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La recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración (LUC) creó una comisión asesora honoraria que en el plazo de 90 días a partir de su constitución efectiva deberá hacer un diagnóstico sobre el sistema de seguridad social, y 90 días después de presentado tendrá que presentar sus recomendaciones para la reforma del sistema.
Se trata, sin lugar a dudas, de un tema trascendente ya que en las tendencias actuales el sistema de seguridad social es totalmente insostenible desde el punto de vista económico y financiero; éste no solo es un problema de Uruguay sino de prácticamente todo el mundo.
Los factores que determinan esa situación son bien conocidos. Desde el punto de vista demográfico, el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida constituyen un golpe mortal a los sistemas de “reparto”, ya que cada vez hay menos personas en actividad que aportan para financiar las jubilaciones de quienes ya se han retirado, que además viven mucho más tiempo.
Desde el punto de vista económico y financiero, hay diversas tendencias que afectan tanto a los sistemas de “reparto” como de “capitalización”. Por un lado, los cambios que se vienen observando en el mercado de trabajo desde hace tiempo, y que se han visto exacerbados por la reciente crisis sanitaria, hacen que sea cada vez más difícil para un trabajador poder completar los años necesarios de aportes a los efectos de acceder a la pasividad. Por otro, un escenario de tasas de interés reales negativas como el que tenemos en la actualidad también socava fuertemente la capacidad de los sistemas de capitalización para acumular el capital que ayude a generar las jubilaciones futuras.
Así, la realidad actual sobre la que habrá que discutir la reforma del sistema previsional es bien compleja. Parece claro que, más allá de temas filosóficos (en cuanto a “reparto”, en cuanto a “capitalización”), cualquier intento de cambios deberá tender a generar un esquema lo más neutral posible en términos actuariales, utilizando parámetros ultraconservadores respecto a supuestos tales como tasa de crecimiento de la economía y de los salarios reales, así como de tasas de interés. Sólo así podrá pensarse en quitarle este peso gigantesco a las finanzas públicas a futuro. La eliminación de los regímenes especiales que han derivado en multiplicidad de “cajas” también debería ser otro objetivo básico, lo mismo que generar una total transparencia en el sistema en temas tales como el financiamiento de las eventuales transferencias que potencialmente se quieran realizar a los sectores de menores recursos.
Lamentablemente, no hay ni atajos ni salidas fáciles a la problemática que representa el sistema de seguridad social en nuestro país, y la insostenibilidad financiera del régimen actual lleva a que sea inexorable su reforma. En la actualidad, por todo concepto Uruguay gasta alrededor de US$ 6.000 millones (12,5% del Producto Bruto Interno) en seguridad social, un nivel similar al de muchos de los países más ricos del mundo, pero solo algo menos de la mitad de dicho gasto es financiado con los aportes directos de trabajadores y empresas. El hecho de que Uruguay esté culminando la llamada etapa del “bono demográfico” (período que se caracteriza por una leve reducción de la tasa de dependencia) y esté próximo a ingresar a la etapa del envejecimiento población que genera el fenómeno inverso lleva a que sea más urgente la reforma global del sistema.
Ojalá que los distintos sectores políticos y sociales dejen la demagogia de lado y estén a la altura de las circunstancias.
