del FA.
A mayor educación, mayor responsabilidad atribuida al FA. Entre los más educados, en particular, es más grande (en términos relativos) el grupo que responsabiliza al FA pero no a Lorenzo y Calloia (el 21% del grupo: la diferencia entre el 45% que dice que el principal responsable es el FA, y el 24% que asigna esa responsabilidad específicamente a los dos funcionarios; esa diferencia cae a la mitad, 10%, entre los que poseen alguna educación secundaria, y a un porcentaje similar pero algo más bajo, 8%, entre los que sólo tienen educación primaria).
Responsabilidades y costos políticos.
Al menos a corto plazo, estas responsabilidades no han tenido costos políticos. La misma encuesta que llegó a estas conclusiones no encontró variaciones significativas en las intenciones de voto. Sí encontró, al contrario, mejoras relativas en la evaluación de la gestión del presidente y en su popularidad personal, aunque dentro de las responsabilidades del FA el grueso le toca a su gobierno (en números, las cuatro quintas partes: 34% para su administración, 7% para la de Vázquez).
Sin embargo, la forma en que el electorado asigna responsabilidades podría tener alguna clase de costos. El FA “pierde” frente a los partidos fundacionales en una proporción algo mayor que 2 a 1 (41% dice que el FA es el responsable, contra 18% que señala a los gobiernos anteriores).
El FA “gana” entre la izquierda, aunque por poco: el 30% dice que los partidos fundacionales son los responsables, pero el 27% opina que esa responsabilidad es del FA; lo llamativo aquí no es la victoria del FA entre la izquierda, sino el escaso margen de esa victoria. Las cifras también muestran que en este caso el FA ha perdido, claramente, “la batalla del centro”: los que se consideran en el centro de la escala atribuyen la responsabilidad al FA por un margen de casi 3 a 1.
En resumen: frente a la opinión pública el caso Pluna tiene un responsable claro, el FA, pero esa responsabilidad política no se ha reflejado en costos políticos visibles (ni en intenciones de voto, ni en la imagen del presidente). El impacto final del caso Pluna probablemente dependerá de los acontecimientos futuros: puede diluirse, si el FA “hace las cosas bien” desde el punto de vista del electorado, pero también puede volverse tangible (si el FA “no hace las cosas bien”). Por ahora es sólo una resta potencial. Desde el punto de vista del FA, en el mejor de los casos el episodio podría ser neutro; en él no tiene nada para ganar.
