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Si la discusión de la Rendición de Cuentas fuera un partido de fútbol, el gobierno anotó ayer miércoles 3 un gol en los descuentos, al aprobar un aditivo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas con el que busca terminar con un diferendo que tiene con los jueces por sus remuneraciones.
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Luego de aprobar prácticamente todo el proyecto, el oficialismo presentó en la tarde de ayer tres artículos adicionales que buscan dejar en claro que a los jueces no les corresponde atar su aumento salarial al de los ministros de Estado ni al de los senadores. El planteo sorprendió y molestó a los legisladores de la oposición, que reclamaron que el oficialismo aclarara por qué se tomó esta decisión.
“Es de una gravedad inusitada que confirma la irresponsabilidad con que se legisla”, declaró a Búsqueda el senador Gustavo Penadés.
“No se consultó a la oposición y una vez más creen que derogando las leyes derogan los derechos que ya fueron generados. Estamos ante un problema institucional severo”, cuestionó.
El contrapunto entre los jueces y el Poder Ejecutivo se originó luego de que la última ley de Presupuesto equiparara la remuneración de los ministros de Estado con la de los legisladores. Ese incremento trajo aparejado una serie de inesperados aumentos —entre ellos a los jueces— ya que el salario de los ministros se utiliza como base de cálculo de otras remuneraciones. Luego se aprobó una ley interpretativa en la que se aclaraba que los jueces quedaban excluidos del aumento, lo que generó una acción de inconstitucionalidad.
El Poder Ejecutivo recusó a los ministros de los Tribunales de Apelaciones que integraron la Suprema Corte de Justicia (SCJ) —cuyos titulares se abstuvieron— para resolver sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron más de 400 jueces. Los magistrados rechazaron la recusación, lo que a su vez llevó a que el gobierno presentara un recurso de “reposición” y otro de “nulidad”, que también fueron rechazados.
Para saldar toda esta discusión, ayer los senadores oficialistas incluyeron tres artículos en la Rendición de Cuentas. El primero derogó el artículo 64 de la ley de Presupuesto, que equiparaba el sueldo de los ministros y otros jerarcas de gobierno a los de senador. El segundo derogó la ley interpretativa. Por último se incluyó un texto en el que se establece a quiénes corresponde equiparar con el sueldo de senador: ministros de Estado 100%, secretario de la Presidencia 100%, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 100%, subsecretario de Estado 85%, prosecretario de Presidencia 85%, subdirector de OPP 85%, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) 85%, director general de Secretaría 70%, director general de la Presidencia 70%, subdirector de la ONSC 70%, director de unidad ejecutora 60%, director de Policía Nacional 60%. “Los cargos taxativamente enumerados precedentemente, son los únicos cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes allí referidos al sueldo nominal de senador de la República”, dice el texto. El sueldo nominal de un senador es $ 148.063.
Una fuente cercana al gobierno dijo a Búsqueda que de este modo se “pulverizan” las acciones de inconstitucionalidad que los jueces habían interpuesto ante la SCJ. En el gobierno creen que la nueva disposición también será objeto de una impugnación, pero ese proceso llevará al menos un año. “El tiempo es muy valioso porque los ánimos se aplacan y eso permite negociar”, evaluó el informante.
En la sesión de ayer, Rafael Michelini se refirió a las negociaciones entre gobierno y operadores del sistema judicial. En la oposición, Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) cuestionó la forma en que se llevaba adelante este tema. Consideró que se está violando la Constitución y que esto podría ameritar un juicio político.
Un influyente magistrado consultado por Búsqueda dijo que en su opinión la decisión del oficialismo no resuelve el tema porque crea “otros serios problemas”. “Espero que de ahora en más se aproveche ese tiempo y se actúe con inteligencia”, remarcó.
