Básicamente y simplificando el tema para ser tratado en una nota periodística,la seguridad social es el agrupamiento de los seguros sociales que la integran.
La misma tuvo como territorio original a Inglaterra, en donde se realizaron inventos que transformaron definitivamente los modos de producción, que hasta ese momento dependían de cantidad de unidades familiares rurales, que en sus hogares producían manualmente, y eso luego lo comercializaban (3).
Todo eso llevó al surgimiento de las fábricas donde las máquinas producían en cantidades y velocidad imposible de conseguir en aquellas unidades familiares que prontamente desaparecieron, y sus integrantes, para seguir trabajando, debieron emigrar a las ciudades.
Allí, en las urbes, las condiciones de trabajo devinieron totalmente inhumanas. El tema era producir más rápido y más barato. Se utilizó crecientemente la mano de obra de mujeres y de niños.
En este contexto comenzaron fuertes tensiones sociales, agravadas por los obstáculos que encontraba la clase trabajadora para unirse(4).
Hubo dos formas que utilizaron los obreros para luchar, una la del enfrentamiento abierto con levantamientos cada vez más graves, llegando a romper las máquinas y herir a los patrones.
Otra, la del mundo germánico, sin enfrentamientos, pero uniéndose en gigantescos sindicatos, y generando fuertes corrientes de impulso político, que propugnaban la unidad de los trabajadores, adquiriendo creciente potencialidad en los denominados entonces Comités de Trabajadores (5).
La justificación de las diferentes formas de enfrentar esta problemática, que también existía en otros países europeos se basó en el fuerte contenido de la tradición prusiana, generadora de que la idea de Estado debía ser a la vez paternal y autoritario, que contradecía uno de los postulados básicos del liberalismo.
Otto Von Bismark, llamado el Canciller de Hierro del Emperador Guillermo I, vio con claridad el peligro evidente de un estallido revolucionario, fruto de la reacción de los trabajadores organizados a través de sindicatos, que los nucleaba en cantidades sorprendentes.
Para enfrentar esta situación, Bismark comenzó a gestar la idea de atraerlos hacia la protección del Estado, en aras de neutralizar la generación del conflicto, mediante la creación de seguros sociales, que abarcara la protección de los trabajadores, ante las distintas contingencias que se presentaban (6).
Por ahora, baste referirnos a las entidades embrionarias de la seguridad social.
Hoy se le suman muchas que se sucedieron con el correr del tiempo, y así hay otros colectivos que se incluyen en los seguros sociales como los profesionales universitarios, los notariales, los bancarios, los policías, los militares, etc.
Ni nos referimos a las AFAPS, entidades privadas lucrativas en franca retirada, que por supuesto no integran la seguridad social. Luego ampliaremos este asunto. Por ahora citemos la afirmación de uno de los principales juristas que tuvo nuestro país: Héctor Hugo Barbagelata (8):
Las tendencias de la privatización auspiciada por los neoliberales (...omissis...) en lo sustancial responden a lo que Michael de Foucault definió como “fobia al Estado” —y que más ampliamente pueden caracterizarse como “fobias a lo social”—tienden a constituirse en disuasivos de cualquier acción dirigida ampliar el campo de la seguridad social. (Destacado nuestro)
De lo muy sintéticamente dicho, surge que hay una gran posibilidad de que todas las medidas que tiendan a bajar el gasto de los beneficios de la seguridad social, tengan que enfrentar fuertes oposiciones.
Sirva un solo ejemplo de lo que se acaba de expresar. En ocasión de las elecciones nacionales del 26 de noviembre de 1994, se presentó a consideración de la ciudadanía un agregado, que declaró la nulidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, (…omissis...). La Suprema Corte de Justicia carecía de las facultades de pronunciarse, pues la nulidad la declaraba la propia Constitución. A la Corta solo le correspondía indicar cuáles eran las disposiciones a las que el texto refería, lo que debía hacer sin ningún otro trámite, a petición “de cualquier habitante de la Republica”.
Todos los partidos políticos se pronunciaron en contra, e incluso aparecieron conjuntamente los líderes de cada uno en los canales de televisión nacionales, oponiéndose al proyecto.
La propuesta recibió más del 50% de aprobación, triunfando el voto silencioso de quienes seguramente, en su mayor proporción, adherían a todos los partidos políticos del Uruguay, que aconsejaban lo contrario.
Nada indica que en este caso pueda ser así.
Pero creo que es bueno, que los “expertos” al pronunciarse tengan en cuenta, entre muchas otras, esa posibilidad.
Hugo de los Campos
Doctor en Leyes y Ciencias Sociales
