Pese a que la decisión no contaba con su simpatía, legisladores del Frente Amplio votaron esta semana la venia del colorado Julio Luis Sanguinetti, un abogado, exdiputado y consultor de varios organismos internacionales, para que ocupe la vicepresidencia de UTE. Ese nombre también había causado problemas en la interna del Partido Colorado, ya que Ciudadanos no estaba de acuerdo con su designación. De todas maneras, apoyaron el pedido e, incluso, la venia de Sanguinetti fue informada por el senador de Ciudadanos Adrián Peña.
Pero el miércoles 10 surgió un problema. El senador blanco Jorge Gandini dijo que el Poder Ejecutivo no debería enviar al Parlamento la venia del frenteamplista Nicolás Cendoya, exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y nomidado para el Directorio de Antel, hasta que no se aclare su situación. La Fiscalía investiga la actuación de Cendoya luego de que un exfuncionario de su confianza destruyera papeles en la Ursec. Gandini comentó a Búsqueda que no le parece adecuado votar la venia de alguien que está siendo investigado por la Justicia. “No voy a votar nada de lo que no esté convencido”, señaló.
Gandini reclamó que se agiliten las venias de los demás cargos en Antel, porque el resto de las autoridades del ente deben ser nombradas “cuanto antes”. Según supo Búsqueda, en Presidencia decidieron congelar todas las venias de Antel.
La Presidencia de Antel quedó vacante después de que el 20 de mayo Lacalle Pou le pidiera la renuncia a Guillermo Iglesias, quien había asumido el cargo dos meses antes. Jerarcas del gobierno entendieron entonces que fue un error designar a un técnico en un lugar tan importante.
La semana pasada también hubo revuelo en redes sociales por la venia para que Araceli Desiderio integre el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS). El currículum que presentó Desiderio al Parlamento tenía errores de redacción: “Desde 2017 me desempeño en la manejando a operativa, presentación de proyectos empresas de paisajismo Araceli Desiderio”. Además, la candidata escribió que tiene educación de posgrado cuando no demostró tener un título de grado.
La flamante directora del BPS destacó en su currículum que fue delegada por Montevideo del Movimiento Un Solo Uruguay. “Repudiamos el uso del movimiento para acceder a cargos políticos por parte de Araceli Desiderio”, señaló en un comunicado Un Solo Uruguay.
Desiderio fue propuesta por Cabildo Abierto. El senador y líder de ese partido, Guido Manini Ríos, la defendió. “Nosotros estamos seguros de que ella va a trabajar y va a cumplir en forma totalmente satisfactoria con la función”, dijo en Subrayado, de Canal 10. “Estoy realmente aburrido de ver gente con currículum de páginas y páginas y después ser un verdadero fiasco en el cargo que ocupan, y también vi gente con currículum menores a los que tiene la señora Desiderio que han llegado a cargos de mucha más importancia a nivel nacional. Todos sabemos que hay gente con mucho menos currículum que han desempeñado cargos muchos más importantes, entonces el tema de currículum, el tema de focalizar ahí no tiene sentido”.
En estos 100 días de gobierno, además de pedirle la renuncia al titular de Antel, Lacalle Pou removió al presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Miguel Loinaz. En este caso, el punto de quiebre fue una entrevista que brindó a Búsqueda en la que dijo que no trabajaba “full time” en el organismo porque debía atender su negocio privado.
Al igual que en el caso de Iglesias, la designación de este abogado correspondió al Partido Nacional. “Va a estar donde Wilson (Ferreira) quería que estuviera”, dijo el senador Sergio Botana cuando en abril se votó la venia de Loinaz.
A estos problemas suma el caso de Natalia Pereyra, representante de los usuarios en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que tiene una denuncia en la Justicia. Pereyra ya estaba en el cargo y fue ratificada el 14 de abril en el Senado. El Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada denunció penalmente por estafa a Pereyra, según informó a comienzos de mayo el diario El País.
Técnicos y políticos.
Los nombramientos para cargos causan siempre polémica. Históricamente, los dirigentes políticos que no alcanzaban un lugar en el Parlamento o en un gobierno departamental tenían luego una “recompensa” y se los designaba para un cargo en un ente autónomo o servicio descentralizado.
Previo a las elecciones, sin embargo, los partidos suelen prometer que para ocupar los cargos recurrirán a los mejores técnicos que tienen a disposición y no a políticos que quedaron por el camino en las elecciones.
En las designaciones de este gobierno conviven las dos visiones. De 48 cargos aprobados por venia hasta ahora, poco más de la mitad tienen una vinculación técnica con el área o trabajaron en algún momento en el organismo en el que fueron designados.
En el Banco Central del Uruguay, por ejemplo, fueron nombradas personas con perfil técnico y vinculadas al tema en cuestión o que gestionaron organismos del Estado. Diego Labat, el presidente del BCU, es economista, contador y fue director de Ancap. El directorio lo integran también Washington Ribeiro, licenciado en Economía que se venía desempeñando como director del banco, y el frenteamplista Ignacio Berti, es un abogado que dirigió varias empresas públicas.
Un mismo criterio hubo en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, donde tres designaciones fueron para personas vinculadas al área: Robert Silva, Juan Gabito Zóboli y Dora Graziano.
En la Administración Nacional de Puertos los tres jerarcas también están vinculados al área: Juan Curbelo, Gastón Bianchi y Alejandra Koch.
Pero hay otros casos. En OSE, si bien su presidente, Raúl Montero, es un ingeniero que trabajó en el organismo, los otros dos directores no están vinculados directamente en el tema: Susana Montaner (Partido Colorado) es abogada y exdiputada, y Edgardo Ortuño (Frente Amplio) es docente de Historia, exdiputado y exviceministro de Industria.
Fabián Velázquez (Cabildo Abierto), un analista de Sistema que trabajó en UTE, fue nombrado en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Al frente de este organismo está Pablo Abdala, un político de experiencia, y esta semana se nombró a Natalia Argenzio (Frente Amplio), una licenciada en Enfermería que ha trabajado con temas de infancia y adolescencia.
Las dificultades para designar cargos estuvieron en el centro del debate de la tertulia del martes 9 del programa En Perspectiva, Radiomundo. El politólogo Daniel Buquet planteó que si bien era “esperable” que al nuevo gobierno le tomara tiempo para “aterrizar”, el tema le está llevando demasiado tiempo y ha estado cargado de “improvisaciones”.
Buquet planteó que sería momento de que los políticos dejen de prometer en campaña que van a designar a los mejores, porque después no cumplen. “El gobierno termina exponiendo la distribución de cargos, en muchos casos, como un tema de repartija y acomodo”, criticó.
Su colega Daniel Chasquetti estuvo de acuerdo en que las promesas de campaña en ese tema no se cumplen. “Ningún partido puede garantizar este postulado, este postulado puede sonar demagógico”, explicó.
Tanto Chasquetti como Federico Irazábal marcaron el problema particular que provoca el socio más nuevo de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, que carece de estructura y militancia fuertes como para ofrecer postulantes.
Irazábal, de hecho, señaló que el currículum presentado por Desiderio “no califica para ningún empleo” y aseguró que en cualquier lugar si presentaba ese documento, se lo tiraban para atrás.
El politólogo Adolfo Garcé planteó un matiz en la discusión. Dijo que le resultaba lógico que se distribuyan cargos y que se “premie la lealtad política”. Para resolver el problema, según Garcé, hay que hacer “más compatible la carrera política con mejores estándares de formación para la gestión”.
Información Nacional
2020-06-11T00:00:00
2020-06-11T00:00:00
