La virtud de tener un “supercomplejo”

Habrá de ser el propio vicepresidente, Raúl Sendic, quien responda a estas preguntas llegado el momento. Lo cierto es que sus declaraciones en una reciente mesa de debate sobre los 30 años del retorno de la democracia a Uruguay, asombran. Su enfoque sobre cómo no debería funcionar el Poder Judicial, causa alarma. No en vano el ministro del Tribunal de Apelaciones, Edgardo Ettlin (que estuvo en el mismo panel) sostuvo que existe “una campaña de deslegitimación” de la Justicia.

El vicepresidente quiere que la relación con el Poder Judicial sea igual a la que hoy tiene el Ejecutivo con el Parlamento. Pero si ello ocurre es por razones circunstanciales, no porque una definición constitucional así lo obligue. Se debe a que en las tres elecciones ganadas por el Frente Amplio, este logró conformar una mayoría en ambas cámaras que facilita el entendimiento entre los dos poderes. Podría no haber logrado esa mayoría y la relación hubiera sido otra. No siempre se habrían aprobado leyes que mucho le interesaban al Ejecutivo. O habría tenido que negociar con la oposición, hacer concesiones y transar, para que sus propuestas salieran parecidas a lo que originalmente pretendían ser, pero no iguales. 

Eso suele ocurrir con muchos gobiernos que para contar con esa mayoría necesitan armar una coalición (que implica hacer concesiones a la otra parte) o deben acordar ley por ley, para lo cual también es necesario ceder y transar.

La fluida relación que Sendic observa entre el Legislativo y el Ejecutivo no es resultado de ninguna disposición legal ni se debe a que la Presidencia del Senado y de la Asamblea sea ejercida por quien fue elegido vicepresidente. Si existe esa armonía es porque así lo dispuso el electorado al darle al partido gobernante una cómoda mayoría. Pudo haber dispuesto otra cosa. Basta ver lo que sucede en Argentina, donde Mauricio Macri deberá negociar con los partidos opositores los acuerdos necesarios para gobernar.

El rol del Poder Judicial es muy específico y bien distinto al de los otros dos poderes. Por esa razón necesita tener lo que Sendic llama un “supercomplejo de independencia”. Está bien que lo tenga: es la garantía que necesitan los ciudadanos, no solo los partidos.

Al gobierno lo elige la gente. El partido y el candidato que obtiene la mayoría es responsable de administrar el país por los siguientes cinco años. A los diputados y senadores también los elige la gente según a qué partido pertenecen. Las bancas se distribuyen en forma proporcional a los votos obtenidos y por lo tanto hay allí representación fiel del sentir ciudadano según las preferencias partidarias. La representación es política. El ciudadano votó a sus diputados y senadores porque se identificó con sus propuestas, su visión, su mensaje. 

No funciona de ese modo el Poder Judicial. Éste no representa a partidos ni otros colectivos. Su tarea es dirimir en aquellos asuntos donde es necesario impartir justicia, castigar violaciones a la ley y defender los derechos básicos de las personas individualmente consideradas. Basta que una sola persona entienda que su derecho fue afectado, aunque la vasta mayoría opine lo contrario, para que la Justicia actúe, investigue y eventualmente si todo lo confirma, le dé la razón. Aunque ello implique dictaminar que una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo, es inconstitucional.

Eso molesta a Sendic y en el pasado reciente molestó al Frente y al anterior presidente Mujica: que muchas de sus leyes fueron cuestionadas por afectar derechos constitucionales. Olvidan que esas leyes fueron mal hechas, que los expertos en Derecho Constitucional lo advirtieron con tiempo, que algunos de sus propios dirigentes recomendaron prudencia. Pero optaron por no hacer caso, por no revisar los aspectos problemáticos de sus textos, por no considerar que tal vez sí estuvieran afectando derechos básicos.

Luego culparon a la Suprema Corte. En una oportunidad se dijo que esta respondía a los intereses de los grandes estancieros, cuando el fallo claramente establecía que en materia tributaria había áreas que correspondían al gobierno nacional y áreas que correspondían a los gobiernos municipales y que en esa precisa ley lo que se vulneraba no eran los supuestos privilegios de un estanciero, sino los derechos de una administración local. Bastaba rehacer la ley, buscar la manera de ajustarse a la Constitución para luego diseñar otro tributo a los tan mentados estancieros (que dicho sea de paso, también tienen derechos como cualquiera).

Pero era más fácil echarle la culpa a la Suprema Corte que reconocer su propio error. Esto sucedió una y otra vez hasta hoy, como lo demuestra la tesitura de Sendic.

Los fallos que tanto molestan al gobierno tienen que ver con situaciones concretas y precisas de derechos afectados. No intentan interferir en las grandes políticas del gobierno. Simplemente establecen, al marcar una inconstitucionalidad, que hubo un error en la elaboración de la ley.

Por eso importa su independencia. Por eso la elección de los jueces de la Corte sigue procedimientos especiales en el Parlamento y luego ejercen su cargo por períodos más largos que el del gobierno. Su tarea es escuchar a los afectados en sus derechos, más allá de mayorías y minorías y más allá de adhesiones partidarias. Son la garantía para que cada ciudadano acceda a la justicia y que sus derechos sean efectivamente defendidos, que los casos se estudien bajo el principio de igualdad ante la ley y que predomine siempre la libertad de cada individuo.

Por lo tanto, para que la democracia uruguaya sea sólida y vigorosa, es necesario respetar y valorar el concepto de independencia, por extremo que parezca, y también buscar fórmulas para que ese otro poder tenga autonomía en lo financiero.

El modo en que ha venido trabajando la Suprema Corte en estos años, mal que le pese a Mujica en su momento y hoy a Sendic, ha sido correcto. Muestra una saludable madurez institucional y así debe continuar.