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“Irresponsables”, disparó a través de su cuenta de Twitter el senador colorado Pedro Bordaberry, junto con la foto de una gráfica publicada por Búsqueda la semana pasada que muestra la cantidad de vínculos laborales con el Estado por períodos de gobierno, desde los poco más de 240.000 con Jorge Batlle hasta el récord de 312.565 en 2018 bajo la actual administración frenteamplista. Hubo una tímida defensa desde el oficialismo, señalando por ejemplo que esa cifra por sí sola “no dice nada” o que el aumento fue por la incorporación de empleados en áreas que entienden prioritarias, como la educación o la salud.
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La cantidad de vínculos laborales con el sector público que releva la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) aproxima una medida del “tamaño” del Estado, una cuestión en discusión generalmente cargada de ideología que subyace, otra vez, en la actual campaña electoral. Los candidatos presidenciales de los partidos históricos, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, coinciden en proponer que queden vacantes sin cubrir como una de las vías de ajuste frente al desequilibrio en las cuentas públicas. También ven posible lograr mejores resultados en la gestión gastando menos, algo que ha sido reconocido por el ministro de Economía, Danilo Astori.
La ONSC contabiliza vínculos en sus distintas formas, ya sean funcionarios presupuestados u otras modalidades de contratación, tanto de la administración central, los gobiernos departamentales, así como los entes y servicios descentralizados. Algunas personas tienen más de un vínculo laboral con el Estado; como una estimación, esa oficina de la Presidencia informó que en 2018 fueron 274.977 los individuos empleados por el sector público, lo que representa 16,8% de todos los ocupados en la economía. Esa proporción es una forma de ilustrar el tamaño del aparato estatal que, si se compara con el año anterior, indica un crecimiento (en 2017 eran 271.960 personas, 16,5% de la población ocupada). El peso del empleo público en Uruguay es menor que en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ronda el 18% del total de ocupados aunque con situaciones muy disímiles entre sus miembros (con 6% en Japón y cerca de 30% en Dinamarca, Suecia o Noruega).
Tras haber caído durante las últimas administraciones coloradas —que incentivaron retiros y prohibieron nuevas contrataciones—, el número de vínculos laborales con el Estado aumentó casi sin parar desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Eso ocurrió al mismo tiempo que la actividad económica crecía —un ciclo que virtualmente se frenó en el último año y medio—, y con ello la demanda de servicios públicos por parte de empresas y familias. Cálculos de Búsqueda a partir de índices elaborados por la ONSC muestran que la cantidad de relaciones de trabajo con el Estado aumentó siempre a una tasa menor que el ritmo de expansión del Producto Bruto Interno —PBI— en los tres períodos del Frente Amplio; con José Mujica fue cuando ambas variables más se acompasaron (ver cuadro).
El aumento de la plantilla se dio en algunas actividades más que en otras, en línea con ciertos énfasis programáticos de los gobiernos frenteamplistas. Así, en 2018 el 37% de los funcionarios públicos trabajaban en actividades de educación, cultura y deportes, 13% en gobiernos departamentales, 11% en seguridad, 10% en defensa y 9% en salud pública, por mencionar los de mayor peso en el total. Eso se compara con porcentajes de 26%, 16%, 11%, 13% y 6% del total de los empleados presupuestados, respectivamente, en el 2000, todos menores salvo en seguridad pública, según las estadísticas de la ONSC.
Costo de personal
También da una idea sobre la dimensión del Estado un dato conexo a la cantidad de empleos que genera: el “costo de personal”. En 2018 fue de $ 157.774 millones (unos US$ 5.500 millones) entre salarios y cargas sociales, lo que representó casi la tercera parte del gasto presupuestal total según la Rendición de Cuentas recientemente enviada al Parlamento. Eso equivale a más de 9% del PBI. Dichas cifras solo refieren a los incisos abarcados en el presupuesto nacional, por lo que el gasto en remuneraciones del conjunto del sector público (incluidas las empresas públicas y los gobiernos departamentales, contabilizados en el relevamiento de vínculos laborales) es mayor.
En los países de la OCDE —economías avanzadas en su mayoría— el gasto en retribuciones de la plantilla pública se ubica en torno a 23% del PBI. Japón con 14% y México con 37% están en las puntas de ese promedio.
