El sobrepeso afectaba a su vez a 62,9% de los uruguayos y 58,3% de los sudamericanos. Además, tenemos una doble dolencia: entre 2017 y 2019, 800.000 personas ya sufrieron inseguridad moderada o severa en algún momento en Uruguay. En consecuencia, es fundamental actuar para cerrar brechas de este doble desafío del hambre y la mala alimentación: Uruguay puede liderar ese esfuerzo al tiempo que mejora su situación.
El Panorama 2020 visibiliza la falta de datos recientes y por departamento en Uruguay en relación con el sobrepeso y retraso en el crecimiento infantil. El país tiene la tarea de profundizar y lograr contar con evidencias concebidas de manera dinámica e inteligente, adecuadas a la tecnología disponible, actualizadas y desagregadas territorialmente para basar en ellas la toma de decisiones e implementar políticas realmente eficientes.
Igualmente, es fundamental entender el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios: actores y roles, prácticas productivas (primaria y agregado de valor), estructuras de distribución (poder de compra y venta), infraestructura disponible, lógica de formación de precios, costos de producción y márgenes de ganancia, así como, por supuesto, caracterización de la demanda del consumidor, entre otros.
La información es fundamental en situaciones de crisis como pandemias, efectos del cambio climático u otros eventos disruptivos cada vez más recurrentes.
El modo de funcionamiento de los sistemas alimentarios se visualiza con más claridad cuando el impacto de la crisis sanitaria se transmite de forma directa en la disminución del poder adquisitivo de los hogares y la calidad de las dietas de la población con menos ingresos, lo que lleva a consumir menos saludable, ultraprocesados más baratos, menos perecederos, pero perjudiciales para la salud. A esto se suma la baja de la actividad física.
No solo desafíos, también soluciones
Las principales causas del hambre y la mala alimentación son la pobreza, la falta de empleo y su precariedad.
Por lo tanto, la FAO sugiere como solución, en particular, ampliar las redes de protección social existentes e incrementar el gasto social a favor de las personas más vulnerables, con intervenciones integrales.
Para atender todas las formas de malnutrición se deben diseñar programas de protección social sensibles a la nutrición, que faciliten el acceso a una alimentación óptima a precio razonable para los consumidores vulnerables. Esto no se logra sin transformar los sistemas agroalimentarios.
Frenar la propagación del virus y, a su vez, la crisis económica, con el objetivo común de pensar en las personas, pasa por políticas de apoyo productivo y protección social, como el ingreso mínimo universal o bonos de alimentación, entre otras propuestas articuladas con políticas de educación y campañas comunicacionales sobre la importancia de la alimentación adecuada.
El etiquetado frontal de alimentos es una herramienta reconocida para mejorar la información de la población al comprar. En Uruguay, el decreto vigente, que podría marcar una diferencia en particular en tiempos de pandemia, está en suspenso desde marzo 2020.
Por otro lado, siendo la producción familiar fuente central de ingreso y alimentos para la población tanto urbana como rural, apoyar los medios de vida y la actividad agropecuaria de menor escala facilita el acceso económico a una alimentación adecuada.
En este aspecto, favorecer la disponibilidad de capital de trabajo oportuno, activos financieros, no financieros y de servicios rurales, así como diversificar la producción y expandir la innovación digital para productores familiares es clave.
En un país agroexportador, mejorar el acceso y el consumo de alimentos saludables locales, con apoyo a la producción y el consumo, es una ecuación a favor de la salud pública y la economía.
Tres gremiales del agro —Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Agraria y Cooperativas Agrarias Federadas— expresaron su voluntad de producir, de manera sostenible, alimentos de calidad para Uruguay y el mundo. También creen que el país puede ejercer un liderazgo en ese sentido.
Coincidimos también con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en la necesidad de apoyar estos esfuerzos desde lo legislativo.
La voluntad del ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quedó clara con su activa participación en la 36a Conferencia Regional de la FAO, cuando Uruguay y la región acordaron avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, atender a las personas en los territorios más vulnerables y lograr una producción agropecuaria más resiliente.
En el marco de nuestro 75 aniversario y del Día Mundial de la Alimentación comprobamos la voluntad y el compromiso con la alimentación por parte de otros tres ministerios (Desarrollo Social, Ambiente y Salud) que intervienen en la alimentación uruguaya y de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Presidencia de la República.
También reunimos a grandes socios estratégicos1 para pensar la transformación de los sistemas agroalimentarios y proyectar el acompañamiento a los gobiernos a escala regional, con base en los aportes de más de 200 expertos hoy disponibles en línea, que alimentarán nuestro trabajo en 2021.
Quiero decir con esto que la FAO trabaja y trabajará con el gobierno, los legisladores, las organizaciones de productores, la academia, la sociedad civil y el sector privado para que la crisis sanitaria no se vuelva alimentaria y que tomemos la oportunidad de reconstruir economías y sociedades más resilientes y saludables.
Uruguay, que ha intentado mantener el equilibrio en la relación entre ser humano, fauna y mundo vegetal, podría encabezar este proceso. Su rol y posicionamiento de cara a la cumbre de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria en 2021 puede ser clave para mostrar el camino.
(*) Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe (FAO) ad interim en Uruguay y oficial principal de Políticas para América Latina y el Caribe.
(1) El Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
