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En la edición del semanario de su dirección del jueves 23 de agosto, en su página 6, se publica una columna titulada “El trasnochado reclamo de ‘matar’ a las AFAP”. En la citada columna se deslizan una serie de fanatizadas opiniones, destinadas a la defensa de la vigencia del sistema mixto de jubilaciones que, en definitiva, comprenden una serie de inexactitudes que el columnista da por buenas, cuando en realidad son todo lo contrario.
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Al comienzo se expresa que los sindicatos quieren matar a las AFAP “desde hace años”, lo que no es verdad. Los sindicatos, auténticas organizaciones con sentido de clase y comprometidas con la defensa de sus afiliados, quieren “matar” a las AFAP desde antes de nacer, porque los resultados nefastos indiscutibles y que surgen de los documentos que emiten las propias AFAP, el BPS y el Banco Central, son la prueba evidente de que sindicatos y organizaciones de jubilados tenían razón cuando desde antes de la sanción de la “madre de todas las leyes”, la Ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995, eran la consecuencia de la imposición de los organismos financieros internacionales, tratando de minimizar las prestaciones previsionales, que a partir de la reforma del artículo 67 de la Constitución en noviembre de 1989 se ajustan por el Índice Medio de Salarios.
En cuanto a los agravios de que los sindicatos actúan así “en los demás terrenos”, la generalización habla por sí sola. En cuanto a que esas instituciones pretenden “querer que la gente siga hundida con malas jubilaciones”, es simplemente otro agravio generado por una falacia improbable. No existe un documento emanado de un sindicato que exprese tal sentimiento o deseo. Sin embargo, lo pretende sí el columnista cuando toma partido deliberado por un sistema que hoy les ha cobrado a los trabajadores 970 millones de dólares de comisión en dieciséis años, cifra que no integra el llamado “ahorro previsional” y que fue a parar a las cuentas de los banqueros particulares dueños de esas entidades que, actuando bajo un régimen de Derecho privado, según el Cr. Astori, “no son organismos de Seguridad Social”.
En la columna se menciona la “confiscación” del gobierno argentino a los recursos del sistema privado en su país cuando decidió terminar con estos organismos. De lo que se olvidó el columnista es de mencionar que el gobierno también “confiscó” la responsabilidad de asistir a millones de trabajadores argentinos, que habían quedado en la pobreza extrema porque el sistema solo comprende a los que aportan en forma permanente y como buen sistema adherido a las reglas financieras, deja desamparados a quienes quedan sin trabajo, al tiempo que decrecen en esta instancia, las mentadas rentabilidades. Aquí, en Uruguay, el pasado 1º de junio las AFAP restringieron las prestaciones con una simple circular del Banco Central, que supuso ilegalmente que la tasa técnica disminuyera de 3% a 1,5% para los seguros previsionales. En los hechos se avasalló la Ley y la Constitución. Según el artículo 86 de la Carta Magna, la potestad de modificaciones de jubilaciones es del Poder Ejecutivo en tanto que los ajustes, en más o en menos, se establecen en el artículo 67 de la Constitución y se toma como referencia el Índice Medio de Salarios. Parece que para el columnista esta situación no existe.
El nacimiento de este sistema privado de AFAP, insolidario, mercantilista, no se originó como consecuencia de que “en décadas pasadas la Seguridad Social estatal en Uruguay malgastó y vació sus fondos también a causa de políticas clientelísticas”. Desde aquella película a hoy han pasado 60 años y pasó la época de más de cuatro trabajadores por cada jubilado. Al mismo tiempo hubo muchas administraciones, algunas más corruptas que otras, incluida la dictadura, pero las AFAP no se crearon por esas causas. El columnista ignora a propósito los impulsos del Club de París, las cartas intención con el FMI, el BM y el BID. Ignora a Hernán Buchi Buc, a José Pepe Piñera, a Jorge Batlle y a todos los estímulos neoliberales por echarles mano a los cuantiosos recursos de la Seguridad Social.
El “mejor sistema surgido en décadas” solamente les conviene a quienes perciben más de $ 69.000 y hoy, de 1.152.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social, solamente 17.000 cobran un salario superior. ¿Se justifican las AFAP? Solamente para cobrar la comisión. Además 51.800 trabajadores mayores de 55 años tienen un salario menor a 10.000 pesos. Esas personas están a cinco años de llegar a la edad mínima para jubilarse y por lo tanto están en el último tramo de su vida laboral. Sin dudas, su salario no es un estímulo gratificante para seguir trabajando mucho más allá del cumplimiento de los mínimos en edad y años de servicio. Nos imaginamos que cuando la aseguradora (el Banco de Seguros del Estado, otra no hay) les fije la jubilación calculándoles una expectativa de vida de 104 años, el único festejo correrá por cuenta de alguien que no esté en la piel del que se jubila.
El BPS es, al revés de lo que se afirma en la columna citada, por lejos, muy lejos, la mejor opción, con los topes que siempre existieron y con la tasa de reemplazo que rige, pública, fácil de calcular y fuera de cualquier intención de engaño, cosa que no ocurre con las AFAP, donde nadie puede saber cómo se jubilará porque nadie le va a informar lo que a las empresas privadas no les conviene. El que dude que haga la prueba.
No es verdad que el BPS hacía sus proyecciones y que estudiaba cada caso. Se las mostraba al ahorrista y este tomaba su decisión. Eso nunca sucedió, porque además era imposible. ¿Cómo se iba a proyectar una jubilación privada cuando no se puede adivinar cuánto va a aportar cada uno a su cuenta en su vida de trabajo? Con la jubilación solidaria sí se puede hacer porque hay normas claras e inocultables. Lo que hizo el BPS en 1995/96 fue gastar cinco millones de dólares en “publicitar las bondades del sistema” con una mayoría del Directorio donde cuatro de sus miembros eran afines al Partido Colorado y al Partido Nacional. Los únicos opositores a la ley lo fueron los representantes sociales de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas, que manejaron exactamente los mismos argumentos de los hechos que hoy suceden: minimizar prestaciones, transformación de la Seguridad Social en un mercado de valores sin control y jubilaciones miserables cuyas cifras están ahí.
Dieciséis años después de entrar en vigencia, las AFAP pagan prestaciones miserables, su promedio llega a $ 4.706. Es menor a una jubilación mínima del BPS. El promedio general de sus prestaciones es de $ 2.512,85. Hay quienes ya aportaron por la mitad de su vida laboral y estos son los resultados. Es una pena que estos datos no hayan sido incluidos en la columna del pasado jueves 23 de agosto.
