“Las muertes en prisión son una muy mala señal. Algo anda muy mal. Más aún cuando analizamos los casos y vemos que se trata de episodios de violencia generada por el encierro en la celda, por falta de actividades educativas y laborales. Es grave que el propio Estado genere violencia por su inacción. Al estudiar las carpetas de los internos vemos muy pocos registros sobre qué trabajo han hecho, qué capacidades han adquirido, en qué han podido mejorar su situación. Nadie se rehabilita no haciendo nada”, opinó el comisionado parlamentario.
“El sistema carcelario, en todos los países del mundo, es un sistema con sus propias lógicas y sus propias complejidades, donde predomina siempre la violencia. Una violencia que se ejerce sobre aquella persona que ha sido condenada por la comisión de un delito. Hay una primera violencia para que no se escape y luego por determinadas lógicas y normas de funcionamiento del propio sistema”, dijo a Búsqueda Ricardo Pérez Manrique, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que más atención ha prestado a la situación de las cárceles.
Para Pérez Manrique es un gran motivo de preocupación que, a pesar de las medidas para abatir el hacinamiento y la incorporación de personal civil, en las cárceles uruguayas “ha habido un aumento de la violencia” debido a serios problemas de gestión, que se expresan en la disputa permanente entre el criterio custodial y el criterio educativo.
Los 78 defensores de oficio que trabajan en el Poder Judicial atienden a alrededor del 90% de los presos, lo que daría un promedio de 120 casos por abogado. Para agilizar la tarea y también por seguridad en algunas cárceles, se ha optado por trabajar mediante teleconferencias, explicaron fuentes judiciales.
Pero no solo los presos sufren. Un informe de la Inspección General de Trabajo, realizado sobre la situación de la cárcel Santiago Vázquez (Comcar), al que accedió Búsqueda, reveló que los policías penitenciarios y los operadores deben trabajar en compañía de “roedores, insectos y bacterias”, sufriendo también el asedio de algunos reclusos, sin ámbito bipartito como dispone la ley, sin calzado adecuado, con heladeras, cocinas y otros equipamientos llevados por ellos mismos y con el agravante de que muchos de ellos son de Artigas o Rivera y pasan una semana entera en la cárcel.
En noviembre pasado, cuando se produjo la visita de cuatro inspectores, a pedido de uno de los sindicatos policiales, había 420 funcionarios para cubrir los dos turnos de 12 horas. El módulo 8, uno de los más conflictivos y superpoblados, contaba con 6 policías en el turno diurno y 3 en el nocturno para 715 internos.
A pesar de las muchas enfermedades profesionales, “el personal no cuenta con un seguimiento o acompañamiento terapéutico” y además evitan pedir psicólogo o psiquiatra porque se les retira el arma y eso “les impide realizar el servicio 222” y causa más inseguridad personal.
Los que compran la droga.
Aunque Pérez Manrique reconoce que en el mundo los criminalistas no han saldado la discusión entre quienes sostienen que la finalidad del Derecho Penal es el castigo y que los objetivos de rehabilitación la desvirtúan, en Uruguay, el artículo 26 de la Constitución dispone un mandato claro para la profilaxis del delito.
“Ese mandato debe ser cumplido y si no se cumple se está violando la Constitución”, advirtió el magistrado. Pero además, “una cárcel que logra la finalidad de rehabilitación se constituye en la mejor política preventiva”, afirmó.
En efecto, la calidad de un sistema penitenciario tiene su prueba de fuego en el porcentaje de reincidencia. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que entre el 60 y 70% reinciden, lo que es a todas luces un fracaso.
Para la flamante jefa de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Inés Bausero, la responsabilidad es en primer lugar del Estado, que debe ofrecer oportunidades de rehabilitación a las personas que salen de la cárcel. Pero también es responsabilidad del resto de la sociedad, porque los que consumen drogas o compran productos robados no están tan ajenos como suponen. “El gerente de una empresa, el artista, el estudiante o el periodista que inhala cocaína, fuma marihuana o pasta base también es parte del problema y no está tan lejos del delito como se pretende”, dijo la jerarca a Búsqueda.
Varias empresas del Estado, como OSE o el Correo, ofrecen pasantías de hasta dos años a ex presos. En cambio, no se cumple el artículo 14 de la ley 17.897 que dispone que el 5% de los puestos de peones de todas las empresas que contratan con el Estado deben estar ocupados por liberados de las prisiones. La disposición queda solo en el papel porque se “olvidó” poner una multa que obligue a su cumplimiento y debido a ello ninguna de las empresas hace caso a este artículo, ni siquiera Teyma, que está construyendo una mega cárcel para casi 2.000 presos en Punta de Rieles (ver recuadro).
