La noche, cómplice de delitos

Por ese camino en 1830 se plasmó en Uruguay el artículo 11 de la Constitución: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. Ocurrió durante 189 años hasta que en 2019 el avance y perfeccionamiento de la delincuencia condujo a buscar la extensión del allanamiento a las horas de la noche. La sociedad está conmovida ante las mafias del narcotráfico —principal argumento del gobierno—, pero también por las del contrabando y, aunque menos citadas, las bandas armadas que entre cuatro paredes planifican asaltos y traficantes del sexo de menores, casi siempre después de la caída del sol. La noche, cuando todos los gatos son pardos, es enemiga de la seguridad del ciudadano. Es cómplice de la impunidad.

Cuando en 2019 se discutía la reforma el líder de Unidad Popular, Gonzalo Abella, dijo en Voces que ese instrumento es peligroso si lo aplica “un gobierno neoliberal”. El militante induce en error a sabiendas para hacer creer que los allanamientos son decisiones meramente administrativas de un gobierno, cuando dependen del Poder Judicial. Otros asustaron con los allanamientos de las Fuerzas Conjuntas de la dictadura sin decir que tras el golpe de Estado normas arbitrarias tiraron a los jueces a la cuneta.

¿Qué opinan los ciudadanos en cuyas manos estaría el cambio? El dato más cercano lo da Pittaluga: entre mayo y junio de 2020 una encuesta de Equipos Consultores indicó que 72% de los uruguayos estaba de acuerdo con habilitar los allanamientos nocturnos con un previo control judicial. Del total de apoyos, 89% correspondió a votantes de la coalición de gobierno, mientras que el 54% de los frenteamplistas también respaldó la iniciativa.

Ante el avance de la idea de establecer los allanamientos nocturnos se han utilizado argumentos arbitrarios referidos al plebiscito de reforma constitucional de 2019, que lo incluía. No alcanzó el 50% de los votos y al ubicarse en 47% la negativa quedó laudada, dicen. Demagogia. La seguridad y los delincuentes impunes les importan un pito. Desde el gobierno replican que aquella reforma fue votada dentro de un paquete que incluía otras cuatro medidas rechazadas por razones partidarias antes que técnicas. Como en la ensalada rusa, era imposible distinguir los sabores por separado.

Cuando se discutía el plebiscito Vivir sin Miedo, el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, omitió pronunciarse sobre las propuestas debido a su cargo, pero recordó que desde hacía varios años reclamaba allanamientos nocturnos: “Una herramienta que necesitamos, que no hay razón de ser para que esté prohibido”, dijo en Así nos va de Carve. Probablemente porque en su carrera se topó varias veces con esa traba su opinión es de peso: exjuez penal en el interior y Montevideo, exjuez de Crimen Organizado, gestor de la reforma procesal penal y fiscal de Corte entre 2012 y 2021.

Esta iniciativa parece encaminarse a ser votada en un plebiscito junto con las elecciones generales de 2024. Un problema serio tanto para quienes estén de acuerdo como para los que discrepen. Es que la carga partidaria puede contaminar la propuesta y conducir a los electores a votar según el partido que apoyen en esos comicios, cuando son cosas diferentes.

Este es un debate que involucra a las libertades y puede extenderse hasta al infinito, pero algo es indiscutible. El texto constitucional le otorga al juez la facultad exclusiva de habilitar los allanamientos diurnos y lo mismo ocurre con el CPP, que además exige la solicitud del fiscal. Sin el aval único y exclusivo de la Justicia también está prohibido allanar durante el día. Si se habilitaran los allanamientos nocturnos, solo podrían llevarse a cabo mediante una decisión judicial.

En consecuencia, poco importa que sea de día o de noche porque la medida siempre queda en manos de un juez. Si la desconfianza llega hasta ese nivel, ni siquiera vale la pena discutir, y las mafias criminales seguirán a sus anchas mientras los hijos propios o los de sus vecinos mueren de sobredosis, el comercio se deshilacha por el contrabando y las menores son abusadas entre cuatro paredes por monedas y chucherías.