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Tener un bajo nivel de inflación es un gran logro para el Uruguay, por suerte el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ubica dentro del rango meta en los últimos 10 meses. Este resultado crea certezas en la economía y facilita la mejora en los ingresos reales de la población en general.
De todas formas, se debe tener en cuenta que una consecuencia de dicha mejora en la inflación es el daño que causa en el sector exportador, cuando la misma se da por la baja pronunciada y sostenida en el tiempo del tipo de cambio. O sea, lo que por un lado se celebra, por otro lado nos condena a crecimientos estructurales muy bajos en la economía del país.
La única salida a mediano y largo plazo a esta encrucijada es encarar la difícil y larga tarea de eliminar el déficit fiscal sin aumentar la presión fiscal. Esto se logra bajando el costo del Estado y haciéndolo más eficiente, ya que los ingresos del Estado aumentan muy poco, dado el escenario de bajo crecimiento económico. Debe ser una decisión de amplio consenso en todo el espectro político. La campaña electoral actual ofrece la oportunidad de poner este tema entre las mayores prioridades si queremos tener un verdadero salto al desarrollo.
Siempre aparecen ideas brillantes para nuevas necesidades que requieren mayor gasto público, más funcionarios, nuevas estructuras, nuevas regulaciones, la gran mayoría con buenas intenciones. Pero nunca aparecen ideas en el sentido contrario, de cómo hacer mejor la función pública con los mismos recursos, o directamente dejar de ocupar determinadas funciones que no se realizan correctamente. Ante cada nueva idea a implementar hay que preguntarse: ¿qué dejará de hacer el Estado para poder hacer esto nuevo?
Es así que los funcionarios públicos son siempre insuficientes, con esa voracidad de desarrollar nuevas funciones no hay forma de generar el achique. Debemos detenernos y cuestionar, encontrar una dimensión del Estado que no sea un lastre para el sector productivo.
A su vez, las nuevas tecnologías permiten realizar determinadas funciones de manera mucho más eficiente y barata, se debe modernizar el funcionamiento del Estado para lograr bajar el costo. Al final toda ineficiencia la paga la sociedad.
Sobran los ejemplos de temas que se deben abordar, los especialistas en la materia seguramente tengan listas muy completas de áreas en el Estado con oportunidades de mejora. Para ser más gráfico, agrego que las intendencias son una fuente importante de producción de gastos burocráticos. Debemos acceder a un abordaje más claro sobre la eficiencia del gasto a nivel municipal, esta discusión siempre se diluye por miradas político-partidarias que no permiten un análisis a fondo.
Otro ejemplo elocuente de la forma que tenemos para resolver la gestión pública es la manera que encontramos para solucionar el impuesto municipal de semovientes. Dicho impuesto se decidió eliminar en el año 2012, pero en lugar de eliminarlo se decidió crear un crédito fiscal en el Banco de Previsión Social (BPS) para la recuperación del impuesto por parte de los contribuyentes. O sea, pagar en la intendencia y eventualmente recuperar en BPS.
Las consecuencias fueron: aumento de costos administrativos y burocráticos para controlar este mecanismo en intendencias, Dirección General Impositiva (DGI), BPS y en los propios productores agropecuarios, una porción importante de contribuyentes no accede al beneficio de la recuperación del impuesto por inconvenientes administrativos, y se utiliza este impuesto para trancar la venta de guías de propiedad y tránsito a los contribuyentes en caso de retrasos en el pago, impidiendo que puedan vender su producción.
Siguiendo con ejemplos, en desarrollo rural se observa una superposición de funciones y actividades. Tanto la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), las direcciones de Desarrollo de las intendencias, las oficinas departamentales del MGAP y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en su programa de ruralidad, muchas veces cumplen la misma función, marcando claramente la superposición de tareas.
Es normal enfrentarse a regulaciones sin sentido y trámites duplicados. El hecho de que las normativas se complejicen provoca interpretaciones en las diferentes oficinas públicas que terminan en exigencias sin un motivo claro.
La creación del Ministerio de Ambiente da lugar a una nueva batería de exigencias para el sector privado, de dudosa justificación científica en algunas ocasiones. Cada trámite debería tener sentido y aportar valor, o al menos no ser un escollo para el desarrollo.
El enfoque de la mejora de la competitividad del país mediante el aumento de la eficiencia del Estado es importante, pero no es el único. Debe ser complementado con políticas de estímulo al sector productivo, mejoras en la inserción internacional, en la educación, disminución de costos energéticos, inversión en ciencia y tecnología, entre otros.
El Estado uruguayo mantiene una presión fiscal de casi 35% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ubicándose como el tercero más alto en América Latina, y sigue manteniendo más de 250.000 vínculos laborales. Seguramente estos guarismos son difíciles de bajar por tener un componente estructural importante, pero debemos ser conscientes de que la calidad del gasto también importa. Agregar valor y disminuir ineficiencias no solo debe ser una tarea del sector privado. El sector político tiene la responsabilidad de desatar la madeja y liberar la economía a un nuevo nivel.
Mantener una inflación baja es un objetivo importante, compartible y que debemos defender. Detrás de este objetivo existe un atraso cambiario estructural que genera transferencias importantes desde el sector productivo al resto de la sociedad. Los costos de mantener una baja inflación deben recaer sobre el Estado. El Estado debe ajustar el cinturón, al menos en igual magnitud que el sector productivo.
El objetivo principal de la política económica debe ser aumentar estructuralmente el crecimiento económico en Uruguay. A partir de ese objetivo, se debe construir el resto de las políticas.
* El autor es productor agropecuario y asesor, ingeniero agrónomo (MAA) director de INIA y secretario de la Federación Rural.