Al lado de la nueva prisión sobrevive el proyecto de la ex cárcel de Punta de Rieles, con alrededor de 600 penados en condiciones muy diferentes al resto.
Pérez Manrique parte de la base de que hay personas que se pueden rehabilitar si se les ofrecen las condiciones y que también existe un grupo que —lo dice “aunque no sea políticamente correcto”— “son irredimibles”.
Según el magistrado, “el sistema debería saber elegir y trabajar con estas personas que pueden ser redimibles”, pero eso no es posible “si viven 23 horas encerrados en sus celdas, no tienen oportunidad de salir al aire libre, ir a talleres, deportes, ocupar su vida”.
Uruguay, salvo excepciones, trata muy mal a sus presos. El ex director Enrique Navas, famoso por ser duro pero franco, sostenía que Uruguay se olvida de que los presos algún día van a salir en libertad.
Los informes del comisionado parlamentario Petit, si bien reconocen algunos de los avances de las autoridades, son claros en que, en especial en Canelones, Libertad y algunos módulos de Comcar (sobre todo el 8, 10 y 11) se mantienen condiciones inaceptables, sobre todo porque la falta de personal y otras causas hace que los internos pasen “trancados” la mayor parte del tiempo, lo que fomenta la violencia.
“No es reparar un transistor”.
“La política penitenciara tiene que ser parte de la política social. Si no es mera contención. El Estado, como garante de los derechos humanos y de la protección de la vida de todos los habitantes, tiene una enorme oportunidad para el trabajo social en el ámbito penitenciario. Es grave desaprovechar eso. Prácticamente no hay trabajo social hacia afuera, con las familias y su entorno, en el sistema penitenciario”, dijo Petit a Búsqueda.
“Uno de los mayores retos que tenemos por delante, como país, es superar la exclusión social, los barrios aislados y ghettizados a los que no llegan los niveles de vida accesibles hoy en día. El trabajo que hay que hacer en esos ámbitos es muy similar al que hay que hacer en las cárceles. O sea, una saturación de programas socioeducativos, culturales, deportivos y laborales. Un plan intensivo de integración ciudadana. Rehabilitar no es reparar un transistor que se rompió. Es ayudar a que la persona se suba a una corriente de vida ciudadana que le permita sostener un proyecto de vida sin violencia”.
El deporte, el trabajo y la educación serían el camino. Secundaria ofrece a los presos que estudian un kit estudiantil con un cuaderno de 28 hojas, un lápiz, una goma y un sacapuntas. Primaria tuvo hasta ocho maestros en el Comcar, pero ahora solo hay una, que desde hace 10 años cumple con su trabajo con rango de policía.
“Sería muy bueno asumir que la tarea penitenciaria no es solo del Instituto Nacional de Rehabilitación: es obligación de todo el Estado. El Ministerio de Desarrollo Social debería estar en conexión permanente con el sistema educativo”, opinó Petit. “Sería bueno que hubiera una política educativa para la cárcel sólida y constante. Lo mismo puede decirse de la cultura y el deporte”, agregó.
Varios presos integrantes del gremio de estudiantes privados de libertad consideran que uno de los problemas es que “los plumas grandes” están desde hace años en los cargos en el Comcar y tienen sus propios intereses.
Al violar a diario los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado uruguayo está dando un muy mal ejemplo: “Tener cárceles que no cumplan con las normas es una muy mala señal que damos diariamente a quienes no han cumplido con las normas. El Estado es el primero que debe cumplir con las leyes. No lo hace cuando en las cárceles no es posible acceder a educación, a trabajo, a salud, a cultura, a deporte, a la familia”, opinó el comisionado.
“Las familias quedan en un enorme estado de vulnerabilidad. Todos los días vemos familias numerosas, carenciadas, desarmadas. Si no hay un trabajo social de apoyo con ellas, vale la pena preguntarse: ¿Quién se va a hacer cargo? La respuesta es dura y clara: si no está el Estado estarán diversos circuitos de ilegalidad”, sostuvo el comisionado.
En un informe de junio pasado sobre la situación de los módulos 8, 10 y 11, el comisionado había advertido que “si no existe la capacidad de entender la profundidad de los problemas presentes, atenderlos y superar las ‘materias pendientes’, los avances logrados se perderán”.
