La muerte de Luisa Cuesta dejó a la vista crisis en el movimiento y carencias del Estado en la búsqueda de los detenidos desaparecidos

Además de ella —madre de Nebio Melo, secuestrado en 1976 en Buenos Aires—, en diferentes etapas estuvieron Violeta Malugani, María Magdalena Salvia, Luz Ibarburu, Hortensia Pereira, Amalia González, Irma Hernández, María Almeida, María Esther Gatti, Marta Casal y otras que, de modo cariñoso, recibieron el sobrenombre de las Viejas.

La inocencia de Nuremberg.

Emilia Carlevaro, una militante que integró Familiares, recordó un diálogo que presenció entre Cuesta y Salvia, madre del desaparecido Juan Pablo Errandonea, a la que llamaban Quica.

—Pensar, Luisa, que cuando se hicieron los juicios de Nuremberg (en los que fueron ahorcados los principales jefes nazis en 1946) pensamos que nunca más habría crímenes como esos — dijo Quica.

—¿Te das cuenta? ¡Qué inocentes fuimos! Es que hay que carpir más hondo —concluyó Cuesta.

Carlevaro discrepa con el expresidente José Mujica, que repitió la idea del exministro Eleuterio Fernández Huidobro de que no hay mucho que hacer porque a los que tienen la información no se los puede torturar, y cree que se debió haber presionado más al Ejército por el lado económico, por ejemplo, con las Misiones de Paz.

“Las Viejas tenían una comprensión cabal de lo que fue la desaparición forzada en América Latina, un fondo de criminalidad que no es conocido por la gente, en la que tomó parte el propio expresidente de Perú Alan García en su primer gobierno y que se repitió en Europa y otros lugares luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, con los chupaderos y vuelos clandestinos de la CIA”, declaró.

Olivera considera que en el caso uruguayo, el primer mojón para avanzar en la búsqueda de la maestra desaparecida Elena Quinteros se produjo en 1999 cuando el exsoldado Sergio Pintado se presentó ante la Suprema Corte de Justicia e hizo una declaración voluntaria.

Las confesiones de Pintado desencadenaron el procesamiento del excanciller Juan Carlos Blanco, aunque el cuerpo de la maestra secuestrada en el jardín de la Embajada de Venezuela nunca apareció y el cerco sobre las posibles fuentes, jueces y fiscales que quisieran investigar (aún dentro de la ley de caducidad, como Alejandro Recarey), se hizo más estrecho.

Zanahoria en disputa.

El arqueólogo José López Mazz, que fue contratado en 2005 por un año, pero estuvo alrededor de una década al frente de los equipos de búsqueda, encontró pruebas científicas de la existencia de la llamada Operación Zanahoria, que habría sido ordenada para remover los cuerpos enterrados de forma clandestina en dependencias militares y quemarlos.

Para el exjefe de los historiadores que colaboraban con el grupo de búsqueda Álvaro Rico esa teoría es apenas una hipótesis porque no existe certeza de que esa operación, que resulta muy conveniente para desalentar la búsqueda, haya existido.

Antes de dejar el cargo, López Mazz estaba dispuesto a romper parte del piso de uno de los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) en Gruta de Lourdes, a partir del testimonio de un oficial retirado del Ejército.

Las pruebas con georradar, realizadas por técnicos argentinos y uruguayos por separado y la valoración del testimonio, sin embargo, dejaron dudas a los responsables de decidir la excavación y hasta ahora no se hizo.

Actualmente continúan las excavaciones en el ex-Batallón de Infantería Nº 13 y en el SMA, en Gruta de Lourdes. Trabajos de excavación en un terreno de Neptunia finalizaron recientemente sin éxito.

Rico y López Mazz estuvieron juntos este mes en la presentación del libro Perforando la impunidad. Historia reciente de los equipos de antropología forense en América Latina.

La coordinadora de la publicación, Silvia Dutrénit, destacó que “si algo ha distinguido en el estudio comparado al uruguayo GIAF (Grupo de Investigación en Arqueología Forense) fue su carácter universitario. Resultó el único con estas características en la región (…) que exhibía un compromiso desde la academia”.

Dutrénit se formuló varias preguntas: “¿Qué pasó con el GIAF? ¿Por qué fue relegado pese a que su actuación fue, hasta ahora, la más exitosa? ¿Qué está pasando en el presente después de tantos años sin que se logre algún hallazgo, pese a la certidumbre de que el número de desaparecidos en territorio nacional es mucho mayor al que se consideraba inicialmente?”.

El GIAF dejó de existir como tal luego de un robo no aclarado y de que Familiares, con el sobrino de Cuesta, Nilo Patiño, a la cabeza, quitara la confianza a López Mazz, quien fue reemplazado por Alicia Lussiardo. El grupo dejó de funcionar en el ámbito de la universidad y sus integrantes pasaron a ser contratados por la Presidencia.

Rico, que también fue cuestionado por Patiño, incluso a nivel del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, fue sucedido por Fabiana Larrobla, pero parte del trabajo con los archivos de inteligencia de la dictadura quedó en manos de otro equipo que coordinan el propio Patiño y el periodista Samuel Blixen en la Facultad de Información y Comunicación estatal.

De Artigas a Manini.

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez en 2015 está desmantelado. Su coordinador, Felipe Michelini, dijo a Búsqueda que salvo la diputada Macarena Gelman y Pedro Sclofsky, todos renunciaron por diferentes motivos.

Michelini dijo que continuará mientras el presidente lo disponga porque “se debe seguir trabajando para erradicar la cultura de la impunidad” y opinó que habría que votar una ley que dé continuidad al trabajo. También fue muy crítico con la Suprema Corte de Justicia por su posición respecto a los crímenes de lesa humanidad.

“Han legalizado la tortura, la desaparición forzada, no me gustaría estar en los zapatos de esos jueces; los perpetradores de los crímenes gozan de privilegios que ninguna de la víctimas tuvo nunca. Si esto pasara por delitos comunes, sería un escándalo. Los delitos de uniforme tienen todas las ventajas y sigue la impunidad”, dijo Michelini a Búsqueda.

“Somos muy solidarios con las víctimas del nazismo o del genocidio armenio, ¿pero acá quién se hace cargo?”, preguntó.

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, expresó condolencias formales por la muerte de Cuesta en canal 12. Entrevistado unos días antes por Caras y Caretas TV, fue un poco más explícito que otras veces respecto a la dictadura. El comandante apeló a la historia: “Por supuesto que la muerte bajo torturas de un prisionero nunca es justificable. Los prisioneros, y ahí estoy con el general (Pablo) Galarza, son sagrados, no se los puede tocar”.

Manini Ríos afirmó que pese a que las situaciones de las detenciones también deben ser tenidas en cuenta hoy cuando se juzga, “el maltrato al prisionero jamás debe justificarse por un ejército y menos por un ejército que se precie de artiguista”.

Sobre los desaparecidos no avanzó demasiado: “Son muy pocos los que saben y seguramente no son los que están detenidos, porque lo hubieran aprovechado para mejorar su situación personal”.

Para el comandante, la Operación Zanahoria se hizo al final de la dictadura, con lo que hubo “una segunda desaparición”.

La exjueza Mariana Mota, que integra la Institución Nacional de Derechos Humanos, opina que las posiciones del Poder Judicial no pueden servir de excusa por responsabilidades que tiene el Estado en su conjunto.

“Así como antes fue proactivo en la violación de los derechos humanos ahora debe serlo en el sentido contrario”, afirmó, y puso como ejemplo que el Ministerio de Defensa no es diligente o que los abogados defensores de las víctimas actúan de forma militante, sin respaldo del Estado.