Es que la actividad de los servicios de inteligencia es, por naturaleza, opaca, a menudo bastante cínica, pendiente de los vaivenes del poder y siempre jugando al límite de la legalidad. En una entrevista que se publica en esta edición, el nuevo director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), Álvaro Garcé, sin traicionar los principios de discreción que su nuevo trabajo demanda, busca comunicar que todo se hará “sanamente”, dentro de la Constitución y la ley, y defiende las recientes modificaciones a la norma que regula, desde 2018, esta actividad sensible (ver página 48).
Los cambios que la ley de urgente consideración (LUC) introdujo en Inteligencia hicieron saltar algunos fusibles en el Parlamento. El diputado Daniel Caggiani (MPP) dijo que al integrar al director del SIEE al Consejo de Defensa Nacional (Codena), dotarlo de la capacidad de declarar secreto un asunto, solo desclasificable por el presidente y no por orden judicial, “termina tirando a la basura un proceso de acuerdos y de discusión muy importante”. Para Caggiani, se le está otorgando a la SIEE “un cheque en blanco” no solo con el secreto, sino también porque se crea una nueva agencia, con capacidad operativa, en la órbita de Presidencia, que de coordinar pasa a dirigir, que además no tiene “casi ningún tipo de responsabilidad ante el Parlamento” y también puede evitar a la Justicia.
Augusto Gregori, el primer coordinador de los servicios, que actuó durante el gobierno de José Mujica, había dicho durante una entrevista en Búsqueda que la ley votada en 2018 es “un boniato infame” y advirtió acerca de los peligros que ahora preocupan no solo a Caggiani y a la bancada frenteamplista, sino también al diputado del Partido Independiente Iván Posada.
El diputado colorado Ope Pasquet, que no había respaldado la ley en la legislatura pasada, entre otras cosas porque, en su opinión, al depender de cuatro ministerios el control parlamentario resulta muy difícil, esta semana sí dio su voto a los cambios. Pasquet respaldó la propuesta del Poder Ejecutivo porque coincide con Garcé en que clasificar como secretos ciertos asuntos vinculados con agencias extranjeras amigas no tienen nada que ver con una violación a la Constitución, que prohíbe las pesquisas secretas.
Gregori, sin embargo, advirtió en la subcomisión del Parlamento que estudió el tema que la situación empeoró, aun respecto al “boniato infame” de hace dos años. El excoordinador, que fue muy resistido, acusado de ser “el jefe de los espías de los tupamaros”, explicó que los productos de inteligencia no son un mueble que uno puede colocar en un lugar, sino algo dinámico y que, en la mayoría de los casos, las agencias extranjeras no entregan la información en forma de documentos, sino de forma verbal y en confianza.
Este extremo fue confirmado a Búsqueda por una fuente de Inteligencia, quien advirtió que, a pesar de los avances tecnológicos, los vínculos entre las agencias se producen “entre caballeros” y no necesariamente por medio de acuerdos burocráticos escritos.
Disidente multicolor.
El diputado Posada fue el único de la coalición que no votó el artículo 125 de la LUC que, según el Frente Amplio, otorga el “cheque en blanco” al director. Posada opina que se puede declarar algo secreto y propuso que se clasificara de ese modo cuando el gobierno o la agencia del exterior que lo proporciona así lo clasifique, pero acotado y puesto en la norma y no a criterio del director del SIEE como finalmente fue votado.
El diputado del Partido Independiente votó en contra porque discrepa con que se clasifique a criterio del director y sea el presidente quien tenga la potestad de desclasificar. La norma, advirtió, va contra la ley de acceso a la información y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el Frente Amplio, a su vez, no todos tienen una postura tan crítica. El experto frenteamplista en inteligencia y defensa Jorge Jouroff dijo a Búsqueda que, si bien falta un detalle no menor —definir cómo será la gobernanza del sistema de inteligencia y su control parlamentario—, las modificaciones propuestas por Garcé van en el sentido correcto y coinciden con los estándares internacionales que rigen el submundo de las agencias de inteligencia.
Remember Snowden.
