“No fue oportuno interpelarlo ahora”, comentó un legislador blanco en los pasillos del Palacio Legislativo ayer miércoles mientras en la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respondía a las preguntas planteadas por el colorado Germán Cardoso. En su frase hay un análisis compartido por varios legisladores de la oposición: de las ocho interpelaciones que afrontó Bonomi desde que asumió el cargo hace siete años, la del miércoles 15 fue la más sencilla para el jerarca y su equipo.
Háganse cargo.
A las 10:25 horas entró el ministro a sala junto al subsecretario Jorge Vázquez; minutos más tarde se sumó su equipo. Se sentó al centro de la cuarta fila, donde se ubican los legisladores frenteamplistas, pidió un vaso de agua y así permaneció hasta las 13:30 horas.
Cardoso, cargado de recortes de prensa subrayados y dos grandes cajas con más papeles, atacó la gestión de Bonomi por diversos frentes. Primero por el tema de convocatoria: la violencia en el fútbol. Calificó de “hecho bochornoso” el clásico suspendido y responsabilizó al ministerio. Para Cardoso “el creciente descontrol en el fútbol comenzó con la integración de las barras a las instituciones deportivas, para que fueran parte de la seguridad”.
Luego repasó un listado de asesinatos ocurridos en lo que va del año que, según el legislador, “comprueban el desamparo al que está sometida la gente hacia los delincuentes”. Y resaltó el crecimiento en el número de muertos en las cárceles.
Además, cuestionó la credibilidad de las cifras que el Ministerio del Interior divulga sobre la cantidad de delitos. En su opinión, no se entiende cómo pueden bajar las rapiñas 3% y aumentar los hurtos 4% “cuando la gente ya no denuncia los robos por no perder el tiempo”. Y agregó que el Ministerio del Interior solo esclarece 5% de los delitos denunciados.
“La realidad no tiene nada que ver con el relato virtual que quiere hacer el ministro y sus estadísticas que quieren hacernos creer que estamos bien y que vamos mejorando”, afirmó.
“Hoy, le guste o no al ministro, la delincuencia sigue siendo la dueña de las calles, de los barrios y ahora, algo que no se había visto antes, en las cárceles y en el deporte. ¡Hágase cargo!”, agregó.
El blanco Pablo Iturralde hizo hincapié en que desde que el Frente Amplio llegó al poder los delitos subieron. En 2005 hubo 8.352 denuncias de rapiñas, mientras que en 2016 fueron 20.348. Los homicidios en 2005 fueron 190 y el pasado año llegaron a 265. “¡Cuánta incapacidad!”, dijo el nacionalista.
Cuanto mejor, peor.
El ministro destinó las primeras tres horas de su exposición a responder sobre la violencia en el fútbol. Durante cerca de una hora repasó la historia de los partidos suspendidos y las muertes en el fútbol. Llegó hasta 1905 cuando no se pudo jugar un partido clásico en dos oportunidades y luego recordó que en 1924 fue asesinado el primer hincha. El repaso siguió con enfrentamientos entre barras, asesinatos y hasta el lanzamiento de un medio tanque en 1985 por parte de hinchas de Peñarol a policías. Esa vez sí impactó en un efectivo que cayó inconsciente.
Bonomi dio detalles de cómo se dio la investigación previa al clásico suspendido el 27 de noviembre y volvió a defender que el operativo fue “un éxito” porque se evitó desmanes mayores. Resaltó que la Justicia procesó con prisión a los principales responsables de los incidentes y destacó que “eso fue posible gracias al trabajo profesional de la Policía”.
El ministro explicó que dos meses antes del clásico tenían información de Inteligencia que avizoraba incidentes entre la hinchada aurinegra. Se lo comunicaron a la Justicia para que investigara y por ello, dice Bonomi, no se suspendió antes el partido. La Justicia pidió no intervenir para poder seguir adelante con la investigación sin que los involucrados sean avisados, detalló.
Por otra parte, el jerarca responsabilizó a los dirigentes de fútbol, quienes “fruto del apoyo que dieron durante muchos años”, y a “la inacción de los gobiernos que consideraban las muertes como situaciones aisladas”, provocaron que “hoy las barras bravas sean una estructura criminal”.
“Las barras extorsionan a los dirigentes y los amenazan porque son un actor fuerte con recursos económicos, respaldo para sus actividades delictivas y además reclutan sus integrantes”, agregó.
A continuación comenzó a defender su gestión y resaltó la caída de los delitos en el pasado año. Los homicidios bajaron 9,6% en 2016 en todo el país, en Montevideo fue 15,6%. Discriminado por motivo, los ajustes de cuentas pasaron de 108 en 2015 a 88 en el año anterior y los homicidios por rapiñas de 55 a 40.
Las rapiñas cayeron 5,3% y los hurtos 5,4% comparado con 2015. “No se terminan de convencer de que en 2016 bajaron las rapiñas”, dijo.
Y por último tomó el listado de 45 preguntas que hizo Cardoso y las respondió una a una. Desde la compra de armas, vehículos e indumentaria para los efectivos hasta datos sobre las muertes por violencia doméstica.
El ministro criticó que la oposición “eligió la estrategia de cuanto peor, mejor” y por eso “pronostican anticipadamente el desastre”. “Celebraron durante unos meses la crisis económica que llegaría a Uruguay” y “lo mismo ocurrió ahora con la seguridad”, dijo.
La denuncia.
Entrada la noche, ya con diez horas de debate, la sesión se empantanó entre acusaciones personales y temas ajenos a la convocatoria. El colorado aseguró tener información de que el policía que días atrás mató a su esposa delante de sus hijos formó parte de la custodia del ex presidente y hoy senador José Mujica. Bonomi lo desmintió.
Luego afirmó que “para dos cargos en la cárcel de Las Rosas, las dos personas mejor calificadas son el hijo y la esposa del hijo del ministro del Interior”. Y preguntó: “¿Es sospechoso, no?”.
Susana Pereyra, esposa del ministro y legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP) respondió que no esperaba que “se cayera tan bajo”. “Mi hijo y mi nuera entraron por concurso, se presentaron 15 y entraron seis y quedaron más de cien cargos sin cubrir” y retrucó que “en Maldonado hay varias acusaciones de que el diputado Cardoso arregló con el intendente (Enrique) Antía”. El colorado lo desmintió y pidió que la diputada del MPP presente pruebas.
Pereyra también lo acusó de haber intercedido ante el ministerio para que trasladaran de una cárcel a otra a Javier Moya, el empresario gastronómico que fue procesado en 2013 con prisión por mantener relaciones sexuales con una adolescente de 15 años, a cambio de regalos como ropa, celulares, comestibles y paseos.
Otra de las denuncias que planteó Cardoso fue que el Ministerio del Interior intervino sus comunicaciones. “Sé que escucha mis conversaciones telefónicas y sé que intercepta mi mail”, sostuvo.
De inmediato, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) planteó que “es tan grave la acusación” que la Cámara de Representantes “debe presentar la denuncia ante la Justicia con las actas de la sesión más las pruebas que presente el diputado Cardoso”.
Su colega, el diputado Luis Puig, del Partido de la Victoria por el Pueblo, celebró “el aporte invalorable que puede hacer Cardoso con sus pruebas”. Así, rápidamente se redactó una moción pidiendo que se presente la denuncia penal, que se aprobó con votos de todos los partidos.
