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El ministro de Salud, Jorge Basso, salió de su despacho y bajó un piso por las escaleras hacia donde lo esperaban unos cuantos micrófonos, grabadores y cámaras de televisión. Era lunes 19 de tarde. Se lo veía incómodo a Basso, que flanqueado por un impertérrito subsecretario Jorge Quian, intentó responder y explicar las razones por las que se desandaría el camino trazado hace meses por las propias autoridades sanitarias y, por segundo año consecutivo, se suspendería la apertura del denominado corralito mutual. No era fácil la tarea de Basso. Hacía unos pocos días se había hecho pública la intención de habilitar el libre trasiego de usuarios de una mutualista a otra durante febrero —tal como estaba previsto y como ocurría año a año desde 2009— y además con novedosas medidas de seguridad que evitarían la famosa y temida intermediación lucrativa, que es el pago a usuarios para afiliarse a determinada institución.
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El diario El País informó en su edición del jueves 15 que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les presentaría a las mutualistas el viernes 16 el sistema informático, basado en el reconocimiento de huellas dactilares, que harían más seguro todo el proceso, que evitarían una megaestafa como la que sufrió el sistema en 2017 y que llevó a que se cerraran las puertas por un año. Todos estaban de acuerdo. No había piedras en el camino. Según supo Búsqueda, la Junta Nacional de Salud (Junasa) venía trabajando desde abril en la implementación de esta tecnología. El programa Así nos va informó que ya se había seleccionado, tras una consulta pública, a la empresa Geocom para que se encargara de la operativa, pues era la única en el mercado con capacidad de hacerlo. Restaban afinar detalles prácticos, técnicos. Cuestiones menores que se ajustarían entre todos los actores en esa reunión del viernes que estaba fijada desde el miércoles 14. Pero no. Todo cambió. La reunión se suspendió sin mayores argumentos. Hubo incertidumbre durante todo el fin de semana. Se alimentaron todo tipo de rumores y especulaciones por lo bajo.
Hasta que en la mañana del lunes se supo que no se abriría el corralito y en la misma tarde de ese día, Basso trataría de explicarles a los periodistas las razones por las que no. “No están dadas las condiciones”, repitió el ministro. “Hay que tomar mayores precauciones”. Todavía “persiste” el riesgo de que exista la intermediación lucrativa, dijo sistemáticamente sin dar mucho más detalles.
Una orden de arriba y la amenaza de los recursos.
Distintas fuentes políticas, empresariales y médicas consultadas por Búsqueda coincidieron en que la decisión de dar marcha atrás con la apertura del corralito tomó por sorpresa ya no a las mutualistas, sino a las autoridades sanitarias, incluyendo al propio Basso. Dijeron que la medida se tomó en forma “intempestiva” y que fue el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien redactó durante el jueves 15 el decreto que el presidente Tabaré Vázquez firmó al día siguiente con la suspensión de la movilidad regulada.
Las fuentes políticas insistieron en que esto se hizo sin consultas previas al Ministerio de Salud o a otros actores del Ejecutivo. El miércoles 21 El Observador, citando fuentes del gobierno, publicó que el sistema seleccionado para evitar las maniobras delictivas de intermediación “no había sido avalado por las máximas autoridades del gobierno”.
Fuentes del mutualismo dijeron a Búsqueda que, aunque con “cierta inconsistencia”, las autoridades de la Junasa y del Banco de Previsión Social (BPS) venían trabajando “sin misterios” en la implementación del sistema en acuerdo con las instituciones. Y que no advirtieron mayores contratiempos para que todo se ponga en práctica a partir de febrero.
Distintas fuentes políticas, empresariales y médicas consultadas por Búsqueda coincidieron en que la decisión de dar marcha atrás con la apertura del corralito tomó por sorpresa ya no a las mutualistas, sino a las autoridades sanitarias, incluyendo al propio Basso.
Lo cierto es que la medida fue recibida con distintas reacciones entre las empresas. Algunas respiraron aliviadas y otras quedaron con la sangre en el ojo. Hay mutualistas que históricamente durante febrero han ganado más socios que los que pierden. Y al revés. Hubo instituciones que invirtieron fuertemente preparándose para la anunciada apertura. Y otras que no.
El miércoles 21 se iba a realizar una reunión con muchas de las instituciones de Montevideo y el interior para analizar pasos a seguir. El encuentro, teniendo en cuenta los ánimos caldeados y las distintas visiones sobre el tema, se postergó para la próxima semana. Una fuente del mutualismo dijo a Búsqueda que al menos tres instituciones están evaluando la posibilidad de presentar recursos administrativos contra la medida. Y que, de hecho, no se descarta presentar un recurso de amparo para que el decreto quede sin efecto. “Es el segundo año consecutivo que pasa, ahora hay mayores argumentos jurídicos para recurrir la decisión”, explicó.
En tanto, Presidencia resolvió crear un grupo de trabajo con el objetivo de “elaborar propuestas para el diseño de un sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica”, que impida la realización de “prácticas nocivas como la intermediación lucrativa en la movilidad de usuarios amparados en el Sistema Nacional Integrado de Salud”.
El grupo estará integrado por representantes de la Presidencia, del MSP y del Ministerio del Interior, de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación.