Una antorcha, que significa el conocimiento, una rueda, que representa la integración de la comunidad o sistema, y una rosa de los vientos conforman el escudo de la SIEE. Pero esta novel agencia no es una voz reconocida en el mundo como son la CIA estadounidense, el Mossad israelí, el MI-6 inglés, el MSS chino o incluso las agencias vecinas de Argentina y Brasil. La dificultad existe, explicaron fuentes del área, no solo porque Uruguay es un país chico y con escasos recursos económicos, sino porque la agencia es nueva y ya existen vínculos entre interlocutores conocidos, con los cuales se han construido lazos de confianza.
A su vez, después de las revelaciones del contratista de la NSA Edward Snowden acerca de las actividades de la agencia, que llegó a controlar las comunicaciones de la propia canciller alemana Angela Merkel, quedó más claro que la inteligencia, si bien no renuncia a las fuentes abiertas, a los agentes encubiertos y a las operaciones de contrainteligencia, está basada en buena parte en el procesamiento informático de datos, realizados con ayuda de enormes computadoras que violan la privacidad de las personas, una actividad que estará muy lejos del alcance del director Garcé y de sus agencias, aun con el mejor resultado a la hora de conseguir presupuesto.
Poco antes de que la vicepresidenta Beatriz Argimón tuviera que dar explicaciones acerca de supuestas grabaciones de las llamadas recibidas en su despacho, el Tribunal Constitucional alemán emitió un fallo que pone límites a la BND, la agencia de inteligencia exterior de ese país.
Los magistrados fallaron en el sentido de acotar el espionaje de las comunicaciones que la agencia realiza a extranjeros en el exterior a casos donde exista una sospecha fundada. Según la revista alemana Der Spiegel, solamente el BND tiene capacidad para interferir 1.200 millones de comunicaciones diarias entre llamadas, correos y mensajería, lo que dejaría como posible que también escucharan las comunicaciones de la vicepresidenta de un país “amigo” como Uruguay, que solo dispone del modesto programa El Guardián más algunos equipos en manos de la inteligencia militar y no tiene acceso a ningún sistema de satélites.
A fines de mayo, la periodista de Azerbaiyán, Khadija Ismayilova, denunció en el diario alemán Süddeutsche Zeitung que tenía elementos para afirmar que el BND espiaba sus investigaciones para ir un paso adelante en cuestiones de corrupción relacionadas con la venta de petróleo a Alemania.
El fallo del Tribunal Constitucional pone límites a la actividad de inteligencia en el exterior; según el presidente de la asociación alemana de periodistas, “se trata de una victoria de la libertad de prensa, porque la actividad de inteligencia en defensa de la democracia no debe pisotear valores democráticos importantes”.
Legitimación.
Según Jouroff, uno de los desafíos de la SIEE es precisamente lograr legitimación democrática mediante una gobernanza que resulte creíble al sistema político.
La nueva agencia busca que las actividades de inteligencia, en la Guerra Fría vinculadas sobre todo al control de la oposición, como lo demostraron el contenido de los archivos Berrutti, o casos macabros como el del bioquímico chileno Eugenio Berríos durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, sean vistas como algo del pasado.
El director se rodeó de un equipo cuyos integrantes, en su mayoría, están vinculados al Partido Nacional. Entre ellos están Fernando Calvete, exasesor del senador Gustavo Penadés, el coronel del Ejército Carlos Delgado, el exdirector de Cárceles Jorge Szasz y el teniente coronel Julio Bardesio.
Calvete está especializado en defensa e inteligencia y además tiene conocimiento de la gestión pública desde el cargo en el Ministerio de Economía. Delgado es analista de inteligencia y Bardesio el enlace con la Fuerza Aérea.
Debajo de la nueva estructura están las agencias de cada ministerio: Información e Inteligencia, Drogas, Crimen Organizado y Seguridad en el Ministerio del Interior; las agencias de cada fuerza, Prefectura y la Dirección de Inteligencia Estratégica del Esmade, en Defensa; y con menor visibilidad y desarrollo las unidades de Economía y Relaciones Exteriores.
El desafío que se le presenta al gobierno es desarrollar este sistema con un presupuesto acotado y un retraso considerable sin que, como vaticina la oposición, se produzca un “deterioro institucional”. Al respecto, el académico especializado en defensa Julián González Guyer advirtió en la comisión del Senado: “Tenemos como naturalizado que los servicios de inteligencia nos están observando” y la nueva normativa es “más propia de un monarca absoluto que de un estilo democrático”.
