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Aunque el Frente Amplio (FA) tomó la decisión política de no expresarse sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social hasta que se convierta en el proyecto que ingresará al Senado, un documento elaborado por técnicos de esa fuerza política da pistas sobre el posicionamiento de la coalición opositora. El texto define que está “centrada en la reducción del gasto” sin considerar otras “posibles fuentes” de financiamiento, y cuestiona las “excesivas” facultades que le otorga al Poder Ejecutivo.
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El informe elaborado por la Comisión de Seguridad Social del FA, entregado este martes 30 de agosto a la Mesa Política, es descriptivo del anteproyecto e incorpora comentarios sobre los efectos que tendría si se aprobara la ley sin cambios.
Cuestiona que uno de los principios de la propuesta sea el de “solidaridad social”, justificada en que habrá “suplementos” con financiamiento fiscal para personas que no hayan generado los “niveles mínimos de protección”. Eso “es más bien asistencialismo”, retrucan los técnicos, y aseguran que se pueden analizar “de forma similar” otros principios del documento.
Uno de los cuestionamientos mayores es sobre los cambios en las pensiones de sobrevivencia (como las de viudez, el “bono suplementario de brecha de género” y el sueldo básico de pensión). La propuesta en este asunto es de “una dureza inusitada” y “las soluciones plasmadas resultan alarmantes”.
En el anteproyecto se “hace caso omiso de la brecha de género” —“observable en el mundo del trabajo” y en la “distribución de las tareas de cuidados”—, ya que “castiga muy especialmente a las mujeres”. A los técnicos les “llama la atención”, sin embargo, que “tras este entramado de disposiciones rigurosas”, la propuesta del Ejecutivo elimine el tope del sueldo básico pensionario de las pensiones militares, establecida en la reforma de la “caja militar” impulsada por el FA en 2018.
Salvo la disposición que permite destinar puntos devueltos de IVA por las compras con tarjeta como ahorro voluntario, el informe señala que no hay “una sola referencia” a otras fuentes de financiamiento del sistema. Agrega que hay sectores que “han cosechado enormes ganancias” con “sobradas condiciones de aportar algo”, en línea con un planteo formulado tiempo atrás por Ernesto Murro, exministro de Trabajo e integrante de la comisión que elaboró el documento.
Los técnicos sostienen que hay una “disminución de aportes patronales”. La interpretación está dada porque, salvo el aguinaldo, las partidas no mensuales que están gravadas (como el presentismo, el cumplimiento de metas y las canastas especiales) se aportarían a la AFAP. Además, sostienen que la aportación rural previsional y las exoneraciones de aportes a determinados sectores “implican importantes renuncias a ingresos que correspondería verter a la seguridad social”.
La comisión del FA cuestiona que el anteproyecto le concede “excesivas facultades” al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora del sistema previsional que propone crear. Critica que los gobiernos puedan “cambiar, incluso sustantivamente, normas” que el articulado propone así como “determinar derechos” y “extender plazos hasta por períodos muy extensos”.
Retiro
El anteproyecto de ley propone un aumento de la edad de retiro a 65 años, pero con dos excepciones (trabajadores rurales y de la construcción) y la posibilidad de que otros rubros puedan pedirlas de manera justificada. Los técnicos del FA consideran que actividades como el servicio doméstico es uno de los grupos a incorporar.
La propuesta del Ejecutivo incorpora una “adecuación automática” de la edad de retiro y los tiempos de trabajo exigidos según la esperanza de vida. Esto derivaría en que los años de servicio mínimos suban “gradualmente” un año cada 15 años a partir de 2037. Según los técnicos frenteamplistas, esta “indexación” es “altamente inadecuada” y “no contempla” que existen “muchos desafíos e imprevistos para las personas”.
El informe reconoce que hay “cierto avance” porque se amplían los “beneficios de género al cálculo del promedio del sueldo básico jubilatorio” y se amplía a dos años el cómputo de años de servicio por cada hijo con discapacidad.
Los técnicos comparten la “necesidad” de que exista un “pilar cero”, que en la propuesta se traduce en un “suplemento solidario” financiado con recursos fiscales. Sin embargo, no coinciden en el “diseño planteado” porque sigue estando asociado a un pilar contributivo y “genera incertidumbre”.
Ahorro y AFAP
Otro de los capítulos analizados por los técnicos del FA es sobre el ahorro individual obligatorio y sus administradoras (las AFAP), un asunto en el que la izquierda no encuentra consensos.
Sobre el cobro de las AFAP por su servicio, el criterio fijado en el anteproyecto, interpretan, no supone un “aumento de las comisiones” pero tampoco “introduce incentivos para disminuirlas más”.
El informe también refiere a la creación de dos subfondos (“inicial” y “crecimiento”) a ser administrados por las AFAP, además de los dos que ya existen (el de “acumulación” y el de “retiro”). Las administradoras diferencian las inversiones en estos portafolios según la edad de los afiliados y su cercanía con la jubilación. Señala que es “adecuado considerar diferentes menús posibles de inversión” según el ciclo de vida de las personas así como “ampliar la posibilidad de inversión” de las AFAP, que, de aprobarse la ley, podrán colocar los ahorros previsionales en instrumentos de renta variable internacional. Sin embargo, los técnicos aseguran que “es necesario” tener “más información” para evaluar si las edades, los porcentajes y las categorías de los activos que se permiten son los “adecuados” o implican “demasiados riesgos”.
La propuesta de destinar los dos puntos del IVA que se devuelven por comprar con tarjeta se trata de un “aumento encubierto de la imposición que recae sobre los trabajadores” y de los “aportes personales” que ellos realizan a la seguridad social. La “plata que antes” los trabajadores se ahorraban y que implicaba un aumento de sus ingresos “ya no la tendrán más”, interpretan.
