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    La patente y la contribución perdieron peso en las finanzas de los gobiernos departamentales

    Más de la mitad de los vehículos no realizaron pagos por impuesto a los rodados en departamentos como Cerro Largo, Canelones y Salto

    Algunos autos y casas que se publicitan en avisos clasificados tienen valores tan bajos que parecen una locura. Claro que los que están acostumbrados a dichas búsquedas saben que se encontrarán con situaciones como que el vendedor debe patente por el 50% del precio o que no se paga contribución desde 1991.

    Los dos tributos principales que los gobiernos departamentales recaudan tienen una larga historia de impagos, refinanciaciones, condonaciones, amnistías y todo tipo de arreglos con las Intendencias que buscan cobrar al menos parte de lo adeudado.

    Si bien en los últimos años los ingresos por patente de rodados y contribución inmobiliaria se incrementaron en términos reales (es decir, por encima de la inflación de precios), el aumento fue menor a lo que creció la economía globalmente.

    Según cálculos de Búsqueda a partir de datos de 2014 (últimos disponibles) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP, con relación al Producto Bruto Interno (PBI) la recaudación de esos tributos fue 1,2%, unos U$S 675 millones. En 2005 representaban 1,5%, en 2000 significaban 1,6% y a mediados de la década de 1990 rondaban el 2% del PBI.

    En un informe con la base de datos de OPP elaborado por Álvaro Lalanne y Martín Brun para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se señala que “las moderaciones en el aumento de las contribuciones de los terrenos rurales y los vehículos no parecen responder a menores bases imponibles, en la medida en que no se registran indicios claros de que en 2005-2013 haya tenido lugar una desvalorización de la tierra ni moderación del crecimiento del valor del stock de vehículos”.

    En el caso de las patentes, los registros muestran que poco más de la mitad de los vehícu­los las paga, y en algunos departamentos el porcentaje ronda el 40%, surge de estadísticas del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Como parte de un acuerdo surgido del Congreso de Intendentes, desde el lunes 4 y por 90 días rige un plazo para que los deudores de ese tributo de años anteriores a 2015 refinancien en hasta 72 cuotas; la morosidad ronda el 23%, estima el Sucive.

    Dependencia

    El 38% de los ingresos totales de las Intendencias en 2014 provinieron de la recaudación de la contribución inmobiliaria (urbana, suburbana y rural) y la patente de rodados. El peso de esos tributos fue disminuyendo respecto a la caja global: eran 50% en 1995, 47% en 2000, 43% en 2005 y 42% en 2010.

    Eso ocurrió al mismo tiempo que las intendencias aumentaron su dependencia de los recursos que les otorga el gobierno central, que en 2014 fueron 30% de los ingresos totales (40% para el interior y 11% Montevideo). En algunos departamentos, incluso, las transferencias desde Rentas Generales superan los dineros propios.

    El director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, Pedro Apezteguía, declaró en diciembre que muchos gobiernos departamentales “tienen pocas ganas de cobrar y algunos, también pocos instrumentos” (ver Búsqueda Nº 1.844). “Cuando no les interesa, hay poco que puedan hacer”, agregó, y resaltó por ejemplo el hecho de que los catastros están sin cambios desde hace 15 años.

    Consultado por Búsqueda, el presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, discrepó con esa visión. Según explicó, la razón principal de que los ingresos que transfiere el gobierno central hayan crecido más que la recaudación departamental es que los primeros dependen de la actividad económica mientras que los segundos se ajustan por la inflación (que aumentó menos que el PBI en los años recientes).

    “Es una papa pegarle a los gobiernos departamentales”, se quejó. Y añadió que en los últimos años de crecimiento de la economía, los costos para las Intendencias aumentaron y los ingresos prácticamente se mantuvieron. Agregó que durante el anterior período las comunas se vieron perjudicadas por la distribución de recursos que realizó el gobierno central, que no cubrió todo el aumento de sus costos.

    Además, señaló que algunos cambios de normas recientes quitaron a las Intendencias la recaudación de recursos que están ligados al de­sempeño del PBI, y que en algunos casos crecieron fuertemente.

    Patentes.

    Antes de que en 2011 el Congreso de Intendentes decidiera crear el Sucive centralizando el cobro y uniformizando los precios de las patentes de rodados para todo el país, hubo décadas en que se vivió una “guerra” entre las comunas. Era normal que los autos tuviesen matrículas de un departamento y circularan en otro, y aunque nunca residieran en el lugar que indicaba la chapa, allí pagaban el impuesto porque el precio era menor.

    El surgimiento del Sucive no implicó un efecto claro sobre las cifras de ingresos por patentes; en 2011 disminuyeron 1% real y en 2012 casi 10%, pero al año siguiente aumentaron fuertemente (23%) y en 2014 también (8%), lo que implico más ingresos para casi todos los departamentos. La recaudación total fue de U$S 279 millones ese último año, según OPP.

    A pesar de ello, los vehículos (incluyendo autos, motos, camiones, remolques, etc.) que hicieron al menos un pago en 2014 y 2015 fueron 1.243.199, en un parque automotor que en total tiene 2.254.685; un 55%, según surge de las cifras del Sucive.

    En algunos departamentos el porcentaje de pagos fue mayor que en otros. En Soriano alcanzó 75% y en Artigas, Florida, Rivera y San José superó el 60%. En el otro extremo estuvieron Cerro Largo, Canelones, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, donde no se llegó a 50%.

    Las motos son las que menos pagaron la patente: entre 2014 y 2015 lo hicieron en el 40% de los casos. Ese porcentaje fue de casi 65% en camiones y remolques, mientras que llegó a 70% en los autos. Sin embargo, las realidades también difieren mucho por departamentos.

    Contribución.

    Los ingresos por contribución inmobiliaria urbana, suburbana y rural fueron creciendo en los últimos años medidos en términos reales, pero cada vez más lento. Entre 2000 y 2005 lo hicieron a una tasa media de 3,5%, en el período del 2005 al 2010 a un 3%, y entre ese año y el 2014 el aumento fue menor a 1%.

    En el 2014 las comunas cobraron unos U$S 395 millones (U$S 323 de inmuebles urbanos y U$S 72 millones por predios rurales).

    En los próximos ejercicios es esperable un incremento derivado de que el gobierno retiró este año una rebaja de 18% para la contribución rural que regía desde principios de los 2000.

    La contribución es un impuesto que se cobra por ocupar cierto espacio en un departamento, por lo que también está relacionado con la cantidad de gente que vive en él.

    Casi $ 2.700 por habitante fue la contribución recaudada en 2014 en promedio para todo Uruguay. De todos modos, en algunos departamentos —como Maldonado— ese monto fue cercano a $ 10.500 y en otros, como San José, no llegó a $ 1.200. Eso está vinculado en gran medida al valor de los inmuebles que hay en cada uno, la población que vive allí de forma permanente en ellos y la capacidad de cobro del gobierno.

    Teniendo en cuenta la cantidad de campos que hay en cada departamento, la contribución rural media ascendió a unos $ 44.700 en 2014, aunque eso esconde diferencias grandes (como un valor medio de casi $ 120.000 en Río Negro, de $ 54.000 en Soriano o menor a $ 7.000 en Canelones). En ello incide en gran medida el tipo de predios, la calidad de la tierra y el número de campos disponibles.

    Economía
    2016-04-07T00:00:00