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Un departamento rico, pero empobrecido. Una gran región llamada a la prosperidad y el progreso. Canelones ayer, un crisol de culturas del viejo continente. Legado cultural que hoy se exhibe como patrimonio departamental: la agricultura, las costumbres rurales que han tejido a lo largo de los años, distintas identidades locales. Un departamento vasto, heterogéneo y con determinadas complejidades que se presentan ante el arte de gobernar.
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Canelones necesita un empuje renovador, de ideas en la acción municipal, que cuenten con el aval del gobierno departamental; el desarrollo de Canelones es local. La sumatoria del progreso municipal hace a la prosperidad departamental. No es viable ni la restricción, cercenamiento o negación de recursos que deben verterse, por imperio de la ley, a los municipios. Ningún alcalde ni concejo local puede multiplicar obras y servicios con cuatro mil pesos mensuales provenientes de las arcas del gobierno de Canelones. Por ello, desde que se votó en la legislatura pasada, sobre el final de la misma, el Decreto de creación de los veintinueve municipios canarios, defendimos una tesis (no establecida en la ley) que refiere a la necesidad de la distribución de los ingresos públicos de acuerdo con el origen territorial; es decir, que los impuestos que se generen en padrones del Municipio de Las Piedras, por ejemplo, se viertan en obras y servicios en la ciudad y villas de Las Piedras. Ello lleva, inevitablemente, al estímulo contributivo; el vecino ve que el pago de impuestos es una inversión en obras, en desarrollo local. En fin, la descentralización que hoy se quiere presentar como tal, no existe; solo se generó un escalón burocrático más a la gigantesca estructura de la Administración Pública departamental.
La Intendencia debe dedicarse a lo que la Constitución y la ley orgánica le mandatan; no debería expandirse en terrenos ajenos a su competencia.
En políticas sociales, se han olvidado por completo de la población discapacitada de nuestro departamento, que clama por obras en accesibilidad vial y servicios municipales; cumpliendo con las leyes 16.095 y 18.651, tanto como la aplicación y control del nuevo “Digesto de la Edificación” – Reglamento de “Normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas” dado por Resolución N° 5186/07 (Circular N° 78/07).
Por otra parte, no está funcionando, no sé si este período de gobierno se conformó, la Comisión Departamental de Trabajo tal como lo preceptúa la ley 10.459, creando una Bolsa de Trabajo para las obras públicas que se lleven a cabo en el departamento.
Obras públicas departamentales, que bien podían impulsarse con herramientas legislativas que se han conocido recientemente en nuestro derecho, a través de las “PPP” (Contratos de Participación Público-Privada en Obras y Concesión de Servicios), por ejemplo, a la hora de construir o recuperar carreteras y caminos departamentales (Camino Al Gigante, en Juanicó y Progreso), cementerios (véase el caso de Tala, por ejemplo, cuya necrópolis muestra un importante grado de deterioro), gestión ambiental: la Intendencia cuenta con una cuadrilla que no supera la docena de operarios para todo el departamento, para desmalezar espacios públicos en los veintinueve municipios, etc.
En definitiva, son muchas las demandas locales que, sumadas las unas con las otras, muestran deficiencias de un departamento cuya administración carece de un firme y convencido liderazgo en ideas y en acción.
