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    viernes 14 de junio de 2024

    La política, el derecho y la moral

    Nº 2224 - 11 al 17 de Mayo de 2023

    El despido de la ministra de vivienda del gabinete gubernamental por haber dado preferencia a una militante de su fracción política para acceder más rápido a una vivienda, generó un enorme revuelo que puso al borde la continuidad de la coalición de gobierno. La discusión ha girado fundamentalmente sobre aspectos políticos y jurídicos, pero no morales, que son los que verdaderamente importan.

    Esta conducta no debería sorprendernos, ya que es —lamentablemente— una práctica inveterada de nuestra casta política. Todos sabemos que gran parte del tiempo que dedica un jerarca, sea legislador, edil o funcionario, es a trabajar de “gestor”, a agilizar expedientes dentro del enmarañado mundo burocrático que ellos mismos crean.

    Recuerden que para tener un teléfono de línea había que esperar entre 10 y 15 años, ya que había escasez de los famosos “bornes”, los cuales aparecían como por arte de magia cuando la solicitud iba acompañada de una tarjeta de algún diputado. Iguales gestiones se hacían para apurar una jubilación, un permiso de importación o un “préstamo blando” del Banco República.

    Esto era (y sigue siendo) totalmente aceptado por la sociedad. Las “gauchadas”, el amiguismo o el “hacerle la pierna” a algún conocido no están tan mal vistos. Y no hablamos aquí de la coima pura y dura, que es la práctica corriente al otro lado del Río de la Plata, sino simplemente de hacer favores. Y “favor con favor se paga”.

    Como estas costumbres son aceptadas pacíficamente por los ciudadanos, muchas de ellas son recogidas por nuestra normativa jurídica. Así, los directores de Ancap disponían (o tal vez aún dispongan) de determinadas bolsas de portland para donar a instituciones deportivas o sociales, a las que, casualmente, suelen estar vinculados o están ubicadas en sus pagos. Los directores del BPS contaban con un cupo de jubilaciones para otorgar, aun cuando el potencial jubilado no dispusiera del 100% de los requisitos establecidos. Y ahora la ministra de Vivienda lo dice muy claramente: que como ministro dispone de cupos discrecionales para asignar viviendas, “los que casi no utilicé”.

    Lo que debemos analizar en este y otra infinidad de casos es si la conducta de los servidores públicos está ajustada a la moral, disciplina que refiere a los valores y principios que guían el comportamiento humano y que pueden variar según cada cultura y modificarse con el paso del tiempo, como ser los temas vinculados a la justicia, la equidad, la honestidad, la compasión o el respeto.

    Durante siglos era legal (y moralmente aceptada) la esclavitud; que las mujeres no pudieran votar; que los hijos nacidos fuera del matrimonio heredaran menos que los hijos “legítimos”, o que los negros tuvieran que asistir a escuelas diferentes o viajar en buses especiales para ellos.

    El presidente Luis Lacalle Pou parece estar tomando decisiones basadas más en la moral que en la política o en el derecho. Y hace muy bien en ello. Despidió a Irene Moreira por similares motivos por los que cesó al expresidente de Antel, Guillermo Iglesias, por querer presupuestar a 857 personas como empleados públicos permanentes en mayo del 2020, en plena pandemia, cuando el común de los mortales no sabía si iba a tener un mísero ingreso para sobrevivir. Una verdadera inmoralidad, por más ajustada a derecho que estuviera y contara con el aval de varias fuerzas políticas y sindicales.

    Para dirimir estos asuntos entre la política, el derecho y la moral, es bueno que pongamos la mirada (una vez más) en Nueva Zelanda. Ellos tienen un Código de Integridad y Conducta para guiar a los funcionarios públicos que ya tiene 35 años: The State Sector Act de 1988. A este código, en idioma maorí, le llaman He Aratohu, compuesto de dos palabras: ara y tohu. Ara es “ruta, camino o rumbo” y tohu son “símbolos, signos, rasgos distintivos o direcciones”.

    Y dicen en su página web: “El sector público de Nueva Zelanda se encuentra en la posición privilegiada de tener altos niveles de confianza pública. Sin embargo, esto no debe darse por sentado. Necesitamos seguir comportándonos de una manera que retenga la fe de los ministros, el Parlamento y el pueblo de Nueva Zelanda, o perderemos nuestra legitimidad y socavaremos la credibilidad que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Debemos ser capaces de demostrar que somos dignos de confianza, que actuamos en interés de la gente de Nueva Zelanda y nunca para nuestro beneficio personal”.

    Desde que el expresidente Jorge Batlle invitara en agosto del año 2000 a Ruth Richardson, exministra de Finanzas y actriz principal de los cambios hacia la libertad comercial y modernización del Estado, nunca más se habló de Nueva Zelanda. No lo hicieron ni los políticos, ni los sindicalistas, ni los empresarios, ni los académicos, ni los periodistas, salvo aisladas excepciones.

    Sería bueno que ante tanto derroche del gasto público todos ellos organizasen una excursión a Nueva Zelanda para ver si traen ideas nuevas, políticas nuevas y morales nuevas. Dejen la cháchara y la telenovela política para las masas, siempre adictas a regodearse en las “redes cloacales”. Lideren. Eleven las miras. Ayuden a cambiar la moral de nuestro tiempo. Ello traerá cambios jurídicos y también cambios políticos. Y todos serán para bien.