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Soy médico de Salto, radicado en esta ciudad desde hace 33 años, desempeñándome en ASSE y FEMI en calidad de especialista.
El motivo de esta carta es realizar algún aporte a todo lo que se ha dicho sobre el ya famoso taller realzado en el Liceo Nº 1 de la ciudad de Salto, IPOLL (Instituto Politécnico Osimani y Llerena).
En primer lugar, debo establecer que conozco perfectamente el liceo, dado que varios hijos míos han pasado por sus salones; en segundo lugar, conozco perfectamente a la directora Diana Lucero, que ha sido directora ejemplar de dicha institución en los varios años que mis hijos han transitado por ese centro educativo.
También conozco a algunas de las personas que impartieron el taller sobre educación sexual.
En segundo término, no tengo la menor duda de la ejemplaridad de la directora Diana Lucero en el cumplimiento cabal de sus obligaciones como directora de una institución educativa estatal, con absoluto respeto al principio de laicidad que se debe mantener en un liceo público del Uruguay.
La carta de apoyo a su persona que se ha hecho pública por parte de exalumnos, da clara cuenta de estas afirmaciones.
Es una directora exigente, siempre preocupada por sus alumnos, que busca la mejor información y formación cívica para ellos.
El hecho de que, evidentemente, sin recabar todos los datos de lo ocurrido, se haya salido a los medios rasgándose las vestiduras por una supuesta “violación a la laicidad” que, a la luz de todos los datos es ampliamente probable que no haya existido, implica varias cosas, pero, sobre todo intolerancia, que algunos han comparado a la que existe en las dictaduras.
Llama poderosamente la atención que rápidamente las autoridades hayan procedido con una asombrosa celeridad a adoptar una sanción muy grave como es la separación del cargo para una directora de la cual existe el consenso en la sociedad salteña de su dedicación exhaustiva a su cargo y responsabilidades, y, a su vez, la grave sanción económica que se le impone.
Si se hubiese esperado a escuchar todas las campanas, y se hubiese reunido toda la información pertinente al caso, la resolución habría sido más digna y ajustada a los principios democráticos de tolerancia que siempre han caracterizado a nuestro país.
El tema del aborto es particularmente sensible en Salto, donde hace un tiempo, luego de la promulgación de la ley de interrupción del embarazo, todos los ginecólogos decidieron unánimemente acogerse a la objeción de conciencia que contempla la ley, y no practicar interrupciones del embarazo. Sin embargo, fueron presionados para deponer su postura desde varios sectores, a pesar de lo cual se mantuvieron en sus más profundas convicciones.
Como dijo el presidente, Dr. Tabaré Vázquez, en 2008, cuando argumentó las razones para derogar la ley del aborto: la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que existe una vida humana nueva, diferente e irrepetible desde el momento de la unión de los gametos óvulo y espermatozoide; con una identidad genética indudable.
Desde la promulgación de la ley, se han realizado más de 8.600 abortos por año en el Uruguay, país con la más baja tasa de Latinoamérica. En comparación, en Uruguay hay alrededor de 50.000 nacimientos por año, es decir una relación de 1/6 entre nacidos vivos e interrupciones del embarazo.
Ya sabemos por experiencia de países que durante décadas han practicado el aborto, que han colapsado entre otras cosas en la seguridad social al haber prácticamente borrado una generación.
Eso, sin mencionar los dramáticos cambios culturales en países como Francia, donde la inmigración musulmana (que no practica el aborto por convicción religiosa), ha cambiado radicalmente la composición de la población, y, por tanto, la cultura y las costumbres.
Creo que los uruguayos debemos reflexionar sobre este episodio del Liceo Nº 1 de Salto sobre la intolerancia a personas e ideas que son diferentes, y respetar más el espíritu de la libre confrontación de ideas.
