La noche, una cobertura para narcos

El artículo 11 de la Constitución es terminante: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

A veces recurren al argumento emocional del presunto impacto físico, psicológico y moral que un allanamiento nocturno les provocaría a niños que vivan en un lugar allanado. ¿Creen realmente que los niños tienen más garantías o mejor futuro si se educan durante años en hogares en los que mamá y papá están vinculados a las drogas que por un allanamiento nocturno? Cuando llegan a la adolescencia tendrán su bandita propia o integran la de otros.

En las últimas semanas han resurgido planteos de una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. De la misma forma en que la inseguridad ha conducido desde hace años a crear tipos delictivos y aumentar penas, vivimos una realidad social y delictiva completamente distinta a la de 1830. También a la de 1967 cuando la última Carta ratificó la prohibición de allanamientos nocturnos.

En las elecciones pasadas la reforma Vivir sin Miedo impulsada por el entonces precandidato blanco y ahora ministro del Interior, Jorge Larrañaga, incluía los allanamientos nocturnos. Se frustró por pocos votos.

Con las drogas en las cada vez más numerosas bocas de venta, parte de una mafia mayor, la noche pierde su halo romántico. Dejan de sonar los violines y la oscuridad se transforma en un funesto manto protector para el tráfico de drogas o de armas.

Los recientes asesinatos (en realidad descarnadas ejecuciones) de tres infantes de Marina en el Cerro lo dejaron al desnudo cuando la Policía y la fiscal Mirta Morales lograron en 24 horas, con extraordinaria eficiencia, la captura del responsable y de una pareja que conocía lo ocurrido. No fue un crimen cometido por una organización, pero sí influido por el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas.

La reforma que propuso Larrañaga no fue la única que se frustró. Una anterior, presentada en 2016 por Vamos Uruguay, tampoco prosperó. Al igual que la de Larrañaga, depositaba en el juez competente la autorización para esos allanamientos debidamente explicitados y fundados: dirección, día y horario del procedimiento. Cualquiera sea el juez debe ser muy exigente porque lleva atada su responsabilidad, y si se producen abusos tendrá que combatirlos. Como hoy con los allanamientos diurnos.

Si algún policía tuvo el respeto de todos los partidos fue el extinto exdirector de la Dirección Nacional de Represión y Tráfico Ilícito de Drogas y exdirector de la Policía Nacional, inspector Julio Guarteche. El reflexivo y estudioso funcionario consideraba que el allanamiento nocturno es una herramienta eficaz contra el narcotráfico porque los delincuentes utilizan ese hueco para penetrar con su negocio.

“Uruguay es el único país de la región que no tiene allanamientos nocturnos”, señaló en 2018 el fiscal general Jorge Díaz. Algo parecido dijo el expresidente José Mujica.

Nadie puede tener dudas de que los criminales aprovechan a sabiendas la norma constitucional y que en horas de la noche cuentan con la complicidad de esa impunidad.

La exposición de motivos de la reforma propuesta en 2016 establecía como argumento que “Uruguay no aparece hoy desafiado por la arbitrariedad institucional, y sí padece hondamente los efectos de una delincuencia cada vez más agresiva y virulenta, así como de un aumento significativo del tráfico de drogas, principalmente de la terrible pasta base, responsable de un alto porcentaje de los episodios de violencia que difunden sentimientos de inseguridad en casi toda la población. Por lo cual parece imperioso adaptar a los tiempos la disposición constitucional, impidiendo que sea usada contra las aspiraciones de la sociedad”.

En 1830 el constituyente imaginó la prohibición para limitar la prepotencia de un soberano autocrático y hoy “está resultando un cómodo parapeto para delincuentes (...), algo muy contrario a lo que imaginó el redactor de la Carta Magna”, dice esa exposición.

Ahora el senador blanco Carlos Camy —que ocupa la banca de Larrañaga—, junto con otros colegas, realiza gestiones para que la reforma constitucional se vote con las próximas elecciones municipales. No es sencillo llegar a esa instancia porque la idea se basa en el literal D del artículo 331 de la Constitución. Este exige el voto conforme de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Luego se deberá convocar al electorado para votar en la fecha en que la ley determine. Para aprobarse requiere mayoría absoluta de los votos emitidos.

Parece factible alcanzar esa meta porque la reforma propuesta no tendrá otras modificaciones que fueron cuestionadas del proyecto Vivir sin Miedo.

Si esta iniciativa fracasa será solo una cuestión de tiempo, y mientras habrá más bocas de venta, más adictos, más sicarios y más muertos: la reforma se impone.