Una pelea por unos bizcochos. El incidente, un asunto banal en el patio de cualquier cárcel, cobra relevancia si uno de los protagonistas es el teniente general Gregorio Álvarez, ex comandante del Ejército y ex presidente de facto.
Una cárcel a medida.
La cárcel especial fue construida durante los primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez y aunque voceros oficiales indicaron entonces que serviría para alojar a todo tipo de presos en condiciones de alta seguridad, solamente fueron confinados allí militares, policías y un civil, el fotógrafo policial Nelson Bardesio, extraditado de Argentina y procesado por su actuación en los escuadrones de la muerte en la década de 1970.
El acuerdo para la cárcel, en el que participó el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, incluyó su construcción a cargo del Comando General del Ejército en el predio donde estuvo el regimiento Nº 6 de Caballería, en Domingo Arena Nº 4399 y Zapadores, en Piedras Blancas.
“No todos los reclusos son iguales por las distintas características. Un profesional formado en la inteligencia y en la contrainteligencia y un copador de casas de Carrasco, no son exactamente lo mismo en la convivencia y en la capacidad de ver cómo se ordena internamente la cárcel”, dijo entonces la ministra de Defensa Azucena Berrutti para justificar la nueva cárcel.
A diferencia del resto de las prisiones del país, para ingresar al predio es necesario franquear primero un retén militar. Luego de pasar la guardia de retención e ingresar al viejo cuartel, el visitante pasa a una pequeña sala, controlada por personal del INR a cargo de un comisario, donde, como en cualquier cárcel, se registran sus datos y se dejan en custodia objetos cuyo ingreso no está permitido.
Al entrar al patio de la cárcel, luego de pasar un detector de metales y un cerco de alambre de púas, en una casita hecha sobre un contenedor está el alojamiento personal del ex dictador Álvarez, construido luego que se produjeran ciertas tensiones entre este y algunos de los demás presos.
Precisamente a causa de esas tensiones generadas por la convivencia, algunos presos solicitaron traslado a un nuevo centro que se montó en la Guardia de Coraceros, en unos galpones que dan a la avenida José Pedro Varela.
A ese establecimiento fueron trasladados el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau y el coronel Luis Maurente, entre otros. En Coraceros, además, estuvo detenido el general Miguel Dalmao, que falleció el pasado 29 de diciembre en el Hospital Militar, y el coronel José Chalanza, procesado en la misma causa y también fallecido preso.
Las condiciones de vida son similares al del resto de los internos del INR, aunque cuentan con algunas prerrogativas como 16 horas de visita semanales y comida y demás logística a cargo del Ejército. Además, las celdas son individuales (3 m por 3 m en Domingo Arena) y los reclusos disponen de teléfonos, gimnasio y televisión para abonados.
“Viejos presos”.
“Mi coronel, bienvenido nuevamente a la lucha” . La frase fue pronunciada en el “Día del retirado de las Fuerzas Armadas” en la Plaza Independencia por el coronel Jorge Puente, entonces presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. Era el 5 de setiembre de 2012 y hacía pocos días el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno había dejado en libertad al coronel Walter Gulla, que había sido procesado por la muerte de un recluso en el penal de Libertad, cuando era director.
El caso de Gulla y el del coronel Juan Carlos Gómez, un fallo también revocado en segunda instancia, había provocado una serie de fuertes protestas por parte de militares y también de civiles, entre ellos el propio ministro de Defensa, Eleuterio Fenández Huidobro.
La actuación de la Justicia penal en el caso de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no ha estado exenta de polémicas.
La propia ex ministra Berrutti, una abogada de presos políticos durante la dictadura, se pronunció en contra de las causas armadas “sin pruebas”.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedréz, dijo a Búsqueda que “seguimos pensando que tenemos procesados con muy sumarias pruebas o sin pruebas, como el caso del general Dalmao” porque en el caso de los militares no se aplica el principio de duda, a favor del acusado. “Nos miden con otra vara”, opinó.
Desde antes de asumir como presidente, José Mujica se pronunció en contra de “tener viejos presos”. Sostuvo entonces que los mayores de 70 años que no fueran peligrosos deberían cumplir prisión domiciliaria.
Hace algunas semanas, el presidente envió a la Suprema Corte de Justicia un informe de la Cruz Roja Internacional que aconseja pasar a sus domicilios a cinco de los militares presos “por estrictos motivos de salud” y sin entrar en evaluaciones procesales.
Sin embargo, en su última acordada antes de la Feria Judicial Mayor, la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente al respecto (Búsqueda Nº 1.797) y dejó los casos en manos de los jueces de las respectivas causas.
Una eventual prisión domiciliaria estaría en manos de los jueces de Ejecución, cargos recién creados dedicados a fallar en salidas transitorias y otras medidas. Por otra parte, el secretario de la Presidencia Homero Guerrero citó al juez de ejecución Martín Gesto y le informó que el presidente Mujica era partidario de enviar a estos detenidos a prisión domiciliaria.
Los ministros de la Corte, informados por el juez, consideraron “una injerencia indebida” y le enviaron una carta a Guerrero, con copia a Mujica, en la que le recuerdan que determinadas actuaciones “rozan su independencia e imparcialidad”.
La Cruz Roja aconsejó prisión domiciliaria para Gavazzo, Ramas y Dalmao y otros dos presos cuyos nombres no fueron revelados.
“Si hablamos de sensibilidad y pobres viejitos también habría que ver qué sensibilidad hay para pedirles a estos militares la información de dónde están nuestros familiares”, dijo en “Subrayado” Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Fuentes militares indicaron a Búsqueda que en los casos de Ramas y Gavazzo, la medida tendría pocos efectos prácticos ya que debido a su estado de salud deberían permanecer en el Hospital Militar, donde están ahora.
